“Cartilla de derechos y obligaciones población beneficiada con la modalidad alternativa de cumplimiento de pena: Reclusión domiciliaria total (Art. 11 inciso 1° de la Ley 21.228 ”. Así se titula el papel que le entregaron a los reos que han salido de la cárcel beneficiados con el indulto que entregó el gobierno en medio de la pandemia por el coronavirus. En total, son 1.860 las personas que desde ahora en adelante dejarán los penales y cumplirán su pena con arresto domiciliario total.

Uno de ellos es Gabriel Paredes Silva (25), quien fue detenido por robo con violencia hace cerca de cuatro años. “Exactamente hace 32 meses atrás. Ocurrió en el sector de Los Dominicos, en Las Condes. Con un compañero nos robamos un vehículo, un Mercedes Benz E-350 con un GPS y nos detuvieron en la casa del compañero con el que yo me robé el vehículo. Y de ahí nos hicieron el control de detención, pasamos a prisión preventiva donde estuve como 15 meses en Santiago 1 y quedé condenado en juicio oral a cinco años y un día. Después de eso, me trasladaron a la cárcel de Puente Alto donde estuve dos años haciendo conducta, siendo mozo de la basura, de baño, de cocina, de taller de madera, hasta que obtuve los beneficios de la salida dominical y justo apareció la posibilidad de este indulto y me dieron el beneficio”, cuenta Paredes.

Este domingo tuvo su primera salida dominical, luego de varios meses de buena conducta y como ya llevaba cumplida más de la mitad de la condena, obtuvo los requisitos para salir de la cárcel.

“Este era el primer domingo que salía a mi salida dominical. Cuando llegué a la cárcel de vuelta de mi primera salida me preguntaron mi nombre, revisaron una lista y me dijeron que salí indultado. Tuve que esperar un rato que hicieran el trámite hasta que me soltaron”, dice.

Desde entonces está en su casa en la Villa Primavera en Puente Alto con arresto domiciliario total. Ahí vive junto a su madre, su señora y un hijo de casi 4 años. “Ahora estoy esperando retomar mi capacitación de soldador una vez que pasé la pandemia para poder reinsertarme a la sociedad. Después de tanto tiempo preso me va a costar encontrar un trabajo. Ya no quiero hacer más cosas, quiero reinsertarme a la sociedad para no volver a estar preso”, señala.

Dice que hoy viven con lo que gana su madre, quien hace aseo en una casa. “Recibimos el bono Covid de $ 50 mil y con esa plata me la he arreglado estos tres días desde que salí de la cárcel. La única esperanza que me queda es retomar esos cursos y me capaciten y empezar a trabajar porque de salir a robar nica. Me ha costado tanto llegar a este punto que no lo voy a perder todo por algo tan tonto”.

Además de la falta de dinero, hay otro tema que dice Paredes le ha preocupado desde que dejó de la cárcel. “Salí de la cárcel el domingo y aún no me han venido a controlar a la casa. Fue tan rápido, había tanta gente que al final no nos dijeron nada, que nos fuéramos para la casa, nos quedáramos ahí y nada más. Yo de hecho ahora le pregunté a mi abogada, un funcionario me dijo que fuera al CRS (Centro de Reinserción Social), otro me dijo que me quedara aquí, otro que fuera al juzgado y ahí ella (la abogada) me mostró un papel que le dieron a otro interno que fue al CRS que iban a controlarnos a través de una aplicación que se llama Geovictoria. Descargué la aplicación, pero pide un usuario, una clave y no tengo porque no me han notificado de nada, estoy aquí no más”, explica.

El joven se refiere a un documento en que Gendarmería señala que el indultado deberá “contactarse telefónicamente cuatro veces al día, una en horario de la mañana, al medio día, en la tarde y en la noche. Para ello deberá acceder a la aplicación de Geovictoria, instalada en su teléfono celular, ingresar con su clave única y deberá realizar la marcación correspondiente”.

El mismo problema que Paredes dice tener Alejandra Mancilla Villaroel (32), quien también fue indultada y salió de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín el pasado viernes. “Yo llegué a la cárcel el año pasado porque me revocaron un beneficio de 2012, cuando fui condenada por tráfico en pequeñas cantidades. En 2012 estaba con reclusión nocturna, pero nunca me presenté porque nunca fui notificada”, cuenta Mancilla, quien tiene a un hijo de un poco más de un año, con quien vivió en el penal durante el tiempo que estuvo en prisión.

Explica que no le han entregado un usuario ni clave para poder usar la aplicación y que hoy irá a un CRS para informar su situación, ya que dice tener miedo de que digan que no está cumpliendo con la medida de arresto domiciliario total.

“Mi hijo nació el 12 de octubre de 2018. Cuando ingresé a la cárcel de San Joaquín mi hijo tenía 10 meses. No habían los medios ahí para que tengan a los bebés, se cayó, se quemó con una rampla. Yo vivía en la sección cuna con 12 mujeres, nueve con bebé y tres embarazadas. Uno tiene que hacer aseo con las guagua y ahí es cuando ellas se caen y pasan estas cosas, uno tiene trapear, botar containers y tienes que dejar tu guagua encargada con internas que ni conoces”, cuenta sobre su paso en prisión.

También estuvo unos meses en la Cárcel de Valdivia donde, señala, no había una sección especial para las mujeres con niños o embarazadas.

Respecto al problema para controlar el arresto domiciliario de los indultados, Keomara Henriquez Jaramillo, defensora penitenciaria, indica que “la falta de información ha sido un problema”.

Según la abogada, “es el primer día hábil luego que las beneficiadas por el indulto conmutativo recuperaran su libertad y nos han llamado todo el día a la oficina porque no saben cómo instalar la aplicación. Tienen miedo que las acusen de incumplir el arresto domiciliario total y revoquen la medida. Asisten a los CRS donde tampoco les explican lo que deben hacer y les dicen que deben volver en mayo. El día de hoy (ayer) solicité a personal de Gendarmería de Chile del CPF San Joaquín que aclarara las instrucciones para ayudar a nuestras usuarias, pero tampoco tenemos contacto con todas. Algunas tampoco tienen acceso a internet o equipos que permitan instalar este tipo de aplicaciones”.

Agrega que “hasta ahora todos han respondido que recibieron la misma instrucción, que la App no es fácil de usar y probablemente para alguien mayor de 65 años sea casi imposible”.

Desde la Defensoría Penal Pública señalan que “como institución haremos las gestiones que sean necesarias, para que ningún beneficiado con el indulto conmutativo pueda ver revocado el beneficio. Es un tema que genera nuestra atención, por el compromiso que tenemos con nuestros clientes y el fuerte compromiso con el derecho a la libertad”.