Columna de Daniel Matamala: Baile de máscaras



El Presidente Piñera defiende “la libertad de enseñanza y el derecho y deber de los padres a educar y formar a sus hijos” y acusa que “una mayoría de constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está debilitando gravemente la familia”. “Hoy existen arremetidas ideológicas, contrarias a la familia, que pretenden quitar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos”, escribe este sábado el obispo de Melipilla, Cristián Contreras, en columna de El Mercurio. En la misma edición del mismo diario, el fugaz exministro de Educación Gerardo Varela dice que los convencionales “niegan libertades básicas, como la de los padres a educar a sus hijos”. Y el obispo evangélico Héctor Cancino proclama que “rechazamos categóricamente el intento frontal de eliminar y erradicar este derecho inalienable”.

¿Es verdad que una mayoría de los constituyentes se opone al derecho de los padres a educar a sus hijos? ¿Hay una “arremetida contraria a la familia”, “que niega la libertad” en un “intento frontal de erradicar” ese derecho?

No.

Lo que ocurrió fue que en la discusión de la Comisión de Reglamento de la Convención se votaron 507 indicaciones. Entre la avalancha de propuestas, la comisión rechazó algunas que consideró redundantes o confusas, relativas, entre otros temas, al derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho de asociación y la libertad de enseñanza. Como es obvio, esto no significa que esos derechos hayan quedado fuera de una Constitución que aún no empieza a redactarse.

Pero bastó para iniciar la arremetida de grupos empresariales y religiosos, que usan la “libertad de enseñanza” como un disfraz para esconder sus verdaderos intereses.

Hace algunas décadas, era común que las estudiantes embarazadas fueran expulsadas de las aulas, tras lo cual el 95% de ellas abandonaba definitivamente el sistema escolar, o se veía forzada a abortar clandestinamente para seguir estudiando. Cuando se prohibió esta discriminación, el director de Educación de la Conferencia Episcopal, Faustino Huidobro, alertó de una “contradicción” de esta norma “con el derecho a la libre gestión, y que existan proyectos educativos inspirados en un determinado ideario”.

El diputado UDI Francisco Bartolucci se opuso a “que una ley imponga la obligación de aceptar la permanencia física de una alumna embarazada”, ya que ello “atenta contra la libertad de enseñanza, respecto de la cual el Estado no tiene derecho a intervenir”. El diputado UDI Darío Paya advirtió que el proyecto “pasa a llevar el respeto a la libertad de enseñanza”, y propuso como solución que los colegios privados pudieran seguir discriminando a las embarazadas “en la medida en que previamente lo hayan advertido”.

Idéntico argumento (“viola la libertad de enseñanza”) se repitió cuando se intentó establecer la educación sexual en las aulas. La misma Iglesia que negaba a las jóvenes esa instrucción, las expulsaba cuando -como consecuencia de la falta de ella- quedaban embarazadas. La misma institución que se oponía a entregar a los niños las herramientas para oponerse al abuso sexual, dejándolos inermes ante los pedófilos, luego protegía y encubría a los sacerdotes y profesores que usaban sus colegios para abusar de niños.

Todo esto ocurría en nombre de la “libertad de enseñanza”.

Los dueños de colegios usaron el mismo disfraz para oponerse a la Ley de Inclusión, que impedía a los colegios que recibieran fondos públicos, lucrar, cobrar un copago o discriminar arbitrariamente a qué estudiantes recibir. O sea, permitía a los padres ejercer efectivamente el derecho a elegir, aunque no tuvieran el dinero para pagar el colegio subvencionado de su preferencia.

Esta semana, algunos dueños de colegios volvieron a la carga. “Sólo en regímenes totalitarios no se respeta el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos”, dice la Corporación Nacional de Colegios Particulares, Conacep. Erika Muñoz, vocera de una asociación de apoderados, anuncia que se van a “movilizar en la calle”. Muñoz lideró la oposición a la Ley de Inclusión, y luego fue candidata a diputada y convencional por la UDI, integrante de la campaña de Piñera, y contratada por este gobierno como “experta” para “asistir al ministro en la implementación de la Ley de Inclusión” que ella había combatido.

De aprobarse la ley, “más de cuatro mil colegios se van a cerrar o se van a hacer particulares pagados”, advertía la “experta” Muñoz. La Confederación de Colegios Particulares Subvencionados (Conapas) también aseguraba que la mitad de los establecimientos saldría del sistema.

Nada de eso ocurrió.

La Conacep encargó un sondeo a la encuestadora de la campaña de Sebastián Sichel, Black & White, cuyo resultado fue portada de El Mercurio el domingo pasado: “Encuesta revela amplio apoyo de apoderados de colegios públicos y privados subvencionados a libertad de enseñanza”. Según el sondeo, el 98% de los apoderados cree que “los padres debieran tener derecho a escoger el tipo de colegios que quieren para sus hijos”.

Es una falsa disyuntiva, porque nadie niega ese derecho. La discusión es cómo se resguarda su ejercicio efectivo. ¿Apoya usted que un colegio financiado por el Estado pueda seleccionar a qué alumnos recibe y a cuáles excluye? ¿Está de acuerdo con discriminar a los niños según la capacidad de pago de sus padres? ¿Qué debe primar, la libertad de los dueños de colegios para manejar su negocio o el derecho a la educación de los niños?

Ninguna de esas preguntas, por cierto, aparecen en la encuesta.

Y son estas las disyuntivas que debe abordar en serio el proceso constituyente.

La Constitución de Alemania, por ejemplo, garantiza el derecho a crear escuelas privadas, previa autorización del Estado y siempre que “no se fomente la segregación de los alumnos en función de los ingresos económicos de sus padres”.

Sin ese debate, todo esto no es más que un baile de máscaras. Y la “libertad de enseñanza”, un hábil disfraz para esconder intereses inconfesables.

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