¿Autotutela? Los alcances de la emergencia comunal decretada en La Reina que incluye vigilantes civiles remunerados inspirados en modelo peruano

Fue este jueves cuando José Manuel Palacios (UDI), alcalde de La Reina, sorprendió a propios y ajenos al anunciar que su comuna decretaba un estado de Emergencia Comunal ante el aumento de hechos delictivos en el territorio.

Durante las últimas semanas la comuna sufrió una serie de actos de delincuencia, entre ellos, el ocurrido la noche del 22 de noviembre, cuando un vecino le disparó en las afueras de su casa a un grupo de antisociales que habían ingresado a robar a un domicilio cercano, dándole muerte a uno de ellos, que era un menor de 15 años. El último, una encerrona sufrida por una mujer junto a su hija en el mismo sector. Esa fue la gota que colmó la paciencia del edil. “Estamos hoy decretando emergencia comunal en materia de seguridad”, señaló.

Sin embargo, esto no era lo único aparejado a su anuncio. Además, el alcalde aseveró que lanzará el Programa Vigilantes Civiles Municipales, un plan en el que el municipio contratará a vecinos para el resguardo de las calles donde residen, en comunicación directa con inspectores municipales y Carabineros. Asimismo, aseveró que el municipio comenzará la construcción de un nuevo Centro de Atención Integral, en la zona afectada, y que se suma al ya existente en la comuna, con la idea de contar con inspectores de seguridad las 24 horas del día.

Las reacciones -y las dudas en torno al anuncio- no se hicieron esperar, no tanto por la Emergencia Comunal, que básicamente permite redestinar recursos para abordar el motivo del decreto, que en este caso es seguridad, sino por el programa que incluye a vecinos inmersos en materias de seguridad.

En tal sentido, el subsecretario de lnterior, Manuel Monsalve, señaló este viernes que si bien los municipios tienen, en términos legales y de seguridad, “facultades preventivas que nosotros valoramos y que además queremos fortalecer”, o que “si un alcalde quiere disponer de recursos para fortalecer esas labores preventivas, siempre va a ser bienvenido”, también advirtió al alcalde reinino: “Las labores de seguridad las tienen que hacer personas que están preparadas para las labores de seguridad (...) creo que no es pertinente entregar labores de seguridad a personas que no están formadas para aquello y menos a ciudadanos. Para eso se están fortaleciendo las instituciones como Carabineros y la Policía de Investigaciones”, dijo. Y agregó: “No corresponde que el Estado le entregue a los ciudadanos las labores de desarrollar labores de seguridad”. Lo anterior, argumentó, porque dichas funciones “requieren de mucha coordinación y de mucha cooperación institucional (...) y en la medida que un alcalde considere que puede y considera prioritario para su comuna fortalecer las labores preventivas, es bienvenido, pero en el ámbito preventivo de la seguridad”.

Y si bien Henry Campos (UDI), alcalde de Talcahuano y presidente (s) de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), asegura que la acción reinina es una señal de los problemas de seguridad comunales, al mismo tiempo “hay que tener un cuidado importante porque no podemos exponer a los vecinos a la autotutela, no podemos exponer a la ciudadanía a la justicia por mano propia. Lo que tenemos que hacer es seguir complementando las acciones municipales junto con las policías en pos de favorecer la prevención de los delitos que es la facultad que tienen los municipios”. Suma, además, que si esto está ocurriendo “es porque aquí está fallando la acción gubernamental para combatir el delito. Antes de empezar a criticar a los municipios, invito al Ministerio de Interior a hacer la pega”.

Por el contrario, Gustavo Alessandri (UDI), alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), dice valorar que se haya decretado estado de emergencia comunal y asegura que desde el directorio de la asociación hacen un llamado a todos sus municipios “a evaluar la medida de acuerdo a su propia realidad y demandas de sus vecinos”. Y añade: “Cada comuna debe implementar las medidas de seguridad que tenga relación con las características que viva cada territorio. Si La Reina estimó que tenía que tomar esa medida, es porque debe ser concordante con la realidad que están viviendo todos sus vecinos”.

