Suspenden a fiscales vinculados a maniobras de lavado del general Izurieta y fichan a reconocidos penalistas para su defensa

La fiscal Constanza Izurieta y su esposo el fiscal Andrés Iturra.

El instructor del sumario dictó la primera medida que afecta a los fiscales Constanza Izurieta (hija del militar en retiro) y su esposo, el también fiscal Andrés Iturra. La idea, dicen en el Ministerio Público, es evitar que por su rol puedan tener conocimiento de los avances de la investigación que se levantó en su contra y debido a la "gravedad" de los hechos que se les imputan. Esto, luego de que se revelara que firmaron documentos que tienen que ver con el traspaso de bienes que hizo el excomandante en jefe del Ejército, quien está procesado por malversar más de $ 6 mil millones al erario fiscal.


No podrán volver a sus funciones como fiscales de la zona Metropolitana Oriente hasta que concluya el sumario en su contra. Esa es la resolución que por estos días afecta a los investigadores Constanza Izurieta, hija del general (R) Óscar Izurieta -quien hoy está preso en el denominado caso Fraude en el Ejército-, y su esposo Andrés Iturra, quien desempeñaba labores en la Fiscalía de Las Condes. La decisión la adoptó quien instruye el sumario en su contra, el jefe de Alta Complejidad, Miguel Ángel Orellana, quien indaga infracciones disciplinarias de ambos en maniobras de presunto lavado de dinero que se indagan respecto al excomandante en jefe de la institución castrense.

Fue el propio fiscal nacional Jorge Abbott quien ordenó dos investigaciones en contra de los perseguidores, una penal y otra administrativa. Esto, luego de que CNN Chile revelara que un año antes de ser procesado por malversación de más de $ 6 mil millones de gastos reservados, el exuniformado reestructuró su patrimonio, donando en vida sus propiedades a su esposa e hijas. Una de estas últimas, fiscal del Ministerio Público, y en los documentos para concretar dichos traspasos aparece como ministro de fe Andrés Iturra, su cónyuge. Hoy estas acciones son objeto de investigación, por considerarse formas de ocultar el origen ilícito del patrimonio de Izurieta, quien hoy está preso en el Batallón de Justicia Militar de Peñalolén.

La medida de suspensión de funciones -según el reglamento del Ministerio Público registrado en el oficio 711-2020- es una de las más extremas y lo que se busca con ello es asegurar que ambos fiscales no tendrán acceso a información sobre la causa penal que existe en su contra. “Cuando la gravedad de los hechos lo aconseje, podrá disponerse alguna medida preventiva”, se lee en el documento.

El sumariante Orellana la dictó la semana pasada y debió ser aprobada por la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, tal y como señala en el documento que norma estas indagatorias administrativas. Sin embargo, esta última se inhabilitó de conocer el caso debido a la estrecha relación de amistad que posee con los investigados. De hecho Iturra fue la primera jefatura nombrada una vez la abogada asumió como regional, y renunció a dicho puesto el mismo día que le abrieron causa penal. En tal caso, entonces, se nombró al fiscal jefe de Providencia-Ñuñoa, Felipe Sepúlveda, como superior inmediato del sumario, y fue él quien visó la medida preventiva que hoy afecta a ambos fiscales, quienes no pueden hacer ingreso a dependencias del Ministerio Público. Lo que sí, dicen fuentes de la institución, seguirán recibiendo sus remuneraciones durante el tiempo que dure la suspensión.

Irrumpen defensores

Hasta el momento los fiscales Iturra e Izurieta han guardado absoluto silencio. Quienes los conocen saben que están preparando su defensa tanto en el ámbito administrativo como en la causa penal que indaga la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. Esta última recibió ya el dossier de antecedentes que fue enviado por la ministra en visita Romy Rutherford, que fue quien detectó los traspasos de bienes de Izurieta, pero por competencia no puede indagar las maniobras de presunto lavado de activos por lo que ofició al Ministerio Público.

En las últimas horas llegaron a manos del Ministerio Público los mandatos judiciales de quienes representarán a los fiscales investigados. Se trata de dos reconocidos penalistas de la capital, los abogados Cristián Muga y Rodrigo Ávila. Consultados por este fichaje, prefirieron no hacer comentarios.

Los abogados Cristián Muga y Rodrigo Ávila.

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