Las versiones que rodean el tiroteo en Cañete que puso en jaque el estado de excepción en la Macrozona Sur

Anoche, comuneros mapuches llegaron a manifestarse en las afueras del Cesfam de Tirúa y también en el Hospital de Temuco. Carabineros desplegó contingente para evitar desórdenes. (Photo by MARIO QUILODRAN / AFP)

A las 13.45 horas, un grupo de encapuchados se tomó parte del kilómetro 8 de la Ruta P-72, que une a Cañete con Tirúa, en la Región del Biobío. En ese procedimiento, Carabineros utilizó su carro lanzagases y requirió el apoyo de la Armada, quienes para repeler los ataques -señalaron- utilizaron sus armas de servicio. Hasta ahora, las primeras pesquisas dan cuenta de que la policía uniformada no habría utilizado sus armas y que ya entregaron a la PDI y a la fiscalía las cámaras corporales que portaban los funcionarios COP que estuvieron en el lugar.




Era una especie de “peaje” que desde hace un año y medio estaba instalado en el kilómetro 8 de la Ruta P-72, que une a Cañete con Tirúa. Desde que comenzó la pandemia, un grupo armado dispuso esta barrera de control para evitar el ingreso a las comunidades que hay en la zona, incluso, supervisando los controles sanitarios que hacían las autoridades de salud.

Sin embargo, cuando el 13 de octubre de este año la Armada tomó el control de los servicios en el Biobío (tras el decreto presidencial de estado de excepción), el improvisado “peaje” de los integrantes más radicales de las comunidades que habitan en esa zona terminó. Pero, lejos de aminorarse las tensiones, estas fueron creciendo, hasta llegar a su momento más álgido durante la tarde de ayer.

Tras una jornada que tuvo dos duros hechos de violencia en la zona, el gobierno informó esta mañana sobre el fallecimiento de una persona en un centro hospitalario (ayer había sostenido que eran dos), luego de llegar herido a bala. Otro hombre de 44 años, en tanto, está gravemente herido, en riesgo vital. El joven que murió se llamaba Jordan Eduardo Llempi Machacan, de 23 años. Y en la mañana, a eso de las 11.40, su hermano Nicolás (21) había sido detenido por receptación y porte de municiones, siendo formalizado y quedando con la medida cautelar de arresto domiciliario parcial.

El caso activó una serie de gestiones entre el gobierno, las policías y la Armada. No se sabía muy bien cómo sucedieron los hechos, y no fue hasta las 21 horas que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, habló en La Moneda: “La relación de esas personas con los eventos que acabo de describir es parte de la investigación, porque hubo un espacio de tiempo de cuatro horas entre un evento y otro”, dijo el secretario de Estado.

¿Cuáles fueron los hechos? ¿Hubo un enfrentamiento? ¿El joven fallecido murió por acción de Carabineros y los efectivos de la Armada? ¿Había cámaras que registraron los incidentes de violencia?

La Tercera PM, a través de distintas fuentes del caso, reconstruyó lo ocurrido. El caso, además, se da en medio del intento del gobierno por prolongar el estado de excepción en las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía; y la de Arauco, en el Biobío. El oficio se envió hoy al Congreso.

La toma del paradero

A las 13.50 de la tarde, Carabineros recibió un llamado que los requería para concurrir al kilómetro 8 de la Ruta P-72. Los efectivos de Control y Orden Público (COP) fueron alertados que “15 sujetos armados facción Sector San Carlos” trasladaron la estructura de un paradero hasta un predio que contaba con medidas de protección policial.

Cuando Carabineros llegó al lugar a bordo de vehículos antidisturbios, fueron recibidos con elementos contundentes por los “sujetos armados” que estaban en el lugar. En la policía creían que se trataba de una de las tantas emboscadas que diariamente enfrentan en la zona y comenzaron a disuadir los ataques -afirman fuentes policiales- con gases.

Como el estado de excepción faculta a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a colaborar con las policías, Carabineros llamó a efectivos de la Armada para que concurrieran en su ayuda. Estos llegaron -según dijo ayer el contraalmirante Jorge Parga- a las 14.35 de la tarde: “Ante el constante fuego por parte de los encapuchados, personal de la Armada debió hacer uso de sus armas de servicio”, dijo el oficial.

