Luego de que este medio diera a conocer que el teléfono del exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, había sido “pinchado” por la PDI en el marco de la investigación judicial por el Caso ProCultura -y que en virtud de ello se captó un diálogo en el que señalaba que la exsenadora Allende había presionado para acelerar la venta al gobierno de la casa del expresidente Allende-, se desató un cúmulo de reacciones al más alto nivel político, cuestionando duramente la decisión de la Fiscalía de haber solicitado la intervención de dicho teléfono. Las críticas se amplificaron cuando se supo que también se había requerido la interceptación de los teléfonos de otros funcionarios, incluso del propio Presidente de la República, requerimientos que no fueron admitidos por el tribunal de garantía.

Por de pronto, la vocera de gobierno mencionó que la Fiscalía debía dar las explicaciones respectivas de por qué se tomó esta decisión respecto de Crispi -declaraciones similares emitió la ministra de la Segegob-, trasluciendo la incomodidad de La Moneda. Incluso el comité político evaluó la posibilidad de solicitar una reunión con el fiscal nacional, lo que finalmente se desechó. Más explícita fue la candidata PS-PPD Carolina Tohá, quien hizo un llamado a que la Fiscalía aclarara la pertinencia de estas escuchas, considerando que Crispi dejó de ser subsecretario de Desarrollo Regional en 2022. Por su parte, el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, alertó sobre los riesgos que desde el Estado se consienta el abuso de poder. Varios parlamentarios oficialistas también se sumaron al coro de cuestionamientos, al punto que incluso hubo algunos que amenazaron con activar un proceso de remoción del fiscal nacional si es que no tomaba medidas correctivas contra el fiscal a cargo del caso.

Posteriormente, sería el ministro de Seguridad Pública quien intentó poner paños fríos, al señalar que “las filtraciones implican una sanción a la ley. En el caso de las investigaciones de delitos con secreto reforzado implica responsabilidades mayores. El gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley, no le corresponde estar pidiéndole rendiciones de cuentas a nadie”. Finalmente fue el propio Mandatario quien buscó cerrar el asunto, cuando con motivo de su asistencia a la cuenta pública de la Fiscalía Nacional evitó cualquier asomo de crítica, mencionando su profunda convicción de dejar que las instituciones funcionen y que nadie en Chile está por sobre la ley.

Si bien los planteamientos del ministro de Seguridad Pública y del Presidente de la República son correctos y es lo que se habría esperado inicialmente, llama la atención lo tardío de los mismos, permitiendo que la polémica escalara y se creara un ambiente particularmente enrarecido. En ese orden de cosas, el principal reproche debería dirigirse al ministro del Interior, quien en su calidad de jefe de gabinete sería el llamado a entregar desde un primer momento las directrices correctas y así evitar no solo que se amplificaran señales muy equívocas, sino también para evitar que La Moneda se viera arrastrada hacia este caso, con visiones dispares, pero en cambio solo se limitó a emitir declaraciones genéricas, algo sin duda desconcertante y que llevan a preguntarse por el rol que juega hoy dicho ministerio, luego de que el ámbito de la seguridad pasara a otra cartera.

Con todo, la equívoca reacción inicial que se vio en La Moneda así como las destempladas críticas de figuras políticas revelan la facilidad con que se olvidan principios rectores de una democracia respetuosa del Estado de Derecho y basada en la separación de poderes del Estado.

No corresponde en ninguna forma que desde el Ejecutivo se pidan explicaciones por el actuar de un organismo autónomo, como tampoco que desde la instancia legislativa se amenace con intentos de destitución. Las decisiones que ha adoptado la Fiscalía han sido validadas por un tribunal -además de estar enmarcadas en la investigación de los líos de platas relacionadas con fundaciones, donde eventualmente se produjo un grave daño al patrimonio fiscal-, y será en las instancias judiciales donde corresponderá resolver el caso, sin que quepan presiones desde el ámbito político.

Los casos en que parlamentarios amenazan con destituir a jueces o fiscales por decisiones que no resultan de su agrado se han multiplicado en los últimos años, distorsionando el rol de control y fiscalización que les entrega la Constitución en la medida que se acredite objetivamente un mal comportamiento o una infracción evidente de las leyes y la Carta Fundamental.

Es fundamental internalizar la importancia de que los distintos Poderes del Estado actúen dentro de sus facultades y respeten la autonomía de las instituciones, particularmente cuando se trata de algo tan crucial como asegurar la independencia de su sistema judicial. En la región abundan los ejemplos de países donde el poder político ha logrado cooptar a fiscales y jueces, algo de lo que nuestro país debe alejarse porque cuando la justicia actúa en función de los intereses del poder se acaba la igualdad ante la ley y se socavan las bases de un estado de derecho.