El acto masivo y ciudadano que prepara Antonia Orellana para el 8M y la apuesta para su agenda 2024

Dentro de las prioridades de la ministra de la Mujer están el pago efectivo de las deudas de pensiones de alimentos, la aprobación del proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y el fortalecimiento al SernamEG, entre otras. Sin embargo, sigue pendiente una de las principales promesas de esta administración: el aborto libre, el que tampoco figura como uno de los principales ejes para este año.


En los últimos días, varias de las integrantes del gabinete del Presidente Gabriel Boric recibieron una solicitud: bloquear sus agendas para el próximo viernes 8 de marzo, día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Las expectativas de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y de La Moneda son más grandes que en 2023, ya que este año están planificando un acto masivo y ciudadano, en el que estará presente el Mandatario y que será convocado todo el gabinete, se realizará en terreno y no en Palacio. Además estarán invitadas parlamentarias y organizaciones sociales.

El foco del acto estará en enfrentar la violencia contra las mujeres y también en recalcar avances y prioridades para la agenda legislativa de 2024. Además se hará mención a la reforma de pensiones en aquellos asuntos que tienen que ver con la cartera.

“En los dos primeros años hemos avanzado en temas importantes para las mujeres, como la instalación del sistema para el pago efectivo de pensiones de alimentos, que permite abordar un problema que históricamente ha afectado a muchas madres y cuidadoras”, sostiene Orellana.

Y agrega. “También desarrollamos un intenso trabajo legislativo para contar con mejores políticas para las mujeres, como las leyes de Conciliación, de 40 horas, de protección y reparación para víctimas de femicidio, entre otras. Este año tenemos como prioridad la aprobación de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género y las modificaciones al régimen de sociedad conyugal, que genera una enorme discriminación contra las mujeres. Asimismo, continuaremos mejorando la atención y respuesta que entrega el ministerio a través de SernamEG a mujeres que viven violencia”.

El acto será solo tres días antes del segundo aniversario de gobierno, en el que La Moneda pondrá el foco en la concreción de acciones.

Gaete / Agencia Uno.

Las prioridades

En el ministerio fijaron cuatro prioridades para el año: el pago efectivo de las deudas de pensiones de alimentos, la aprobación del proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujeres, el proyecto de sociedad conyugal y el fortalecimiento al SernamEG.

En cuanto a las deudas de pensiones de alimentos, pese a que la implementación del sistema, según datos del ministerio, ha permitido el pago de más de 52 mil millones de pesos con cargo a los fondos de pensiones de los deudores en sus primeros seis meses de vigencia, la cartera continuará aplicando las mejoras que sean necesarias para agilizar los tiempos de inscripción y pago. Así, trabajarán en conjunto con el Servicio de Registro Civil, el Ministerio de Justicia y la Comisión del Mercado Financiero (CMF) en temas de innovación tecnológica.

Una de esas mejoras es la inyección de alrededor de $11 mil millones para agilizar proyectos de ley y disponer de más funcionarios en los tribunales para que se hagan efectivos los pagos.

Por otro lado, el 4 de marzo, cuando vuelva la actividad en el Congreso, continuará la discusión del proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. La iniciativa busca garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, reconocer todas las formas de violencia -como la obstétrica- y ampliar el delito de violencia intrafamiliar a relaciones sin convivencia, como el poroleo. También busca incluir a hijos como eventuales víctimas de las secuelas que pueden dejar estos hechos.

Orellana ha abordado los avances de esta iniciativa con la expresidenta Michelle Bachelet, ya que el proyecto ingresó en 2017, durante su segundo gobierno.

Otra prioridad es aprobar el proyecto de ley que modifica el régimen de sociedad conyugal, para que la administración de los bienes de la sociedad de ambas personas sea conjunta y no haya discriminación hacia la mujer.

La secretaria de Estado conversó de esta materia con la exministra Mónica Zalaquett -quien ejerció en el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera- y se comprometió a darle prioridad.

En último lugar, la ministra también liderará un proceso de habilitación de nuevos Centros de Atención Especializada en Violencias de Género, que se repartirán por todo el país y que fue parte de la última cuenta pública de Boric.

¿Y el aborto libre?

Un tema más complejo, por el que ha sido cuestionada la ministra Orellana, es el aborto libre, promesa de gobierno que se ha visto entorpecida ya que no cuenta con apoyo suficiente, ni en el oficialismo ni en la oposición.

En octubre de 2022, la titular de la Mujer, quien integra el comité político de Boric, aseguró en Tolerencia Cero que enviarían un proyecto de ley en la materia. “Hay una decisión de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y eso es nuestro compromiso como gobierno feminista, no lo hacemos a la ‘tincada’ nuestra, se hace dialogando con las organizaciones, porque esos avances nunca se han logrado sin el movimiento de mujeres”, dijo en la oportunidad.

No obstante, en marzo del año pasado ese tono cambió. Ese mes, ad portas de la conmemoración del 8M, señaló -en entrevista con CNN Chile- que “nuestro principal desafío es aquello (aborto libre) que se consagre en la ley, llegue a las mujeres”. Sin embargo, descartó que se fuera a ver durante el 2023.

Este año, en tanto, en el gobierno no han dado señales de avanzar. Asimismo, transmiten que ven poco viable concretar esa iniciativa. De todas formas, la secretaria de Estado tiene todavía intenciones de sacar adelante un proyecto en la materia. Para eso, dicen en la cartera, primero debe lograr un acuerdo entre las organizaciones de la sociedad civil, donde hay distintas miradas.

Así, Orellana ha estado en constante comunicación con esos organismos, que presionan para que se cumpla la palabra. De todas formas, el problema mayor es político: no están los votos en el Congreso.

Por la misma razón, algunos parlamentarios transmiten que lo mejor sería sincerar que es una promesa que no se podrá cumplir.

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