Acá es necesario detenerse, advierten las fuentes consultadas. Sería en este evento que resultaron personas heridas a bala y que, eventualmente, podrían corresponder a quienes llegaron a atender a los Centros de Salud Familiar (Cesfam) de la zona.

Hay un reporte policial que da cuenta que a las 18.15 horas, la directora del centro de salud de Tirúa, en forma telefónica, se comunicó con el jefe de la Subcomisaría de Tirúa para informarle que tenían a un fallecido por impacto balístico y a otro lesionado. El primero es Llempi Machacan, el joven de 23 años que no tenía antecedentes penales, pero sí una detención policial por hurto en 2017.

Las cuentas que sacan entre las autoridades de la zona es que ese Cesfam está a 60 kilómetros -aproximadamente- del lugar de los hechos, por lo que podría coincidir con este evento de violencia, dado que el tiroteo iniciado tras la toma del paradero duró aproximadamente tres horas.

Carabineros entrega armas y cámaras

Una de las interrogantes planteadas es ¿quién disparó? Altas fuentes policiales aseguran que Carabineros no abrió fuego y que incluso, cuando terminó el procedimiento, se revisaron las armas que participaron del procedimiento y que estas estarían con todas sus balas.

¿Por qué no dispararon? Las fuentes consultadas señalan que “tras años de porrazos”, los efectivos ahora tienen protocolos en que solo se dispara cuando tienen a la vista un blanco claro, cosa que no ocurrió la tarde de ayer. Es ahí, dicen, que los marinos llegaron al lugar.

Desde la Armada no desmienten el uso de su arma. El ministro Delgado afirmó anoche que habrían “utilizado munición de salva, no letal, para disuadir a estas personas que estaban atacando con armas de fuego de grueso calibre tanto a la caravana de Carabineros como de la Armada, y una vez que dejan de utilizar las armas de salva, habrían utilizado ya las armas de servicio”.

Las balas de salva solo percutan ruido y tienen un máximo de tres tiros, después se vuelve a la composición original con balas tradicionales. A diferencia de estas últimas, las municiones de salva no provocan la muerte.

En cuanto a lo que siempre se pregunta -tras el homicidio a Camilo Catrillanca- sobre si los carabineros contaban o no con cámaras portátiles, fuentes del caso aseguran que la policía uniformada sí mantenía estos dispositivos. Seis de estos dispositivos ya fueron entregados a la PDI y el Ministerio Público para ser revisadas por los investigadores.

Indagan disparos desde una camioneta

El segundo hecho de violencia vinculado presumiblemente a este caso ocurrió en el mismo kilómetro 8 de la Ruta 72, pero a las 18.00. Luego de los eventos desarrollados entre las 13.45 y 17 horas, la Armada y Carabineros logran la detención de tres personas, luego de un patrullaje mixto en el lugar.

Se trata de Kevin Matías Santi Cárdenas (21 años) y un adolescente de 15 años, quienes se trasladaban por el sector en una camioneta con encargo por robo, portando munición de distinto calibre. Ambos, sin embargo, quedaron en libertad a la espera de ser requeridos por la Fiscalía.

La Armada contabilizó, al terminar la jornada, un fusil calibre 7.62x51, una escopeta de fabricación artesanal, 57 cartuchos 9 mm fogueo, 50 cartuchos 5.56 mm, 2 cartuchos calibre .22 largo, una vaina 9 mm fogueo y 16 cartuchos calibre 12.

Una de las escopetas incautadas durante la jornada de ayer.

Es luego de ese evento que testigos llegaron hasta distintos centros asistenciales, donde aseguraron que fueron los marinos quienes dispararon, sin previa provocación. “Nosotros estábamos pasando y de la nada nos empiezan a disparar”, dijo ayer un hombre ante las cámaras de televisión apostadas en el Cesfam de Tirúa.

En el gobierno están conscientes de la magnitud del caso, tanto así que el propio Presidente Piñera se refirió a lo ocurrido en La Moneda, respaldando por ahora la labor de las FF.AA. y las policías, aunque emplazando a colaborar con todo en la investigación del Ministerio Público. “La responsabilidad por las pérdidas de vida, tanto en uniformados como civiles, ocurridas en los últimos tiempos, recae en las organizaciones de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo”, dijo.

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