Desde hace años, Warner Bros. mantiene una vigilancia estricta sobre sus contenidos en América Latina. Bajo la dirección de Lucía Rangel, la compañía ha dejado de ver la piratería como un problema menor para tratarlo como una amenaza directa a su negocio. El foco de esta batalla es la IPTV, una tecnología que, aunque legal en sí misma, es utilizada por algunos para retransmitir canales y películas de forma clandestina a través de internet.

En este contexto, la gigante del cine -que hoy está en un proceso de adquisición por parte de Paramount- puso sus ojos en Chile. Recientemente, interpuso una querella criminal contra la empresa Streaming Chile SpA y sus representantes, Marta Leyton (56) y su hijo Joaquín Ávila (25). En su acusación, Warner los denuncia por vender acceso a contenidos que no les pertenecen, lucrando con producciones ajenas sin pagar un solo dólar por los derechos.

La estrategia legal es agresiva. No se limitan a denunciar el uso de señales sin permiso, sino que acusan a los involucrados de fraude informático y de violar la Ley de Propiedad Intelectual. Además, Warner ha dado un paso más allá al incluir estas faltas bajo la nueva Ley de Delitos Económicos, lo que endurece las posibles sanciones.

“En los últimos años hemos sido testigos de la masificación de una forma de usos de servicios de TV por medio de internet, también denominado IPTV (Internet Protocol Television) cuyo éxito radica principalmente en su facilidad de uso e implementación y en la amplia oferta de señales de televisión, pudiendo constatarse su contratación por miles de personas en nuestro país”, advirtió Warner.

“Junto al crecimiento de una industria legal de servicios IPTV, ha crecido de manera preocupante una industria ilegal de operadores de servicios IPTV no autorizados que ofrecen a sus clientes servicios de televisión de pago por medio de Internet, dándoles acceso a diversos contenidos (canales)“, denuncia.

“Los contenidos que ofrecen estos servicios ilegales de IPTV a sus usuarios corresponden a datos encriptados de mi mandante que generalmente son extraídos desde alguna señal de operadores de TV legales, sin la autorización de mi mandante ni tampoco pagando los correspondientes derechos de autor y/o derechos conexos”, consignó la acción penal patrocinada por el abogado Daniel Steinmetz.

Primer movimiento

En Chile la ofensiva legal de la estadounidense comenzó mucho antes. El 28 de febrero de 2025, la compañía interpuso una medida prejudicial ante el 19º Juzgado Civil de Santiago.

“Junto al crecimiento de una industria lícita de servicios de contenidos de entretención por medio de internet, lamentablemente ha crecido también de manera alarmante una industria ilegal de operadores pirata de estos servicios”, consignó.

En dicha acción judicial, la firma estadounidense solicitó el bloqueo de 15 dominios vinculados a FlujoTV y MagisTV. Asimismo, pidió que la Subtel instruya a los proveedores de servicios de internet en Chile para que incluyan una nota dirigida a cualquier usuario que intente acceder a los sitios restringidos, con la siguiente advertencia: “Sitio web bloqueado por infracción a las leyes de propiedad intelectual”.

El 10 de septiembre de 2025, Warner Bros. Entertainment intensificó el conflicto al presentar una demanda de indemnización de perjuicios en contra del ciudadano venezonalo Eliadis González Barreto, residente en Chile. En la acción judicial, la compañía solicitó al tribunal el pago de una suma única compensatoria de 2.000 UTM, por concepto de daños patrimoniales y morales.

La demanda sostiene que el demandado opera una red de piratería digital a través de sitios de streaming ilegales denominados MagisTV, FlujoTV y XuperTV, donde ofrece películas, series y eventos deportivos propiedad de la demandante sin autorización ni pago de derechos de autor.

Según el libelo, el demandado utiliza sistemas informáticos para extraer datos de plataformas oficiales y subirlos a sus propios dominios, cobrando a los usuarios mediante transferencias a su cuenta bancaria personal y cambiando constantemente de nombres y dominios para eludir la fiscalización judicial.

A raíz de la solicitud y en medio de la tramitación de la causa, el 6 de febrero de 2026 la Subtel ofició a los distintos proveedores de servicios de internet (ISP) para bloquear el acceso a Magis TV y todas sus versiones.