SEÑOR DIRECTOR:

El gobierno ha ingresado recientemente un proyecto de ley que, en apariencia, busca fomentar la contratación de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad mediante un nuevo subsidio al empleo formal. Sin embargo, una revisión detallada revela que más que una política estructural, se trata de una herramienta transitoria de reactivación laboral que reemplaza -sin integrar adecuadamente- programas permanentes como el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio al Empleo Joven.

Este no es un simple matiz técnico. La iniciativa cambia sustantivamente el foco y alcance de los beneficios existentes. A diferencia de los programas actuales, el nuevo subsidio tiene una duración acotada de solo un año y exige una laguna laboral previa como condición de acceso, transformándolo en una medida de emergencia más que en una política sostenida de apoyo al empleo formal. Pese a ello, el Ejecutivo ha presentado el proyecto como una reorganización de los programas actuales, sin explicitar sus implicancias.

El diseño, además, presenta deficiencias graves: impone un límite arbitrario de 200 beneficiarios por empresa, generando inequidades entre trabajadores con iguales méritos; mantiene un esquema de postulación en vez de avanzar hacia un acceso automático, y establece requisitos que podrían terminar desincentivando la contratación de ciertos grupos.

Chile necesita una política más ambiciosa y permanente. Un subsidio al ingreso formal del trabajo, de carácter automático, focalizado y con mayor duración. Esto permitiría no solo incentivar la formalización laboral, sino también reducir significativamente la pobreza y la desigualdad. Un programa de este tipo, con un costo cercano a 1,2% del PIB, podría disminuir la pobreza desde 6,5% a 3,9% e incrementar en 50% la reducción de la desigualdad que logra el Estado actualmente.

El proyecto actual representa una oportunidad desaprovechada. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo.

Jorge Fantuzzi

Soledad Hormazábal