SEÑOR DIRECTOR:

La nueva normativa que prohíbe el uso de celulares en colegios se ha presentado como una medida para mejorar concentración, reducir distracciones y fortalecer la convivencia. Sin embargo, al extender la prohibición a docentes y otros integrantes de la comunidad educativa, evidencia una preocupante desconexión con la realidad. Se observa una contradicción estructural: se busca formar estudiantes críticos y responsables en el uso de tecnologías, pero se sitúa a profesores en el mismo plano regulatorio, desconociendo su rol profesional y naturaleza pedagógica.

En muchos contextos con brechas digitales, el teléfono no es un lujo, sino una herramienta imprescindible. Existen establecimientos con internet inestable, salas sin conectividad y plataformas que dependen de redes móviles. Incluso textos escolares incluyen códigos QR y enlaces a páginas ¿Cómo se espera que el docente utilice esos recursos si no puede recurrir a su propio dispositivo cuando no hay alternativas funcionales?

La contradicción aumenta al considerar que el sistema educativo chileno ha promovido la integración de competencias digitales en el perfil de egreso y en los estándares de la profesión docente. Además, la comunicación con familias y la gestión de emergencias suelen realizarse mediante telefonía móvil omitiendo esta dimensión operativa.

Más allá de lo práctico, equiparar normativamente a docentes y estudiantes diluye la autonomía profesional. La escuela no está aislada del mundo digital; la solución no es negar la tecnología, sino regularla con criterios diferenciados.

Monona Valdés

Directora de Educación Diferencial Universidad Andrés Bello