Una de las últimas negociaciones complejas que debe enfrentar el gobierno saliente es la del reajuste del sector público que tendrá lugar en noviembre. Y si bien todos los años es un debate arduo, este año estará cruzado por el estrecho escenario fiscal que vive el país y por el plan que -según ha dicho- busca desplegar la administración Boric para contener el gasto público.

Precisamente, bajo este contexto, es que el gobierno estableció en el proyecto de ley de Presupuestos 2026 que ingresó la semana pasada al Congreso, que las remuneraciones del sector público se mantendrán “en valores nominales 2025”.

¿Qué significa exactamente esto y es un anticipo de que no habrá reajuste para los funcionarios del Estado? Desde Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) explican lo primero y niegan lo segundo.

Así, el ministro Nicolás Grau señala que “lo que nosotros presentamos en la Ley de Presupuestos es que el total de gasto en remuneraciones se mantiene estable en términos nominales”. Pero precisa que “hay distintos mecanismos para ello. Uno importante, por ejemplo, es limitar las nuevas contrataciones que reemplazan a gente que se retira (del sector público). Ese es un mecanismo para que se pueda contener la expansión del gasto en salarios”.

Y desde la Dipres profundizan en la materia: “La propuesta expresada en el proyecto de ley de Presupuestos se explica por distintos motivos. El primer elemento es el retiro de funcionarios, que se traduce en que el artículo Nº10 del proyecto de ley establece que solo se repondrá uno de cada tres funcionarios que se acojan a un beneficio de retiro previsto en la ley. El segundo factor es que, dado que en marzo se producirá el cambio de gobierno, la experiencia muestra que reponer cargos vacantes por dicho proceso toma tiempo, por lo que se produciría una contención de gasto”.

En lo que respecta al reajuste público, desde la Dipres añaden que no se considera una provisión previa para este, como era tradicional hasta ahora, sino que se aplicará la corrección de gasto que corresponda hacer, posterior a la aprobación de la ley de dicho reajuste. Pero, enfatizan, “esto no significa que no se vaya a realizar una discusión sobre la materia”.

En ese sentido, subrayan que “el cambio respecto de leyes anteriores es que todo el guarismo que se alcance se incorporará posterior a la discusión de la ley de Reajuste del Sector Público”.

Por lo mismo, desde el Ejecutivo plantean que “la discusión respecto al reajuste del sector público es posterior y por ello se hará como todos los años con la dirigencia que representa a los funcionarios del sector público”.

En definitiva, si bien lo que se pretende hacer en este Presupuesto es que el gasto total del Estado en remuneraciones se mantenga en los mismos montos de 2025, eso no es lo mismo ni significa que se congelen los salarios y que no haya, esta vez, reajuste para los trabajadores públicos, ya que la contención de gasto se buscará hacer vía menor personal del Estado, por medio de incentivos al retiro y dado el hecho de que esos cargos no se reemplazarán por completo.

Además, cuentan con que las nuevas contrataciones que hará el próximo gobierno -como habitualmente ocurre en las administraciones entrantes- toman cierto tiempo en realizarse.

Por lo tanto, Grau asevera que “lo que corresponde más adelante es discutir con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y con las distintas asociaciones de funcionarios cuál será el reajuste del sector público”.

Las tratativas que se avecinan

Por su parte, la Mesa del Sector Público ya está trabajando en la elaboración de su propuesta, la que esperan entregar al gobierno a fines de octubre o principios de noviembre. Por ello, bajo ningún escenario los representantes de los trabajadores tienen previsto que el reajuste sea 0%.

Uno de los 16 gremios que integran la Mesa del Sector Público es la Anef y su presidente, José Pérez, afirma que cada una de las asociaciones de trabajadores está realizando su petición para presentarla y socializarla con el resto de las agrupaciones.

“Estamos recién comenzando nuestro trabajo interno, y por ello, todavía no tenemos información de parte del gobierno, pero en ningún caso nuestro reajuste podría ser de 0% de alza”, señala.

De hecho, Pérez anticipa que lo que en general se busca en la discusión es recuperar el poder adquisitivo, es decir, “el piso para iniciar el debate es la inflación entre noviembre de 2024 y noviembre de 2026”. Así, tomando el acumulado diciembre-agosto que va en 2,7%, y considerando las proyecciones de la Encuesta de Operadores Financiero para septiembre, octubre y noviembre, dicha alza sería del orden de 3,7%, como punto de partida.

No obstante, Pérez sostiene que siempre buscan lograr un adicional que se calcula en base al crecimiento económico y la productividad laboral. “Todo eso es lo que tenemos que conversar a nivel interno, como después con el gobierno”.

Tradicionalmente, la negociación del reajuste del sector público se inicia durante la última semana de noviembre, aunque este año, los trabajadores públicos pretenden partir antes, dado el contexto electoral. El nuevo monto debe comenzar a regir el 1 de diciembre del 2025. El año pasado el reajuste fue de 4,9%.