Pero ¿qué implica la medida? ¿Cuáles son los alcances de la Emergencia Comunal y el programa de vigilantes civiles?

El decreto en cuestión es facultativo del alcalde y no necesita pasar por el consejo ante una situación compleja. En La Reina, de hecho, ya han recurrido a él en otras ocasiones, como en la pandemia o cuando las quebradas que pasan por la comuna comenzaron a crecer fruto de las lluvias de este año. Lo que hace, básicamente, es poder disponer de recursos de forma inmediata, los que salen de un ítem de emergencia que tiene el municipio para estas situaciones y que, en este caso, ronda los 50 millones de pesos. “Nos ayuda a realizar acciones, a poner en marcha rápidamente cosas. En este caso en el cuadrante 101 hemos visto un incremento importante de acciones delictuales, generado mucha intranquilidad en los vecinos. Entonces ahí realizaremos estrategias que permiten marcar presencia en el territorio”, explica a La Tercera el alcalde Palacios.

En concreto, esas medidas apuntan a la construcción de un nuevo Centro de Reacción Integral (la comuna ya cuenta con uno). Los dineros de emergencia básicamente permitirán edificar un recinto que dé cobijo a un inspector municipal 24 horas al día junto a una persona de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y un vehículo para reaccionar ante emergencias. “Es lo que nos piden los vecinos”, reseña el edil.

A esto se sumará el ya mentado Programa Vigilantes Civiles Municipales, el cual, según revela el alcalde, es un modelo replicado desde Perú, que se da en zonas como la de Miraflores, en Lima. “Son vecinos organizados del mismo sector que trabajan remunerados para la municipalidad y que recorren la comuna identificando situaciones que pudiesen ser peligrosas o un riesgo de seguridad”, detalla Palacios. Lo anterior apunta a incivilidades, rayados, áreas verdes mal mantenidas o ramas que pueden estar entorpeciendo un sector determinado y que propician la delincuencia. Pero también estarán al tanto de situaciones más peligrosas, como vigilar autos estacionados por largo tiempo con personas en su interior o algún movimiento sospechoso. Todo esto debe ser informado a los inspectores municipales o Carabineros y, en la teoría, en ningún caso actuar.

“Se les hará una inducción y la idea es disuadir a esas personas que puedan andar mirando propiedades. Lo importante es que estén observando, no es que intervengan en ningún procedimiento porque eso ni siquiera es competencia de los inspectores municipales, es exclusivo de Carabineros”, acota Palacios, quien responde a los cuestionamientos que apuntan a una suerte de autotutela vecinal: “Nosotros ya tenemos la experiencia de los comités de seguridad, que son más de 300 en la comuna y son vecinos organizados con protocolos de reacción guiados por la Dirección de Seguridad. No veo mayor riesgo, aunque evidentemente hay cosas que pueden salir que habrá que corregir. Lo importante es buscar estrategias que nos permitan disminuir la crisis de seguridad que el gobierno no quiere ver. Sus medidas no son suficientes”, se extiende.

Sobre si esos vigilantes tendrán un perfil específico, aún no se sabe, pero la idea es que tengan ciertas competencias, desde lo físico a lo sicológico. “Vamos a hacer un chequeo, una entrevista y una evaluación sobre si está capacitado o tiene las condiciones necesarias”, explica el alcalde, quien, entre otros, apunta a que los postulantes puedan ser profesionales jubilados recientemente como una fuente complementaria a sus pensiones, con un sueldo que no se ha definido, pero que podría estar en torno a los 500 mil pesos.

“Si no encontramos alguna situación administrativa compleja, estamos trabajando para tenerlos funcionando antes de 15 días”, cierra el edil.