Si el 26 de octubre próximo ganara el Apruebo, ¿cuánto costará la instalación de una convención constitucional? ¿Cuánta personal de apoyo se requiere? ¿Dónde sería la primera sesión? ¿Qué asignaciones le corresponderían a los y las constituyentes?

Esos son algunos de los temas que la semana pasada abordaron el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), y el vicepresidente la corporación, Francisco Undurraga (Evópoli), con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg.

En esa cita realizada a través de Zoom -en la que estuvo presente también el secretario de la Cámara, Miguel Landeros-, los congresistas hablaron de cifras preliminares con el gobierno.

Apoyados de un PPT titulado “Estimación de costos funcionamiento de la convención constitucional”, los representantes del Congreso trasmitieron al gobierno sus propias cuentas en base a la experiencia de gasto del Parlamento.

Así, según un personero cercano al gobierno que tuvo acceso a la presentación, los representantes de la mesa de la Cámara transmitieron que el valor de instalación del proceso constituyente solo en los siete meses de 2021 que podría funcionar una convención podría alcanzar los $10.270 millones. Ese valor incluye 8 mil millones en dietas y asignaciones, poco más de $1.300 millones en la instalación de equipos técnicos, y está construido en base a la posibilidad de que la sede de la convención fuera el edificio del ex Congreso Nacional que dejó de funcionar para sesiones desde el inicio de la pandemia. Para ello se contemplan más de $900 millones en la habilitación del salón de honor.

Un personero añade que para un año completo de funcionamiento de la convención constitucional, si su periodo se prorroga, el valor total podría alcanzar los 14 mil millones de pesos, un presupuesto similar al que tiene la Biblioteca del Congreso Nacional.

Todas son cifras preliminares y dependerán de las decisiones que adopte finalmente el presidente Sebastián Piñera, quien debe determinar cómo se llevará adelante el proceso y puede decidir, por ejemplo, optar por otra sede y encargados de instalación.

Paulsen, Undurraga y Landeros también se reunieron la semana pasada con Matías Acevedo, director de Presupuestos, y Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda, a quienes comprometieron la entrega del mismo documento que contiene los cálculos preliminares para el funcionamiento de una convención.

El ministro Monckeberg se volverá a reunir con el presidente de la Cámara este martes para tratar el tema.

Para el gobierno hoy es prioridad establecer cuánto puede costar la convención constitucional en cualquiera de las dos modalidades (mixta o constituyente) dado que esos valores deben ser incluidos en la Ley de Presupuesto que se envía el 30 de septiembre.

En vista de que el plebiscito será posterior al envío del proyecto, la alternativa que se estudia hasta ahora es guardarlo en la provisión del Tesoro Público en espera de resultados del 25 del octubre.

Luego, el Presidente tiene que tomar la determinación de a quién le encarga el proceso y enviar el proceso respecto de instalación del proceso.

Las estimaciones de costo realizadas por la Cámara de Diputados consideran que el soporte físico y técnico lo entregue el Congreso Nacional, como ha ocurrido en las convenciones constituyentes desde 1928 en adelante.

La Cámara viene colaborando con el gobierno en el presupuesto de la Convención desde la presidencia de Iván Flores (DC), quien entonces fue contactado por el ex ministro Gonzalo Blumel para tal efecto.

Ahora con el tiempo en contra, el ministro Monckeberg pidió acelerar la entrega de la información que tiene a la mano el Congreso y que será contrastada con el trabajo que viene realizando también la Dipres para establecer el presupuesto que se destinará para el proceso que sigue al plebiscito.

El año pasado, la secretaría de la Cámara de Diputados elaboró un informe tras un encargo del entonces presidente de la Corporación, Iván Flores (DC), en el cual se realizó un primer cálculo sobre el costo de la realización de una convención constitucional (mixta o no).

El informe cifró en $2.700 millones de pesos el costo que tendría la instancia, lo que entonces fue explicado por Landeros, quien además aseveró que el monto involucraba gastos operacionales, de traslado, alimentación y la dieta de los constituyentes, asimilable al de un consejero regional.

“Estimamos que si se utilizan las instalaciones del Congreso Nacional (en Santiago) el costo sería (de) entre $500 hasta $700 millones, dependiendo de cuántos son los traslados de los comisionados y cuántos estos son”, dijo Landeros en noviembre de 2019, tomando en cuenta a 155 constituyentes.

La Cámara entonces propuso utilizar el edificio de Bandera con Compañía –considerando que el Congreso trabaje en Valparaíso- y que el personal necesario para el funcionamiento de la convención salga de la planta del Parlamento. “Vamos a aportar todos los gastos institucionales que podamos colaborar con el funcionamiento para que al erario nacional le sea lo más económico posible. Pero eso hay que conversarlo con Hacienda”, dijo Landeros.

En ese entonces, el secretario de la Cámara calculó que en conjunto con la convención funcionarían comisiones redactoras de capítulos que utilizarían oficinas, además del salón de honor o pleno, el que tiene una capacidad de 150 personas.

En marzo de este año, en tanto, La Tercera PM dio a conocer el monto que la Dipres asignó al Servel para implementar el plebiscito que en ese entonces se realizaría el 26 de abril. Los recursos ascendieron a $24.258 millones de pesos, unos US$ 29 millones, mientras el Servel había solicitado $30 mil millones . En ese entonces, la Dipres indicó a este medio que con estos recursos se financiaba la implementación solo del plebiscito de abril y no de todo el proceso constituyente.