Fiscal regional Carlos Palma: “No está descartado que las autoridades civiles no supieran lo ocurrido en la Operación Huracán”


Pasaron solo cuatro meses desde que el fiscal nacional, Jorge Abbott, lo había designado como jefe regional del Ministerio Público de Aysén cuando Carlos Palma fue citado por su jefe al Ministerio Público. Abbott le comentó que debía encabezar una investigación por un hecho “muy grave”. El general director de Carabineros de ese entonces, Bruno Villalobos, había denunciado a una abogada asistente de la Fiscalía de Temuco por filtrar información a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de la causa denominada Operación Huracán, en que se acusaba a ocho comuneros mapuches de realizar atentados en la Región de La Araucanía. Era un hecho insólito y -en caso de resultar verdadero- de la “más alta gravedad”, le advirtió su jefe.

Palma ya había participado en una indagatoria importante. Integró el equipo que tramitaba el caso Corpesca. Pero supo que esto sería distinto y se autoimpuso una investigación rápida y efectiva. Viajó a Temuco y lo primero que hizo fue incautar los celulares de los denunciandos: la abogada asistente Mónica Palma y su jefe, el fiscal de Alta Complejidad Luis Arroyo, a quien Carabineros culpaba como encubridor de las supuestas maniobras de filtración de la mujer. A poco andar, las pesquisas dieron cuenta de que el caso quizás era el más grave del sistema reformado, pero por un inesperado vuelco: las pesquisas arrojaron que personal de Carabineros había realizado un montaje.

Esta semana, Palma formalizó lo que denominó una asociación ilícita destinada a fabricar pruebas falsas, apuntando los dardos al exjefe de Inteligencia de Carabineros, el general (R) Gonzalo Blu, quien -asegura- lideró esta organización criminal.

¿Cómo detecta lo que estaba ocurriendo en Carabineros?

Después de incautar los celulares de los denunciados (Palma y Arroyo) le pedí al general Blu el respaldo digital forense de las supuestas interceptaciones de WhatsApp que involucraban al fiscal y la abogada asistente en la denuncia. En paralelo, los celulares de ellos habían sido enviados a periciar para extraer la prueba. ¿Y qué pasó? Ese respaldo digital forense nunca llegó y a poco andar nos dimos cuenta de que nunca existió. El general Blu lo que envió fue un documento escaneado en formato PDF que no era lo que le pedíamos. Le insistí en que necesitaba el respaldo de esa información que había sido obtenida bajo la Ley de Inteligencia y él me contesta que eso no existe como tal. Eso, sumado a que en los celulares de la abogada Palma y el fiscal Arroyo no estaba la información que denunciaba el reporte de inteligencia nos hicieron ver que estábamos frente a un montaje, falsificación de un instrumento público y, en definitiva, frente a uno de los casos más graves del actual sistema penal.

¿Qué pasó, entonces?

Supimos que estábamos frente a un hecho de lo más grave que habíamos visto en lo que iba de la Reforma Procesal Penal. Fue muy impactante. Teníamos enfrente a la más alta autoridad de Inteligencia de Carabineros en esa época reuniendo en sus manos pruebas fabricadas que sirvieron para que personas inocentes quedaran presas. Esa información falsa se propagó y atacó a todos los organismos relacionados del Estado que se vinculan con investigaciones penales. Se denunció falsamente a la PDI, a la ANI, al Ministerio Público y al Ministerio del Interior. Aparte de los comuneros mapuches que fueron los principales afectados, porque estuvieron presos, esta organización hizo imputaciones falsas a todos los organismos que están encargados de controlar e investigar conductas delictivas como las que, justamente, ellos estaban realizando. Fue una especie de ataque sistemático a todos los organismos del Estado.

Y esos ataques de dónde venían…

Desde las más altas autoridades de Carabineros. Por una parte, todos estos reportes estaban firmados por el exgeneral Blu, y como vimos, en un primer momento, contaban con el absoluto respaldo de quien era su jefe en ese momento, el general director Bruno Villalobos. Recordemos que él apareció asegurando categóricamente que no había carabineros involucrados y que, como lo dijo el general Blu en audiencia, esto era una especie de revancha del Ministerio Público frente a las imputaciones que se habían realizado.

Esta semana usted imputó una asociación ilícita en Carabineros…

A poco andar de la investigación nos dimos cuenta de que en el marco de la Dirección de Inteligencia, específicamente en la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) en Temuco, existía en paralelo otra estructura, una asociación ilícita que tenía una jefatura en Santiago, el general Gonzalo Blu, y en Temuco, el mayor Patricio Marín, y que contaba con niveles operativos: el capitán de Carabineros Leonardo Osses y el sindicado como “profesor”, el civil Álex Smith.

¿Cómo operaban?

