Los escenarios judiciales que se abren en Chile tras la declaración del ex jefe de OAS

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Fiscal Ximena Chong.




A lo menos en cinco ocasiones diferentes, durante los últimos tres años, la fiscal de delitos de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, había intentado sin éxito obtener copia de las declaraciones que entregó el ex presidente de la empresa constructora brasileña OAS, Jose Aldemário Pinheiro Fhilo, sobre pagos de dineros políticos en Chile, al entonces juez Sergio Moro, quien estaba a cargo de la investigación por el llamado caso Lava Jato.

Los esfuerzos de la fiscal Chong, responsable de la investigación de las aristas en Chile del caso OAS, pese a que se dieron en el marco de los convenios de cooperación internacional ente los ministerios públicos de Brasil y Chile, no habían sido suficientes hasta ahora para acceder al grueso de los testimonios judiciales de Pinheiro.

El obstáculo era la exigencia del ex directivo de OAS a que la entrega a Chile de sus declaraciones fueran consideradas dentro de un acuerdo de delación compensada, para no perjudicar aún más su complicada situación judicial.

Precisamente por esa traba, la fiscal Chong, en julio de 2018, se vio obligada a separar la investigación que llevaba adelante respecto de OAS y solicitar sólo la formalización del exdiputado Marco Enríquez-Ominami y de uno de sus principales colaboradores Cristián Warner, por los delitos de fraude a las subvenciones y delitos tributarios, por el uso de un jet privado de OAS en la campaña presidencial de 2009, caso que está en estos momentos en la etapa previa al juicio oral.

Así, toda la investigación relacionada con eventuales pagos a la campaña presidencial de Michelle Bachelet de 2014, siguió abierta, pero con carácter de desformalizada, a la espera de que llegaran desde Brasil nuevos antecedentes. Recién el viernes pasado, la historia dio un giro.

Ese día, la Corte Suprema Federal de Sao Paulo, Brasil, ratificó el acuerdo de colaboración eficaz que había suscrito Pinheiro con los fiscales a cargo del caso Lava Jato en diciembre de 2018. La decisión del máximo tribunal paulista permitió así incorporar a las investigaciones en curso los testimonios que había proporcionado el ex presidente del directorio de OAS a la policía federal brasileña en enero y febrero del año pasado. A cambio, Pinheiro obtuvo su libertad condicional, tras más de tres años de prisión preventiva en el Curitiba.

Según el diario brasileño Folha de Sao Paulo, en esas declaraciones Pinheiro habría admitido el pago de más de 101 millones de pesos por parte de OAS a la campaña presidencial de Bachelet de 2013. Dineros que habrían sido solicitados por el ex mandatario Lula Da Silva, quien se encuentra condenado en Brasil por haber recibido un departamento de lujo de OAS a cambio de favores políticos.

En esa época, según el artículo de Folha de Sao Paulo, OAS temía que un cambio de gobierno en Chile pusiera en riesgo la inversión que tenía en ese momento la constructora brasileña en el consorcio que se adjudicó el puente de Chacao.

El temor no era infundado. En 2006, durante su primera administración, Bachelet había cancelado la construcción del puente de Chacao debido a su alto costo y baja rentabilidad social. Y, para entonces, la ex mandataria era la candidata con mayores posibilidades de volver a La Moneda.

Por esa razón, OAS, señala el periódico brasileño, le solicitó a Lula que realizara consultas políticas en Chile. El ex mandatario y líder del PT habría hablado del tema con el ex presidente Ricardo Lagos, quien le aseguró que la construcción del puente seguiría adelante. Hoy, a La Tercera PM, Lagos afirmó que nunca habló de plata con Lula.

Fue Lula, según el testimonio judicial que habría proporcionado Pinheiro, quien le pidió al empresario de OAS un aporte financiero a la campaña de Bachelet, específicamente de más de 101 millones de pesos, los que fueron pagados después de la elección presidencial, a través de la suscripción de contratos ficticios entre OAS y Martelli Asociados, consultora perteneciente al exoperador político del PPD y exrecaudador de la campaña de Bachelet Giorgio Martelli.

