El proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico tuvo avances este miércoles. La comisión de Minería y Energía del Senado comenzó a votar en particular las distintas normas de la iniciativa, pero se concentró en los artículos que generaban más consensos como la ampliación de las compensaciones a los clientes en casos de cortes de suministro eléctrico. El corazón del proyecto, con los pilares de financiamiento y otras medidas para rebajar el costo de la energía, quedó para la próxima sesión de la instancia parlamentaria, que sesionará el miércoles hasta total despacho.

Precisamente, ante la inminente votación de los senadores, algunas empresas del sector decidieron pasar a la ofensiva y explicitar sus reparos con la iniciativa. Ese fue el caso de Engie, generadora de capitales franceses que representa el 6% del total de la generación eléctrica en Chile. Mediante una carta enviada al Senado, firmada por el gerente de Relaciones Institucionales, Pablo Villarino, y la gerente corporativo de Asuntos Legales, Francisca Vásquez, la firma manifestó directamente “su profunda preocupación y sus reparos al proyecto”, afirmando que, en caso de aprobarse “lesionará gravemente la institucionalidad y los derechos adquiridos de las generadoras, incluyendo a Engie”.

La misiva puntualizó sus críticas en dos aspectos: la denominada “bolsa pyme”, que busca suministrar energía a pequeñas y medianas empresas por parte de centrales renovables como los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), y la prohibición de traspasar a tarifas el aumento del impuesto a las emisiones de CO2.

Sobre el primero, la carta remarca que “de acuerdo con la legislación vigente, toda la demanda de energía de clientes regulados debe ser abastecida mediante contratos licitados”, por lo que, cuestionan, “el proyecto pretende cambiar las reglas del juego, disponiendo que una parte de la demanda de energía sea abastecida por actores que no participaron de los procesos de licitación, lo que implica quitarle dicha energía a los contratos licitados”.

En esa línea, sostiene que la iniciativa “lesiona los derechos adquiridos de las generadoras bajo los contratos licitados, y además, infringe la igualdad ante la ley y el principio de interdicción de la arbitrariedad, así como la igualdad ante las cargas públicas y el derecho de propiedad”.

Agregaron que además de impactar en las futuras licitaciones, la política propuesta sería “ineficiente, por cuanto tiene una baja relación costo/beneficio, sin considerar siquiera el daño irreparable que causará a la certeza jurídica y a la solidez institucional del país”, y señala que “existen otras alternativas más eficientes y acordes con la institucionalidad, como sería incorporar a los beneficiarios del precio preferente como beneficiarios directos del subsidio a que se refiere el proyecto, como ya está contemplado para el caso de los electrodependientes o Sistemas Medianos”.

En tanto, señala que la idea de impedir que las tarifas reflejen el mayor costo para las generadoras, ante el posible aumento del impuesto verde, contraviene abiertamente las cláusulas de los contratos licitados.

“Esto último es sumamente grave e importa lesionar un elemento de la esencia de los contratos licitados, como lo es el precio, afectándose así el derecho de propiedad garantizado en la Constitución”, agregaron.

La carta añade que las posiciones de la firma “están sustentadas en un informe independiente al profesor Carlos Peña, quien concluyó que tanto el precio preferente como la prohibición de indexación constituyen ‘regulaciones expropiatorias desde el punto de vista constitucional, y desde el punto de vista civil casos de retroactividad de la ley que invaden derechos adquiridos a la luz de un marco normativo que estaba vigente al tiempo de celebrarse los contratos, y que se integró a los mismos’”.