Este viernes, la Comisión Europea anunció la retirada de su propuesta legislativa sobre las reivindicaciones ecológicas, también conocida como la ley anti-greenwashing, días antes de una reunión entre instituciones de la Unión Europea. La decisión, presentada por el Partido Popular Europeo (PPE) y sectores más conservadores, ha desenvuelto críticas desde el Parlamento y la comunidad europea, reabriendo el debate sobre el compromiso ambiental en la gestión de Ursula von der Leyen.

Según el medio de comunicación ESG Today, la Directiva sobre Reivindicaciones Ecológicas, presentada en marzo de 2023, buscaba establecer normas más estrictas para evitar que las empresas difundieran afirmaciones ambientales falsas o engañosas sobre sus productos o servicios. Ante esto, estudios de la propia Comisión revelaban que más del 50% de esas afirmaciones en la Unión Europea (UE) eran vagas o no verificables, y un 40% no contaban con ninguna base científica.

Esto, porque la propuesta exigía también que toda declaración ambiental voluntaria fuera respaldada por pruebas científicas y verificada de forma independiente. También imponía controles sobre la proliferación de etiquetas verdes privadas, autorizando solo aquellas desarrolladas a nivel europeo y que demostraran mayor ambición ambiental que los sistemas ya existentes.

Sin embargo, la iniciativa se enfrentó a la oposición del sector privado y las empresas, que presentaron su rechazo a través del Partido Popular Europeo (PPE), el mayor grupo político del Parlamento Europeo y con una importante presencia en la Comisión. El partido, a través de una carta enviada a la comisaria de Medio Ambiente, Jesika Roswall, solicitó la eliminación de este documento, bajo el argumento de que implicaba cargas “excesivamente complejas, costosas y administrativas” para las empresas.

Otro factor altamente cuestionado fue la exigencia de una “aprobación previa” para las declaraciones medioambientales, calificada por el PPE como una “idea fundamentalmente errónea”. Además, el grupo criticó la falta de una evaluación de impacto que demostrara que los beneficios de la directiva superarían los costos regulatorios.

Tensiones en la Comisión Europea

El anuncio de la salida de este proyecto de ley llegó justo antes de la tercera ronda de negociaciones tripartitas entre Comisión, Parlamento y Consejo que se daría a inicio de esta semana, según se mencionó en el medio español El Diario, decisión, que fue considerada “altamente inusual”, provocando la suspensión de la reunión. “Dadas las circunstancias, no vamos a realizar la reunión este lunes. Hay demasiadas dudas y confusión sobre el expediente”, señalaron fuentes de la presidencia polaca del Consejo de la UE.

Por ahora, la decisión de la Comisión dejó la propuesta “en suspenso” a la espera de una nueva cita. Tal como lo informó en el diario español la representante de la Comisión Paula Pinho, la intención de retirarla se debía a una enmienda específica que afectaría a microempresas y les impondría “cargas indebidas”. Aun así, aún no se ha confirmado una nueva fecha para retomar el proceso.

¿Una agenda europea cada vez menos verde?

La petición de la eliminación de esta ley se suma a otros retrocesos recientes en la agenda verde de Bruselas, como la flexibilización de metas de CO2 para vehículos, postergación de la normativa contra la deforestación importada y reducción del alcance del mecanismo de ajuste por carbono en frontera, explicaron en los medios.

Este cambio de rumbo amenaza con algunos de los compromisos del “Pacto Verde Europeo”, que fue clave en la reelección de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. “La Comisión Europea no tiene poder de veto en esta fase”, advirtió en El Diario el eurodiputado liberal Sandro Gozi, uno de los negociadores de la ley. “Tenemos la impresión de que seguía órdenes de tres grupos”, comentó finalmente, haciendo referencia al PPE y la ultraderecha europea.