Es evidente que Chile enfrenta desafíos fiscales estructurales que trascienden al actual gobierno. En 15 de los últimos 17 años, el país ha registrado déficits fiscales, con un gasto público sistemáticamente superior a los ingresos del Estado. Si bien cierta flexibilidad es comprensible en contextos excepcionales, la reiteración de estos desbalances en períodos normales refleja una falta de consistencia en la conducción fiscal, debilitando la credibilidad del compromiso con la consolidación. Tras dos nuevos déficits consecutivos en torno al 3% y proyecciones que podrían volver a incumplirse —incluso con metas menos exigentes—, no parece que el rumbo esté cambiando.

Frente a este panorama, el reciente Informe de Finanzas Públicas anunció decisiones que han generado amplio debate. La más controvertida ha sido la relajación de la meta de balance estructural para 2025 y 2026. Si bien el Ministerio de Hacienda argumenta que esta revisión responde principalmente a la corrección de ingresos sobreestimados en el Presupuesto 2024, junto a una menor recaudación derivada de reformas tributarias pasadas, lo cierto es que dichos errores no fueron corregidos a tiempo durante la tramitación del presupuesto 2025 y se trasladaron a este año, lo que terminó por postergar la meta de -1,1% del PIB desde 2025 a 2026.

Esto ha llevado a modificar las metas fiscales invocando las “otras causales extraordinarias” incorporadas en la reciente reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal. La decisión -tal como lo refleja el intercambio de cartas en la sección de opinión de este medio- ha generado controversia tanto por lo sorpresivo de su aplicación como por la falta de argumentos que la respalden. Preocupa que se recurra a una figura menos exigente y menos regulada que las nuevas cláusulas de escape, uno de los principales avances de la ley recién aprobada.

Junto con la relajación de las metas, y tras el significativo desvío de 2024, el informe incorpora una batería de medidas correctivas con las que el gobierno busca acercarse a una nueva e inferior meta de déficit estructural al 1,6% del PIB. Estas combinan acciones administrativas y propuestas legislativas orientadas a reducir el gasto y aumentar los ingresos. Sin embargo, la eficacia del plan depende de la aprobación de varias de estas iniciativas en el Congreso, lo que introduce un grado relevante de incertidumbre. El propio informe advierte que, si dichas medidas no se concretan, el déficit estructural volvería a bordear el 2% del PIB, postergando nuevamente la consolidación fiscal y traspasando el esfuerzo a la próxima administración.

Como parte de la respuesta, se ha anunciado la creación de una comisión asesora para revisar el gasto público. Su éxito será clave para reducir la incertidumbre que hoy rodea al plan fiscal del Ejecutivo, especialmente respecto de las medidas legislativas. Promover mayor eficiencia en el gasto es no solo deseable, sino imprescindible para asegurar una senda fiscal sostenible.