Existen múltiples evidencias, que fueron expuestas en la audiencia de formalización y con las que el tribunal llegó a la conclusión de que sí existía la asociación ilícita. Se dieron órdenes especiales para poner la evidencia a disposición de estas personas para que pudieran adulterarla y hubo financiamientos especiales para tener recursos económicos extraordinarios para cometer estos delitos. Lo que ocurrió en este caso es del todo extraordinario. Había comunicaciones directas entre el director de Inteligencia y los bajos mandos, mayores y carabineros, que es muy inusual respecto de cómo esta institución jerárquica de Carabineros funciona en ámbitos ordinarios. Acá lo que pasaba es que se saltaban tres niveles de jefatura y teníamos al director de Inteligencia conversando directamente con capitanes y mayores, del todo inusual. Esto, como lo declaró un testigo, fue una situación inédita, extraordinaria y nunca vista, de que un mayor de Carabineros tome contacto directo a nivel personal con el general inspector de Inteligencia y que este último sea capaz de disponer traslados de evidencia a lugares que no correspondían para que allí se adulterara la prueba, que es lo que ocurrió, en definitiva, el 25 de septiembre del año pasado, a propósito de la manipulación de evidencia en la Operación Huracán.

Hubo dos momentos tensos entre la fiscalía y Carabineros cuando este caso empezaba. La negativa al allanamiento en Temuco y la conferencia de prensa en que Blu dice que ustedes estaban amparando a delincuentes… ¿Cómo vivió eso?

A mí me pareció que esas dos situaciones fueron muy graves. Creo que ambas conductas forman parte de las acciones realizadas por esta asociación ilícita para proteger a los miembros de dicha organización. Cuando la conducta delictiva de la asociación ilícita es evidenciada a través de la constatación de los informes falsos y de la obstrucción a la investigación, comienza una serie de acciones por parte de la asociación para defenderse.

¿Como cuáles?

El primero de ellos fue imputarle hechos falsos a la fiscalía. Yo creo que ellos ya sospechaban de que el Ministerio Público tenía dudas respecto de la prueba de Operación Huracán con la que se detuvo a los comuneros mapuche, entonces se refugian en esta especie de amedrentamiento. Siempre la idea fue desviar las eventuales sospechas en su contra y así proteger a los suyos. Después, oponerse al allanamiento, pues sabían que ahí encontraríamos las plantillas de las supuestas conversaciones de WhatsApp que decían que habían interceptado con “Antorcha”, hasta llegar a esa conferencia de prensa del general Blu. Desde nuestra perspectiva, esa conferencia también es una acción de los miembros de esta asociación de defender a los suyos, de clamar públicamente que aquí se había obrado conforme a derecho e insinuar que el Ministerio Público protegía a delincuentes o personas que estaban perpetrando ataques en una zona tan sensible como es La Araucanía. Sabían que todo era falso, pero deciden dar esa declaración.

La defensa del general (R) Blu apuntó a que Villalobos fue quien dio la instrucción de leer ese documento…

Eso dice la defensa del señor Blu. Sin embargo, los antecedentes que hemos recabado y que se expusieron esta semana en la audiencia de formalización dan cuenta de otra situación. Efectivamente, para la construcción de la declaración pública que se hace en enero intervinieron varios generales, sin embargo, de las evidencias que tenemos está establecido que es el exmayor Patricio Marín quien se retira a eso de las 20.30 horas aproximadamente del día 25 de enero junto a Blu a una supuesta operación de inteligencia ese día en horas de la noche, y al día siguiente llegan con el discurso armado. Esa noche se confeccionó la declaración pública que al día siguiente simplemente fue objeto de algunas observaciones formales. El general Villalobos, al menos con los antecedentes recabados hasta ahora, no participó de esa “reunión de inteligencia” previa con Marín y Blu.

¿Era posible que el general Blu liderara esta asociación, como usted ha dicho, sin que su jefe, el general director, supiera lo que estaba pasando?

Una cosa es lo que se presuma, lo que todos podemos pensar al respecto, pero soy fiscal y los antecedentes que tengo en la investigación, que es extensa, que ha durado varios meses, nos hacen establecer que las personas que fueron formalizadas esta semana son los responsables penales en los hechos que se están investigando. Si el día de mañana un testigo o los propios imputados, además de evidencias que den cuenta de eso, establecen que hay más responsables, no tenga duda de que se le va a perseguir penalmente como corresponde. Nosotros estamos para investigar y pedir el máximo rigor de la ley, y esta investigación no se acabó, de hecho, el tribunal nos dio 10 meses más en que pueden surgir, y esperamos que así sea, nuevos antecedentes.

Pero estamos hablando de una institución jerarquizada, ¿Cómo es posible que el general director de Carabineros no supiera lo que estaba haciendo su hombre de confianza?

Nadie ha dicho que Villalobos no supiera lo que estaba ocurriendo en Inteligencia, él podría haber tenido conocimiento y estamos realizando diligencias al respecto. Ahora, el hecho de que el general (R) Blu sindique a su exjefe y que este supiera o incluso hubiera participado de esta asociación ilícita no exime a este imputado ni a los otros formalizados de su responsabilidad penal. Lo que pasó esta semana es muy importante. El juzgado de garantía estableció que el exgeneral Blu era responsable de cuatro delitos de falsificación de instrumento público y de tres delitos de obstrucción, es decir, se estableció que tiene responsabilidad penal en siete delitos y eso es algo muy importante. Es una duda legítima el plantear en esta etapa de la investigación si Blu era el oficial de más alto rango de Carabineros imputado en el caso, sin embargo, hasta este momento de la investigación lo es. No descarto que más adelante esto pueda cambiar.

