SEÑOR DIRECTOR:

La reciente liberación de un presunto sicario vinculado al homicidio del “Rey de Meiggs”, y eventualmente al Tren de Aragua, ha generado una legítima preocupación pública. El hecho, actualmente bajo investigación del Ministerio Público, ha expuesto debilidades relevantes en el funcionamiento del sistema de justicia y del régimen penitenciario. Aún no existe claridad sobre lo ocurrido, y ningún órgano del Estado ha asumido responsabilidad institucional, lo que profundiza la sensación de desconfianza ciudadana.

Lo preocupante no es solo el caso en sí, sino lo que revela: una institucionalidad que, si bien ha intentado desarrollar herramientas para enfrentar la delincuencia común, no ha logrado adaptarse con eficacia al fenómeno del crimen organizado. Este último opera con estructuras jerárquicas, redes internacionales y lógicas de expansión que superan los marcos tradicionales de persecución penal.

El sistema judicial y penitenciario muestra señales de desgaste: decisiones incomprensibles, falta de coordinación interinstitucional, vacíos de control, procedimientos opacos y corrupción. Estos elementos pueden ser interpretados como debilidades por parte de organizaciones criminales, que buscan instalarse precisamente donde las capacidades de respuesta estatal son más limitadas.

En este escenario, la pregunta que persiste no es solo quién fue responsable del hecho puntual, sino si Chile será capaz de fortalecer su institucionalidad antes de que el crimen organizado se arraigue con mayor fuerza. Porque mientras las decisiones se postergan, los riesgos se profundizan. No hay que olvidar que el crimen organizado avanza allí donde el Estado titubea.

Pablo Urquízar M.

Coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo, UNAB