La decisión está tomada. Los diputados y senadores de oposición que integran las comisiones de Hacienda acordaron no volver a reunirse con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, antes de conocer el detalle del proyecto de ley del reajuste público, situación que solo se dará una vez que la iniciativa ingrese al Congreso a su trámite legislativo, previsto para el lunes 5 de enero.

La determinación se adoptó luego de que el lunes la presentación que les hizo el gobierno no los dejara conformes. Se mantuvieron las mismas dudas sobre los alcances que tiene la llamada “ley de amarre” que incluye el proyecto y también sobre el financiamiento del costo fiscal que generará el alza de 3,4% propuesta.

Dada esta situación, durante la tarde de este martes los legisladores de RN, UDI, Republicanos y Demócratas acordaron notificar al secretario de Estado de Teatinos 120 que no volverían a reunirse esta semana, ya que consideran que no es productivo para ellos volver a hablar de generalidades, sin entrar en el detalle del costo y el financiamiento del reajuste.

Asimismo, se decidió que no se aprobará ninguna de las normas calificadas “de amarre”, que buscan restringir los despidos de funcionarios a contrata, ni tampoco las relativas a la creación de nuevos cargos. En ambos casos pedirán que dichas disposiciones se voten de manera separada al reajuste propiamente tal.

Entre esos cargos están el traspaso de 71 funcionarios a contrata desde la Dirección General de Obras Públicas a la Subsecretaría de Obras Públicas. La creación de cargos de planta de la Dirección de Obras Hidráulicas, que son 16 directores regionales y 1 jefe de división.

Además considera permitir a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales destinar al exterior a personal a contrata, utilizando cupos que hoy sólo pueden ser asignados a la planta.

Para el Instituto de Previsión Social se establece la creación seis cargos ADP en planta, donde cinco corresponden a cargos asociados al mandato de prestar servicios de administración de cuentas y soporte a las empresas que realicen la gestión de inversiones previsionales.

Otro de los temas que ha generado ruido entre los parlamentarios opositores son las modificaciones que se quiere hacer al Ministerio de Obras Públicas, donde se busca habilitar la modificación de contratos de concesión para permitir la ejecución de obras complementarias en sectores colindantes al área concesionada.

También una norma para que Correos de Chile pueda ampliar el giro y así realizar por sí misma o en asociación con entidades públicas o privadas, prestaciones de naturaleza logística, por medios físicos, digitales o híbridos.

Y otra para que Enap amplié su giro para el desarrollo de H2V y pueda participar en toda la cadena de actividades asociadas a la producción de H2V, combustibles renovados y sus materias primas, desde la producción hasta en la integración de infraestructura.

El diputado republicano, Agustín Romero, afirmó que “el proyecto supera con creces lo que es una ley de reajuste. Los temas que se incluyen deben discutirse de manera adecuada y no a la rápida como lo quiera hacer Hacienda, más aún cuando se está en un proceso de cambio de gobierno. Además no conocemos el informe financiero y hay muchas medidas que implican gasto fiscal”.

Para Romero, “lo mejor hubiera sido discutir el reajuste, los bonos y una que otra medida relacionada con ese tema, pero no un proyecto tan amplio que incluso puede quedar para marzo si es que se termina en una Comisión Mixta”.

Felipe Donoso, diputado de la UDI, dice que el acuerdo es tener mayor información. “El ministerio tiene la intención de reunirse y generar espacios de acercamientos, pero cuando no se entrega la información suficiente se está simulando una conversación, porque no hay detalles que permitan avanzar. No sabemos cuánto cuestan las medidas llamadas misceláneas ni tampoco cómo quedará en la redacción final, que es lo más importante para poder entender lo que se quiere legislar”.

El diputado RN, Frank Sauerbaum, se sumó a esos reparos y dijo que hay 11 normas que tienen que ver con amarres y que por lo mismo se rechazarán. Para el legislador, más allá de que el gobierno retire o no las llamadas normas de amarres, las rechazarán. “Entendemos que esas normas no serán aprobadas, pero el gobierno quiere quedar bien con el grupo de asociaciones de funcionarios con el que llegó a acuerdos, pero ellos saben que no tienen los votos para poder aprobarlas”, manifestó.

Sauerbaum sumó el tema del costo y financiamiento. “Hay muchas normas que significan gasto fiscal y no sabemos cómo se van a financiar, entonces no podemos aprobarlas”, enfatizó. De hecho, el diputado ha señalado que “el gobierno solamente provisionó US$600 millones, en cambio, (el reajuste) tiene un costo de US$1.500 millones”. Esa es una de las dudas que esperan que sea aclarada.