Se trata de la primera confesión de uno de los máximos ejecutivos de OAS que reconoce pagos de la constructora brasileña para saldar deudas de Bachelet, por lo que sus efectos pueden ser determinantes para destrabar esa arista de la investigación en Chile.

Esta mañana, fuentes del Ministerio Público consultadas por La Tercera PM, afirmaron que aún no habían tenido acceso a las declaraciones prestadas por Leo Pinheiro ante la policía y la justicia brasileña. Por lo que se mostraron esperanzados de que estos antecedentes sean enviados pronto a Chile para ser incorporados a la investigación desformalizada que lleva adelante la fiscal Chong. Esto permitiría a la fiscalía iniciar nuevas diligencias.

Antecedentes previos

No es la primera vez que surgen antecedentes que vinculaban a OAS con la campaña de Bachelet. Pero hasta ahora, no habían sido acreditados en la investigación de la fiscalía. En febrero de 2017, la revista brasileña Veja reveló que el publicista brasileño Jose Cavalcanti Mendonca, más conocido como Duda Mendoca -el mismo que trabajó para la campaña de Marco Enríquez-Ominami del 2009- había declarado que OAS había apoyado financieramente a Bachelet. Según Veja, el mismo testimonio entregó Leo Pinheiro.

Tras esa información, la entonces vocera de gobierno Paula Narváez no quiso referirse a la veracidad de esos datos. "Descartamos todo tipo de información que sea especulativa y volvemos a decir que la campaña de la presidenta fue debidamente rendida ante el Servel", dijo Narvaéz. "Toda la información está clara y transparente y rechazamos todo intento de enlodarla y vincularla con hechos que son meramente especulativos", añadió en esa época.

Tras esas informaciones, la fiscal Chong envió oficios a la fiscalía brasileña para conseguir los testimonio de Mendonca y de Pinheiro. También solicitó interrogarlos directamente para ahondar en la arista chilena.

Chong solo obtuvo extractos de las declaraciones y no pudo interrogar a Pinheiro, pues la justicia chilena no podía garantizar inmunidad al empresario brasileño a cambio de sus declaraciones. La fiscalía, sin embargo, sí había logrado establecer vínculos entre Giorgio Martelli y la empresa OAS, los que se remontaban a 2009. Tras la incautación de computadores desde las oficinas de OAS en Chile, la fiscalía encontró correos electrónicos entre el entonces gerente de OAS Chile Felippe Padovani y Giorgio Martelli. En los e-mail, el ejecutivo de OAS le consultaba a Martelli que le detallara la forma en que podía proceder a realizar una donación financiera a la campaña de Frei.

Martelli le envió a Padovani dos documentos explicando paso a paso como tenían que hacerlo de acuerdo a las exigencias del Servel.

Pero no sólo hizo eso. Poco después, Martelli ayudó a los ejecutivos de OAS a agendar reuniones con algunos ministros del gobierno de Bachelet que estaban a cargo de áreas donde la empresa brasileña tenía intereses. Así, consiguió citas con el entonces ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar; de Energía, Marcelo Tokman; y de Minería, Santiago González.

En febrero de 2014, poco después de la elección presidencial que llevó a Bachelet por segunda vez a La Moneda, Martelli volvió a prestar servicios de OAS. A través de su empresa Martelli & Asociado, emitió a OAS dos boletas, por 60 millones de pesos.

En febrero de 2017, Martelli fue interrogado por la fiscal Chong sobre ese hecho. Martelli negó que se tratara de dineros políticos y aseguró que había trabajado para OAS en su calidad de geógrafo, confeccionando un mapa, una guía de Chiloé y un estudio sobre el valor de terrenos en la zona sur de Chile. Martelli aseguró que esos servicios habían sido efectivamente prestados. Información que deberá ser corroborada nuevamente, una vez que lleguen a Chile las declaraciones de Leo Pinheiro en las que habría reconocido que OAS entregó, a través de Martelli, más de 100 millones de pesos para saldar deudas de la campaña de Bachelet.

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