Acusación a Allamand: los riesgos de que llegase a prender un libelo que no convence a la oposición

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2 de diciembre de 2019/SANTIAGO Se realiza el tradicional Comité político de ministros, con los presidentes de partido de Chile Vamos. El senador Andres Allamand. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Diez diputados bastan para presentar el libelo hasta tres meses después de que un ministro deje el cargo. Según la interpretación de la Cámara, al darse cuenta en la sala, se da por interpuesta la acción, lo que obligaría al excanciller pedir permiso a los diputados para viajar fuera del país y asumir en la Secretaría General Iberoamericana, el 14 de marzo en España. En la oposición, sin embargo, aún no están completamente convencidos. El problema es que la crisis migratoria sigue abierta. Incluso, los diputados republicanos no descartan buscar a otros responsables políticos.


Un artículo de la Constitución Política de Chile es el que podría enredar la asunción del ahora excanciller, Andrés Allamand (RN), como nuevo secretario de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Luego de que tuviera que renunciar ayer como ministro de Relaciones Exteriores -porque se le cuestionara estar fuera del país en plena crisis migratoria y tener un “doble rol” como canciller y como secretario- desde la oposición el diputado Jaime Naranjo (PS) anunció que se evaluaría presentar una acusación constitucional en su contra.

Y si bien de aprobarse el libelo a Allamand no le afectaría el impedimento de ejercer cargos públicos por cinco años -ya que también anunció que se retiraba de la política nacional- lo cierto es que la sola presentación podría complicar sus aspiraciones.

Esto debido a que el artículo 52 de la Constitución que se refiere a las acusaciones constitucionales establece que “interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por ella”, lo que supone un riesgo para Allamand ya que el desempeño del cargo es en España y el excanciller debe asumir ese puesto desde el próximo 14 de marzo.

La Carta Fundamental, además, establece un plazo de hasta tres meses de expirado el cargo para presentar la acción, lo que permitiría que los parlamentarios -que se encuentran en receso legislativo en febrero- puedan juntar las diez firmas que requiere la acusación en marzo.

Una vez presentadas, las acusaciones se demoran aproximadamente un mes, desde que se dan cuenta en la sala, hasta la discusión y votación en la Cámara. De hecho, la última acusación constitucional contra Piñera fue presentada el 13 de octubre y se aprobó por los diputados el 9 de noviembre. Luego ello, el Senado votó a la semana siguiente (el 16 de noviembre), donde fue rechazada por no reunir el quórum de 29 senadores.

En todo ese período, Allamand no podría viajar a España sin permiso del Congreso, salvo que el excanciller vuele al viejo continente antes de la presentación de la acusación. Otra alternativa para Allamand, en tanto, sería asumir el cargo antes de la presentación de una acusación.

Tibio apoyo a la acusación

Luego de la renuncia de Allamand, en la oposición la acusación comenzó a perder fuerzas.

El jefe de bancada socialista, Jaime Naranjo, quien fue el primero que deslizó la posibilidad de una acusación al excanciller, en conversación con La Tercera frenó las interpretaciones que generaron sus dichos y precisó que el tema “aún se está estudiando y se está analizando”.

“Nunca dije que la íbamos a presentar. No vamos a hacer una acusación a tontas y a locas. El PS siempre ha sido muy responsable (en el uso de estos instrumentos constitucionales)”, agregó, al tiempo que una presentación primero debe ser conversada y acordada con las otras bancadas, por lo que descartó una acción unilateral de los socialistas o a título individual.

De todas maneras, algunos rostros del Frente Amplio se mostraron a favor de prestar firmas para el libelo. Uno de ellos fue Tomás Hirsch (Acción Humanista) quien afirmó que “si se presenta una acusación contra el exministro desaparecido Allamand, por supuesto que estoy disponible para estudiar la argumentación y firmar la acusación. Las inactuaciones son una vergüenza y total falta a la ley”.

