Libre importación de alimentos y “garantías procesales” para detenidos: las medidas con que Díaz-Canel busca apaciguar la crisis en Cuba

Cubanos caminan por una calle de La Habana, el jueves. Foto: AFP

"No, no queremos migajas. Queremos libertad. La sangre no se derramó en las calles cubanas para poder importar unas maletas de más”, criticó la disidente Yoani Sánchez.




Tres días después de que se desataran unas protestas inéditas en 27 años en Cuba, el gobierno del Presidente Miguel Díaz-Canel anunció este miércoles una serie de medidas excepcionales para hacer frente a la escasez y el malestar social. Además de ordenar la libre importación de alimentos, medicamentos y productos de aseo por parte de los viajeros, así como una profunda reestructuración de las empresas estatales, incluidas las políticas salariales, las autoridades de La Habana también ofrecieron “garantías procesales” para los manifestantes antigubernamentales detenidos.

Las autoridades acordaron “autorizar excepcionalmente y con carácter temporal la importación por la vía del pasajero, es decir del equipaje acompañante en el viaje, los alimentos, aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles”, dijo el primer ministro, Manuel Marrero, en la televisión cubana.

Las leyes cubanas permiten la importación no comercial de 10 kilos de medicamentos, libre de impuestos, mientras que pone cantidades topes a alimentos y otros productos, por los que sí cobra impuestos.

“Usted puede traer la cantidad de alimentos, de productos de aseo y la cantidad de medicamentos que usted considere, el límite no lo ponemos nosotros, no lo pone el país, no lo pone la aduana, el límite se lo puede poner la aerolínea”, dijo Marrero, quien agregó que “esto es una medida que estamos tomando hasta el 31 de diciembre, después haremos una valoración”.

Un grupo de artistas e intelectuales, entre ellos el cineasta Fernando Pérez y el economista Carmelo Mesa Lago, habían pedido que se “faciliten y viabilicen los procesos para permitir la entrada de medicamentos y enseres médicos al país”.

Sin embargo, el anuncio fue recibido con escepticismo y recelo por parte de los críticos del gobierno cubano. La disidente Yoani Sánchez escribió: “No, no queremos migajas. Queremos libertad. La sangre no se derramó en las calles cubanas para poder importar unas maletas de más. La mayoría de los heridos o detenidos ni siquiera tiene a nadie que le traiga algo en su equipaje”.

“Tú pudiste quitar los impuestos al aseo personal, a los medicamentos, a la alimentación desde el inicio de la pandemia y no lo hiciste. Provocaste dolor y hambre al pueblo para exprimirle los pocos dólares que llegaban de los familiares. Criminal”, señaló en un tuit Elaine Díaz, directora de la revista digital Periodismo de Barrio, en alusión a Díaz-Canel.

El primer ministro también anunció un programa provisional que beneficiaría a unas 300.000 personas que viven en la actualidad en lugares diferentes a donde están empadronados y, por lo tanto, no tienen posibilidades de comprar la canasta básica subsidiada que vende el Estado a cada ciudadano.

Por otro lado, el Ejecutivo informó de cambios en las políticas salariales del país, como parte de una transformación de gran calado en el sector empresarial del Estado. Fue el titular de Economía, Alejandro Gil, el que reveló que “se eliminará gradualmente la escala salarial en la empresa estatal socialista, lo que aumenta su autonomía y mejorará los ingresos de sus trabajadores”. Así, las empresas podrán a partir de ahora “administrar su fondo de salario”.

Para evitar los apagones que tanto irritan a la población y que se hicieron más frecuentes en las últimas semanas, Marrero explicó que se ordenó la revisión de centrales eléctricas del país con las que se espera la “mejora de manera considerable la capacidad de generación” y “lo que permitirá reducir las afectaciones”.

En esa línea, Cuba anunció este jueves que eximirá del pago de impuestos durante ocho años a empresas extranjeras de energías renovables que inviertan en el país y que cobrará un 20% de sus utilidades vencido ese plazo.

Se exime “a las empresas de capital totalmente extranjero que ejecutan proyectos de generación de electricidad con fuentes renovables de energía, del pago del Impuesto sobre Utilidades por ocho años, contados a partir del comienzo de sus operaciones comerciales”, dice una resolución publicada en la Gaceta Oficial.

El texto, firmado por la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, señala que la medida se hace “con el objetivo de elevar la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz de generación de energía eléctrica”.

La matriz energética cubana está formada actualmente por un 95% de combustibles fósiles y un 5% de renovables. El país aspira modificar esta proporción hasta el 24% de renovables para el año 2030, lo cual requiere una cuantiosa inversión.

Covid-19 y detenidos

Asimismo, Marrero defendió que se acelerará el proceso de vacunación contra el Covid-19 después de registrarse este miércoles 51 muertes a causa de la enfermedad, una cifra que es la más alta de fallecidos desde el inicio de la pandemia y que se enmarca en el incremento de la incidencia que viene registrando el país desde hace varias semanas.

“Mantenemos la política de gobierno de no afectar a la población, y así nos mantuvimos durante toda la pandemia, hasta que no fue posible, porque la demanda fue mayor que nuestra capacidad de generación de vacunas”, dijo el primer ministro cubano, quien anunció que espera que toda la población esté vacunada para finales de año.

Díaz-Canel, en tanto, hizo referencia a los detenidos en las manifestaciones asegurando que “esas personas recibirán la aplicación de las leyes en su justa medida y sin abusos” y tendrán “garantías procesales”. En este sentido, señaló que “habrá que pedir disculpas a quien en medio de la confusión fue maltratado injustamente”.

La coronel Moraima Brabet, jefa de investigación criminal del Ministerio del Interior, y Lisnay Mederos, fiscal jefa de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General, afirmaron que el gobierno respeta las garantías de los detenidos y que “no existen desaparecidos entre los capturados”. Según Brabet, todos los familiares de los detenidos fueron notificados sobre la ubicación de estas personas.

Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado que hay desaparecidos, destacó la BBC. Entre los delitos que se les podrían imputar a los detenidos están “desorden público, robo con fuerza en las cosas, desacato, lesiones, daños e instigación a delinquir”.

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