Los 100 días del estado de excepción en la Macrozona Sur: hechos de violencia bajan 44%, pero intensidad de atentados mantiene tensión

Los resultados de la medida impulsada por el Ejecutivo dan cuenta de 56.7375 controles, 139 detenidos y 277 hechos de violencia. En La Moneda hacen una buena evaluación de estos números, aunque aún preocupa el grado de violencia de quienes perpetran estos ilícitos. El gobierno entrante adelantó que no habrá una octava renovación de la medida. En Palacio, por su parte, reconocieron un cierto grado de incomodidad ante los dichos del jefe de la Defensa, Luis Cuéllar, al "invitar" a los grupos radicales a enfrentarse con las fuerzas militares.




“Es para enfrentar con mejores instrumentos y herramientas el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se ha enraizado en esas provincias y territorios”. De esta manera, el 12 de octubre de 2021, el propio Presidente Sebastián Piñera anunciaba, en La Moneda, el ingreso de un decreto a Contraloría para iniciar un estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur y así enfrentar los más de mil hechos de violencia rural en la zona.

La medida facultaba a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a colaborar con Carabineros y la PDI en sus despliegues y controles en las provincias de Arauco, en la Región del Biobío; Malleco y Cautín, en la Región de La Araucanía. Esa vez solo bastó con un decreto presidencial, sin embargo, para actualizarse, se necesitaba la aprobación del Congreso. De eso ya han pasado 100 días, con siete renovaciones al estado de excepción y un futuro incierto ante la mala evaluación de la medida que hace el gobierno entrante.

Los resultados de la medida impulsada por el Ejecutivo dan cuenta de 56.7375 controles realizados, que han dejado 139 detenidos, en diversos operativos policiales y controles conjuntos, según cifras de la Delegación Presidencial en la Macrozona Sur. En la IX Región es el Ejército quien tiene el control de estas fiscalizaciones; en el Biobío, la Armada.

En total, desde que se implementó la medida, los hechos de violencia rural se redujeron en un 44%, pasando de 499 eventos en los 100 días anteriores al estado de excepción a 277. En el gobierno hacen una buena evaluación de estos números, aunque aún preocupa que los hechos diarios de actos ilícitos relacionados a este tema alcanza los tres atentados diarios (antes eran cinco cada 24 horas).

Los atentados incendiarios también se proyectaron a la baja, pasando de 108, hasta antes del estado de excepción, a 89 eventos de este tipo. Este tipo de conductas es considerado el más grave dentro de los hechos de violencia rural. En este último tópico se incluyen, además de los siniestros, los robos a camiones forestales, barricadas en las carreteras, porte de munición ilegal y todo tipo de situaciones ilegales ligadas al conflicto mapuche.

El delegado presidencial en la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, explicó que “la evaluación, claramente, es positiva. El objetivo que se propuso de disminuir los hechos de violencia se ha cumplido y así lo demuestran los datos objetivos, tenemos menos atentados, menos usurpaciones y menos robos. La posibilidad de reducir eso a cero nunca fue algo que nos propusimos, porque este es un problema que lleva décadas, por lo tanto, esta tarea tenía como foco entregar más tranquilidad a la población con todas las herramientas que nos entrega el Estado”.

La cantidad de detenidos también es algo que destacan: durante el 2021 hubo 607 personas arrestadas, lo que corresponde al 59% de los aprehendidos de los últimos cuatro años (1.026).

Sin embargo, para la oposición y el gobierno entrante, la idea de prolongar el estado de excepción no convence, más cuando el martes (mismo día que se discutió en el Senado la extensión de la medida), dos personas murieron violentamente en Angol y Cañete.

Ayer, incluso, la diputada (PC) Camila Vallejo, y casi segura integrante del gabinete de Gabriel Boric, advirtió: “Que prime el diálogo, que se converse con todos los sectores que haya que conversar, porque simplemente insistir en la receta de los estados de excepción con los resultados que tenemos parece no ser suficiente”.

Misma postura parecería tener el presidente electo, quien ayer se reunió con representantes de Chile Vamos, a quienes les habría manifestado su intención de no prolongar la medida, más allá de disponer de los recursos necesarios para privilegiar el estado de derecho en la zona.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, José Miguel Insulza (PS), también es contrario a mantener a las FF.AA. en la zona. “El Ejército tiene funciones de Defensa que no tienen nada que ver con seguridad pública. Siempre he pensado que hay que fortalecer la seguridad, disponer más policías, establecer diálogos, hacer más controles, pero las Fuerzas Armadas no sirven para más allá de lo que están entrenados”, dijo a La Tercera PM.

Las armas y el llamado de atención al general de zona

En el gobierno están conscientes de que a pesar de la baja en los delitos la intensidad de estos ha recrudecido. Sin ir más lejos, lo ocurrido el martes fue una de las situaciones más violentas ocurridas durante los últimos meses.

Urquízar atribuye este aumento de violencia a que “es importante entender que en la Macrozona Sur, a mayor acción del Estado, hay una mayor reacción de las organizaciones radicalizadas y terroristas. Por ejemplo, en diciembre pasado se condenó a ocho personas de la Resistencia Mapuche Lafkenche (organización radical que actúa en Cañete) y a las pocas horas, un grupo incendió 31 cabañas en Lanalhue”.

En 2021 se incautaron 907 armas de fuego en la zona, donde destacan 36 armas de grueso calibre: 29 rifles, cinco fusiles, una carabina y una subametralladora.

En el Ejecutivo, además, hay una buena opinión de los servcios de las FF.AA. en la zona, pues han ayudado a Carabineros y a la PDI a mejorar los desplazamientos en terrenos complejos y a reforzar los puntos de control en las carreteras “más riesgosas”.

Es por eso que no cayó muy bien en Palacio lo que dijo este miércoles en un punto de prensa el jefe de la Defensa en La Araucanía, Luis Cuéllar, pues el rol del Ejército no estaba siendo cuestionado por nadie, hasta que el uniformado lanzó: “Aquí hay gente cobarde que mata civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros’, los invito”. Esto en alusión a lo ocurrido con los dos fallecidos del martes.

En La Moneda reconocen algunos que el tema generó a lo menos incomodidad, otros más drásticos indican que fue un “descriterio”, porque solo contribuye a crispar más el ambiente en la región. Así, según algunas versiones de gobierno, se le habría hecho ver al jefe de la defensa que sus palabras no fueron las más afortunadas.

En rigor fue una frase la que no gustó de las declaraciones de Cuéllar: “Los invito”. Por lo mismo, Urquízar, quien estaba al lado del general cuando efectuó estas declaraciones, le hizo ver que era mejor no hacer ese tipo de menciones. Pero, advierten fuentes que presenciaron el diálogo, fue un llamado de atención en buenos términos y sin ánimo recriminatorio.

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