Mientras que la diputada Catalina Pérez (RD) dijo que “las acciones y las omisiones del señor Allamand ameritan el análisis de una acusación constitucional”, por lo que evaluaría presentar su firma.

En la oposición uno de los temas que se discutía era la causal para interponer la acción, porque si bien se hablaba de un notable abandono de deberes -algo que el propio Allamand descartó- lo cierto es que esa causal solo corre para los magistrados del Poder Judicial y para el Contralor de la República, en tanto, para los ministros de Estado la Constitución se refiere a “haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno”.

Partido Republicano apunta a “otros responsables”

En el Partido Republicano de José Antonio Kast mantenían una opinión crítica respecto de la ausencia de Allamand, pero parlamentarios consultados como Luis Sánchez, Agustín Romero, Gonzalo de la Carrera (quien renunció a la colectividad) y el jefe de bancada, Cristóbal Urruticoechea dijeron que no estarían por apoyarla, en principio.

De hecho, este último como jefe de bancada dijo que “no nos mueve ningún odio a quienes llegan a nuestro país desde afuera, nos mueve el amor por los de adentro. Lo que hay aquí es una agenda que no es más que una sustitución poblacional muy grave. Por lo mismo, el comportamiento del exministro no es el adecuado. Hay un dejo de oficio al irse en plena crisis migratoria y a pocas semanas de que asuman en el gobierno quienes en gran medida son responsable de esto”.

Aunque Urruticoechea dijo que “dudo que una acusación constitucional pueda prosperar en el Congreso”, agregó que“lo que no descartamos es presentar una acusación al principal responsable de los hechos que han puesto a Chile en una situación tan grave en estabilidad, unidad nacional, democracia y libertad”.

Otro que se refirió al tema fue el Presidente Sebastián Piñera quien sostuvo que “hay algunos en la oposición que critican todo, es el único verbo que conocen. Pero en este caso, Andrés Allamand fue elegido (...) y eso es un gran reconocimiento a la trayectoria de Andrés Allamand y también un gran reconocimiento a Chile”, afirmando además que “dados los hechos que han ocurrido en los últimos días, conversamos nuevamente y decidimos anticipar su renuncia a la Cancillería para despejar toda duda”.

La polémica comenzó a generarse luego de que se publicaran en redes sociales fotos de Allamand con autoridades diplomáticas de España y Brasil, en su calidad de secretario de la SEGIB. Si bien el gobierno afirmó que el titular de Relaciones Exteriores estaba haciendo uso de sus vacaciones, desde la oposición criticaron su ausencia en plena crisis migratoria en el norte del país.

La situación generó roces con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien tuvo que salir a responder los cuestionamientos en contra de Allamand, y también provocó la molestia del propio Piñera. De todas maneras, en la oposición algunos referentes en Relaciones Exteriores, como los senadores Jorge Pizarro (DC) y José Miguel Insulza (PS), salieron a respaldarlo.

Si bien todavía no existe piso suficiente para la acusación, hay experiencias de otros libelos que han partido con poco respaldo -a veces promovidos por un grupo minoritario en el Congreso-, pero que han escalado debido al clima social.

Un ejemplo de ello fue la acusación contra Harald Beyer en marzo de 2013, que fue promovida por la diputada Alejandra Sepúlveda. Aunque la legisladora exmilitante DC se había enemistado con los partidos de la Concertación (por haber apoyado la acusación contra Yasna Provoste y haber pactado con la derecha un año de presidencia de la Cámara) su ofensiva prendió por el apoyo del movimiento estudiantil que responsabilizaba al entonces ministro por haber permitido el lucro en la educación superior.

Entonces, La Moneda minimizó el riesgo de la acusación, pero fue aprobada por 58 votos a favor en la Cámara, a pesar de que no era compartida completamente por diputados de la DC y el PPD. Luego, en el Senado, el gobierno no pudo contrarrestar la presión social y el libelo fue ratificado por 20 votos a favor y 18 en contra.

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