¿Por qué cree que a estos imputados se les ocurre inventar pruebas o para qué…?

Creo que existía en La Araucanía la sensación de absoluta ineficacia frente a actos denominados como terroristas en esa zona. A esa fecha, agosto de 2017, había más de 40 camiones quemados en el marco de esas conductas y las pesquisas policiales no daban resultado alguno. Creo que con el objeto de mostrar resultados efectivos ante la comunidad en la persecución penal de este tipo de conductas, ellos decidieron aprovechar e instrumentalizar a su favor la Ley de Inteligencia. Recuerde que ellos van y le mienten al ministro de la Corte de Temuco Aner Padilla. Solo en Operación Huracán hubo 43 interceptaciones telefónicas, y ellos le dicen ahí al juez que iban a interceptar WhatsApp, sabiendo que no existía tecnología para realizar eso. La gravedad de esto es a la cantidad de personas que le mintieron, llegando incluso a un ministro de corte. El plan fue tan bien armado, que lo convencen de dar estas órdenes, lo mismo pasa con el Ministerio Público, a quien le piden que incaute los celulares de los comuneros para poder implantar la evidencia.

Decidieron imputar a inocentes ¿sólo por un tema de éxito policial?

El porqué lo hicieron tendrán que responderlo los imputados ante la justicia. Pero la estructura de esta organización evidentemente buscaba mostrar ciertos éxitos, mejorar la imagen de Carabineros. En esa época el megafraude económico descubierto tenía muy golpeada a esa institución, además. ¿A quién favorecía esto? A mí me parece que era justamente a quien hemos identificado como líder de esta organización, el general Gonzalo Blu, quien era el número 3 de Carabineros y que en el mes de marzo, probablemente con el nuevo Presidente, podrían haberlo nombrado como general director.

Desde esa perspectiva también el exgeneral director Bruno Villalobos se veía beneficiado… ¿Podría ser él parte también de esta asociación ilícita?

Es una línea investigativa, no puedo descartar más miembros y él, eventualmente, podría estar en esta estructura, sin duda. Pero le reitero, al día de hoy tiene calidad de testigo.

En los momentos más álgidos de este caso, el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, el ministro Mario Fernández y el subsecretario Mahmud Aleuy defendieron la labor de Carabineros… ¿Qué pasa acá con los civiles? ¿Sabían lo que estaba haciendo Carabineros?

Es una línea de investigación, no está descartado que las autoridades civiles no tuvieran conocimiento de lo que estaba pasando. Ahora, con los antecedentes de la carpeta no estoy en condiciones de responder esa pregunta, pero son antecedentes que están siendo investigados sin lugar a dudas.

En esa época el Ministerio Público se quedó solo asegurando que había un montaje, mientras el gobierno cerró filas con Carabineros. ¿Cómo lo vivieron?

Fueron momentos complejos, pero como miembros del Ministerio Público sabemos que por el mandato constitucional que tenemos estamos enfrentados a situaciones como estas. No siempre la labor de los fiscales es entendida por la opinión pública, ni por el poder político tampoco. Lo importante es que nuestra hipótesis se ha mantenido en el tiempo en una investigación seria, acuciosa y que da cuenta de que en ese momento, en esa supuesta pugna, nosotros teníamos razón.

¿Cuál es la lección de este caso, incluso para ustedes como Ministerio Público?

Para que un sistema funcione, la confianza entre institucionales es vital. El fiscal confía en lo que le dicen los policías, a su vez los tribunales confían en lo que pide el fiscal y eso funciona de esa forma. Lo que se quebrantó con este caso fue esa confianza entre las instituciones y, más aún, la gravedad pasa porque en estas conductas delictivas hubo personas en prisión preventiva. La situación evidenciada y que se imputó esta semana es de la mayor gravedad que hemos visto en el sistema procesal penal vigente. Se atacó a uno de los bienes jurídicos más importantes de un estado de derecho, que es la correcta administración de justicia y la buena fe. Como creemos que esto es tan grave, hemos decido apelar (el lunes 23) a la resolución del tribunal de garantía y pedirle a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco que tanto el exgeneral Gonzalo Blu como Álex Smith queden en prisión preventiva.

Ahora, aunque se decrete esa medida cautelar, el general (R) Blu no irá a una cárcel propiamente tal… ¿Cierto?

Tiene razón, en su calidad de general (R), por ley él debería cumplir prisión preventiva en una unidad policial, lo que evidentemente crea una sensación extraña de igualdad ante la ley, porque en el caso del señor Smith él tendría que ir a una cárcel común. Pero nosotros apostaremos igual por la cautelar más gravosa. Creemos que en un caso como este es necesaria.

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