Fiscalía formalizará a cinco personas por ingreso irregular de ciudadanos haitianos en vuelos charter

Una serie de imágenes se conocieron en 2018 de vuelos que traían a Chile a ciudadanos haitianos.

Ministerio Público levantará cargos a ejecutivos de agencias de viaje, quienes habrían fomentado la llegada de extranjeros bajo la fachada de turismo, cuando en realidad estos buscaban radicarse en el país.




Corría febrero de 2018 y en diversas redes sociales comenzaban a hacerse virales videos de aviones con el fuselaje completamente blanco, en que descendían cientos de ciudadanos haitianos. Todos ellos, además, portaban unas carpetas con una serie de documentación que, según las autoridades, contenía lo necesario para ingresar a Chile sin levantar sospechas.

Estas situaciones generaron denuncias por parte del gobierno e investigaciones por parte del Ministerio Público, en que se buscaba aclarar qué existía detrás de estos misteriosos vuelos. Y transcurridos más de tres años de estas imágenes, la Fiscalía Centro Norte decidió dar un paso clave: formalizar a cinco personas, en que imputará el delito de tráfico de migrantes.

La petición de audiencia fue realizada a fines de marzo por la persecutora Carolina Suazo. En la solicitud -a la que accedió La Tercera- se indica que el ente persecutor presentará cargos contra tres ciudadanos chilenos y otros dos haitianos. Los primeros fueron identificados como Héctor Gacitúa González, Patricio Flores Torres y Andrés Sotomayor García, mientras que los extranjeros que serán formalizados son Diubon Pierre Antoine y Djimy Dymijour.

De acuerdo al escrito, se les imputará la “participación y responsabilidad que les corresponde en los hechos que serán expuestos en la audiencia y que son constitutivos de los delitos de tráfico ilícito de migrantes reiterado, ilícito previsto y sancionado en el Artículo 411 bis, del Código Penal, respectivamente, en grado de ejecución consumado, en los que, además, se les atribuye participación a los imputados en calidad de autores”.

Asimismo, añade que se trata de “hechos ocurridos al menos en el período comprendido entre el mes de octubre de 2017 y 2018, desde la Agencia Gabel Chile, ubicada en calle Catedral N°1017, Santiago, y otras agencias ubicadas en la misma comuna”.

Fuentes de la causa indican que la indagatoria busca esclarecer la eventual responsabilidad de una serie de agencias de viajes, las que usando contactos en Haití habrían fomentado que ciudadanos de ese país viajaran a Chile indicando que serían turistas, cuando en realidad buscaban radicarse en esta nación. Para ello, habrían cobrado diversas sumas de dinero a las víctimas.

Entre los aspectos que la fiscalía también busca aclarar, indicaron fuentes de la causa, es saber si funcionarios estatales ligados a la actividad aérea tuvieron algún conocimiento de esta situación.

La audiencia de formalización quedó programada para el próximo 9 de agosto. Según los registro del Poder Judicial, ya fueron notificados de esta audiencia los abogados defensores José Mella y Fernando Flores (por Dymijour), así como Rodrigo de la Barra (representante de Sotomayor).

No obstante, existe otro elementos que el Ministerio Público también está persiguiendo: el lavado de activos. Así, la Fiscalía Centro Norte tiene una serie de blancos investigativos. En estos, se les busca imputar si es que “a sabiendas de que determinados dineros y bienes provenían directa o indirectamente del desarrollo de actividades de tráfico ilícito de migrantes, ocultaron o disimularon el origen ilícito de dichos bienes o los bienes en sí mismos y adquirieron, poseyeron, tuvieron o usaron dichos bienes, con ánimo de lucro, habiendo conocido su origen ilícito al momento de recibirlos”, según indica un documento de la fiscalía.

En este mismo escrito se señala que a uno de los indagados en esta causa, la actividad del tráfico de migrantes “le produjo importantes cantidades de dinero, los cuales ocultó o disimuló a través de diversos testaferros o prestanombres, quienes tenían pleno conocimiento del origen ilícito de los bienes (...). Ninguno de los testaferros señalados precedentemente posee una actividad económica autónoma lícita de una entidad que les permita justificar las inversiones u operaciones financieras en las cuales participaron”.

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