SEÑOR DIRECTOR:

A poco más de un año del escándalo de las licencias médicas fraudulentas, la respuesta estatal ha sido positiva, pero incompleta. Seguimos más cerca de la corrección que de una reforma estructural.

Los resultados son muy visibles: entre mayo de 2025 y mayo de 2026 la emisión de licencias cayó un 13%, con un ahorro fiscal de aproximadamente $586 mil millones. Esto se explica por el fortalecimiento del intercambio de información entre la Suseso, la Compin y Fonasa —siguiendo lo planteado por la Contraloría— y por nuevos mecanismos de análisis de datos que detectan patrones anómalos y bloquean a emisores irregulares. Sin embargo, la propia Suseso al publicar su noveno informe de fiscalización, expuso que durante los años 2024 y 2025 detectó a más de 15.700 trabajadores que realizaron labores remuneradas mientras hacían uso de licencias médicas, comprometiéndose a generar denuncias ante el Ministerio Público.

En el plano sancionatorio, el contraste es dicotómico: sólo 262 funcionarios públicos han sido sancionados y destituidos de un universo de más de 30 mil funcionarios investigados. En sede penal, la lentitud persiste, dado que se debe distinguir entre incumplimiento administrativo y conducta delictiva, con estándares probatorios exigentes.

El fraude no perjudica solo a una institución: los subsidios se financian con cotizaciones y recursos fiscales, y el costo recae sobre empleadores, trabajadores y el Estado.

¿Cuándo transitaremos de un modelo correctivo a uno realmente preventivo que detecte la irregularidad antes de que el perjuicio se produzca? Urge que nuestro Poder Legislativo no mire hacia otro lado, como ha ocurrido con situaciones similares.

Javier Soto Solís

Académico de Derecho, UNAB