“Menoscaba la protección de los DD.HH.”: Bermúdez le da 30 días al INDH para recuperar su sede tras ocho meses de toma

El ente fiscalizador emitió un dictamen en que obliga a los representantes del organismo vinculado a la defensa de los Derechos Humanos a tomar las medidas necesarias para poner fin a la ocupación ilegal del edificio. "Las autoridades del INDH se encuentran en el imperativo de adoptar de inmediato las medidas que en derecho correspondan para restablecer la utilización del referido inmueble", se lee en el documento. Consejeros de la instancia comentan que la única opción para el presidente de la entidad, Sergio Micco, es pedir una orden de desalojo, ya que la vía del diálogo fracasó.




El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, y el consejo del organismo tienen los días contados para buscar la forma de poner fin a la toma de la que es objeto su sede. El edificio, ubicado en Providencia, permanece ocupado ilegalmente por un grupo de estudiantes secundarios -y varios otros miembros de otras organizaciones- desde el 8 de julio del año pasado. Desde ahí han pasado casi ocho meses en que el inmueble ha estado inutilizable y pese a los puentes de diálogo que se han levantado, aún no existe solución para el conflicto.

En medio de estas tratativas, ahora el consejo del INDH sumó una presión adicional. El contralor Jorge Bermúdez despachó hace una semana un dictamen en que obliga a las autoridades del organismo a recuperar el control del edificio. El documento, con fecha de emisión el 18 de febrero, estuvo motivado por una consulta que realizaron tres diputados UDI. Los parlamentarios Jorge Alessandri, Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma acudieron hasta el ente fiscalizador pidiendo un pronunciamiento sobre dos puntos. Por un lado que se refiera a esta toma ilegal y, por otro, que se fiscalizara la compra de un WC y otros accesorios por más de $ 1,5 millón.

Sobre el segundo punto, la Contraloría desistió hacer algún comentario, pero sobre la toma Bermúdez elaboró un contundente dictamen que acorrala a Micco y al consejo del INDH, ya que los obliga a tomar las medidas cuanto antes.

Resulta contrario a esa finalidad (el desarrollo de sus funciones propias) y, por ende, a derecho, que un inmueble destinado a la satisfacción de necesidades públicas de la colectividad en su conjunto en una labor tan trascendental como el resguardo de los derechos humanos y la custodia de documentos reservados o secretos, y en el que se gastan recursos estatales pagando una renta de arrendamiento, no pueda ser utilizado por el respectivo organismo”, se lee en el dictamen.

Los archivos a los que hace alusión el texto corresponden a documentos, testimonios y antecedentes aportados por víctimas de la dictadura ante la Comisión Valech. Estos registros, por mandato legal, deben ser resguardados y custodiados por el INDH.

El contralor Bermúdez apunta además que “resulta evidente que la ocupación del instituto por un grupo de interés merma el desarrollo de las labores de promoción y protección de los derechos humanos que corresponden a ese servicio, generando por tanto una afectación a los integrantes de la comunidad nacional, particularmente a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que más requieren la intervención de este órgano público”.

Es por eso que Bermúdez tomó la decisión de obligar al consejo del INDH a hacerse cargo del asunto: “Las autoridades del INDH se encuentran en el imperativo de adoptar de inmediato las medidas que en derecho correspondan para reestablecer la utilización del referido inmueble y asegurar que este sea empleado para el fin público para que se contrató, informando al respecto a esta entidad de control dentro del plazo de 30 días a contar de la recepción de este pronunciamiento”.

Orden de desalojo inminente

Los consejeros del INDH están al tanto de este dictamen. La Tercera PM consultó al organismo sobre la resolución de Bermúdez y solamente informaron que el tema será abordado en una sesión extraordinaria que tendrá el consejo el lunes 28 de febrero.

En privado algunos consejeros reconocen que el pronunciamiento de la Contraloría solo tiene una salida: pedir de inmediato la orden de desalojo a Carabineros. De hecho algunos de ellos acotan que esto es facultad de Micco y que no necesita del apoyo de todo el consejo, instancia que hace varios meses está quebrada debido a las diferencias irreconciliables entre sus integrantes.

Otro motivo para concluir que la única salida al conflicto es sacar a los ocupantes por la fuerza, dicen las mismas fuentes, apunta a que Micco ya agotó otras opciones como fue el instalar mesas de diálogo con quienes mantienen la toma. Sin embargo, ellos no han escuchado y han manifestado que no tienen la intención de retirarse debido a que la acción de protesta, según ellos, tiene carácter de indefinida.

El diputado Alessandri, uno de los parlamentarios que solicitó el pronunciamiento de Contraloría lanza una crítica y asegura que Micco “no ha hecho sus máximos esfuerzos para recuperar el INDH” y que “pareciera no haber interés en recuperarlo”. Por eso está conforme con el criterio usado por el contralor: “Este dictamen es importante porque le ordena al director del INDH que recupere el inmueble, que saque a aquellos que lo tienen tomado, que dé el ejemplo en cuanto a tomas, en cuanto a cumplimiento, en cuanto a Estado de derecho. El INDH hoy más que nunca debe partir por dar el ejemplo de que hace la pega, que está dispuesto a defender los recursos y los inmuebles fiscales y de darle una señal al país de que las tomas no son legales”.

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