Las conclusiones de la reciente asamblea general de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) muestran un panorama muy poco alentador en materia de libertad de prensa, revelando que la región ha experimentado un importante retroceso en un clima de creciente hostilidad hacia el periodismo, fenómeno atribuido en buena medida a los discursos oficiales.

Ciertamente ha sido el caso de Estados Unidos el que probablemente ha llamado más la atención, a raíz de las prácticas abiertamente hostiles que la administración de Donald Trump ha ejercido en contra de medios de comunicación o profesionales de la prensa, ya sea a través de millonarias demandas judiciales, el menoscabo o el amedrentamiento. Tal como indicó el presidente de la SIP, “no se trata solo de ataques a periódicos o a cadenas televisivas; se trata de un debilitamiento del sistema democrático más influyente de nuestro hemisferio”, haciendo ver que lo que ocurre en Estados Unidos tiene inevitablemente repercusiones en todo el continente.

En efecto, las prácticas de hostilidad hacia la prensa se han multiplicado en la región. Es el caso de Argentina, por ejemplo, donde la SIP destaca la frase con la que el Presidente Javier Milei suele cerrar sus mensajes en X -“no odiamos lo suficiente a los periodistas”-, en tanto que en el caso de Colombia se reprocha al Presidente Gustavo Petro que continúa estigmatizando a medios y periodistas, asociándolos con prácticas mafiosas. En el caso de Perú también hubo duros reproches al gobierno de la destituida Presidenta Dina Boluarte, acusando que fue la institución que más asedió y limitó el trabajo de la prensa. Por cierto que el caso de El Salvador también es objeto de especial atención, pues decenas de periodistas han debido partir al exilio producto del hostigamiento del gobierno de Bukele.

En el caso de Chile, si bien no hay denuncias graves, la SIP hizo ver que la libertad de prensa y expresión ha estado marcada por la tramitación de proyectos de ley con potenciales repercusiones para el ejercicio periodístico, como la llamada “Ley Mordaza 2.0” -intentos de legislaciones de esta naturaleza se han dado en otros países, como Perú-, y un persistente clima de hostilidad hacia los comunicadores. Asimismo, se destaca la preocupación en el sector por la lentitud en el avance de una ley de protección para periodistas y trabajadores de las comunicaciones.

Las conclusiones de la SIP son coincidentes con informes que han entregado otros organismos, los que dan cuenta de un deterioro a nivel global de la libertad de prensa. El Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025, elaborado por Reporteros sin Fronteras, da cuenta que más de la mitad de la población mundial vive en algún país donde la libertad de prensa está bajo fuerte amenaza, mientras que el informe Estado Global de la Democracia, de IDEA Internacional, reveló que la libertad de prensa experimentó su mayor retroceso en 50 años, todo lo cual confirma que este derecho fundamental no está asegurado y que cada vez parece haber menos comprensión sobre lo fundamental que resulta para la democracia. En la medida que se coarta el trabajo de los medios de comunicación no solo se va dejando espacio para que fluyan con más facilidad contenidos falsos o manipulados, sino que además la ciudadanía va perdiendo capacidad para ejercer una fiscalización al quehacer de las autoridades.