Tres impactos de una casi inédita acusación presidencial

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Nadie cree que consiga votos en el Congreso, pero sí que irrite más la calle y el rechazo a los políticos después del pacto constitucional. Con el PC decidido a difundir el caso hasta en ferias y calles, el PS y el PPD aún no toman una decisión oficial. Tres senadores ya se desmarcaron, pero a otros les enreda el crudo relato de violaciones a los derechos humanos. Y el gobierno teme que esto dinamite una endeble paz política que depende -precisamente- de proyectos en el Congreso.




Será imposible de soslayar durante los próximos 22 días, dado que se estaría votando a más tardar del 12 de diciembre en la sala de la Cámara de Diputados. La histórica -que no inédita- acusación constitucional presentada ayer contra el Presidente Sebastián Piñera, tiene varias barreras por falta de votos, pero no será inocua y acarreará complicaciones en las dos facciones en pugna. En ambas temen que se crispe el clima social y político, y cada una tiene sus propios flancos.

¿Casi inédita? Claro. Es la primera contra un mandatario en ejercicio bajo esta "moribunda" Constitución, pero es la segunda vez en la historia luego de la que se interpuso en 1956 contra Carlos Ibáñez del Campo durante su segundo mandato, por una retahíla de argumentos que incluían más de una veintena de casos de familiares trabajando en el aparato estatal. Zafó. El fundador de Carabineros tiene el récord de ser el único mandatario que ha pasado por esto dos veces. La primera fue en 1931, después de que cayera su gobierno durante una crisis que siguió a la Gran Depresión de 1929, y fue aprobada por el Congreso. Pero sirvió de poco y nada, porque el general ya había entregado el mando meses atrás y había huído del país haciendo caso omiso de las normas legales: hasta se defendió enviando una carta desde Buenos Aires en que justificada la represión aplicada en los últimos días.

Fin del rewind: castigo nunca hubo, porque Ibáñez regresó de su exilio, fue electo senador por Santiago en 1942 y en 1952 estaba de nuevo instalado en La Moneda.

Dejando el sepia y volviendo al color. Esta afrenta política anoche sacaba en Palacio comentarios del tipo "son unos antidemocráticos confesos", como lo hacía ver uno de los integrantes del gabinete más cercanos al Mandatario. Hoy en la mañana, el Presidente salió por primera vez de Santiago desde que el 18/O detonó la crisis, a supervisar otro incendio, el que asola a Valparaíso. Allá mismo, pero en el Congreso, se sorteaba en una tómbola la comisión revisora. Tres de oposición y dos de gobierno:  Gastón Saavedra (PS), Boris Barrera (PC), Daniel Verdessi (DC), Sofía Cid (RN) y Gastón Von Muhlenbrock (UDI).

¿Qué complica a lado y lado? Veamos.

La oposición, con medio metro cuadrado

Las once firmas con las que se presentó el libelo incluyen a una PPD, la diputada Carolina Marzán, y dos PS, Emilia Nuyado y Jaime Naranjo. Esto compromete de hecho a ambos colectivos, aunque ninguno de los dos ha tomado una decisión oficial. Marzán le avisó hace unos días a su jefe de bancada, el diputado Ricardo Celis, que lo hacía por motivos personales; él no le puso peros. Algo parecido hicieron los socialistas al contarle a Manuel Monsalve, pero aunque en ese partido tampoco han bajado línea, el tema los complica.

"Hemos tenido severas dudas sobre la estrategia a seguir", cuentan en las filas que dirige Álvaro Elizalde. En sus 110 páginas, la acusación se cimenta en un detallado relato de violaciones a los derechos humanos que no es sencillo de soslayar entre los diputados. Resumen: hasta ahora la postura extraoficial es no liderar la presentación, pero sí votarlo a favor en la sala.

Además, con parte de quienes hoy siguen en la calle molesta contra el acuerdo para una nueva Constitución (no olvidar la agresiva funa contra Beatriz Sánchez y personeros del Frente Amplio el domingo), en el PS creen que bien eso podría volverse contra sus filas si le dan la espalda a los comunistas en esta vuelta.

Pero en contra pesan argumentos que los parlamentarios PS han digerido puertas adentro. Aun en el remoto caso que en la Cámara se lograra una mayoría, hay cero posibilidad que el juicio político pase el colador del quórum de 2/3 en el Senado (se exige una vara más alta que para acusar a un ministro). "Lo declararán inocente y con eso se fortalecerá la impunidad", reclama un parlamentario de ese partido. Además, dicen, ya se acogió a tramitación una querella contra el Presidente, si es que el punto es no dejárselo pasar. En este punto se teme que en vez de dejar testimonio, como dicen en el PC, en la lucha por los derechos humanos, al final le hagan un flaco favor.

En el PS agregan que por eso la acusación es una medida "políticamente ineficaz". El otro gran problema que vienen mirando hace rato es que le regalarían al gobierno y a su sector más que un respiro, justo cuando Palacio está en medio de una gran presión por parte de RN y con poco margen de acción. "Los uniríamos en torno al Presidente y les regalaríamos un triunfo", reclaman, además -alertan- de desviar la atención del movimiento social.

Todo esto ha provocado efectos hasta ahora inéditos en la historia de las acusaciones. Ya van tres senadores que se han manifestado en contra de presentarla, rompiendo la regla de que ninguno habla hasta que no llegue al Senado para no quedar inhabilitados como jurado: el presidente, Jaime Quintana (PPD), y dos socialistas. José Miguel Insulza ya dijo que "una salida prematura del Presidente significaría una decisión muy grave". Isabel Allende se sumó al sincerar hoy en Radio Concierto que "no soy partidaria de ese camino" y que "los presidentes cuando son elegidos democráticamente, deben terminar sus períodos. Eso es algo que tengo muy profundamente en mi alma". En la DC tampoco hay buena recepción. "Me parece que no es oportuna, además todos sabemos que no es viable... (..) esto puede terminar siendo un combustible para que vuelva un nivel de crispación social y ciudadano de polarización que no hace bien a nadie", dijo hoy su timonel, Fuad Chahin, en radio Infinita.

El PC, fuera del acuerdo y a la cabeza de la ofensiva

Estos argumentos no disuadieron al PC y demás firmantes, que en el texto sostienen que "si bien hay quienes consideran que acusar constitucionalmente al Presidente pugna con la democracia, lo cierto es que el principio republicano indica precisamente lo contrario: sólo en regímenes autoritarios o monárquicos el Jefe de Estado está exento de responsabilidad por sus actos".

El partido -que todavía recibe críticas por no haber firmado el acuerdo para una nueva Constitución- se jugará muchas fichas en esto. Su bancada de diputados, cuentan en el Congreso, iniciará por estos días una intensiva campaña de difusión masiva de la acusación. "Vamos a sacar una versión popular, tipo folleto, y en powerpoint", explican en el colectivo de la hoz y el martillo. Lo llevarán a las ferias y concentraciones, dicen.

Esta idea de convertir la acusación en herramienta masiva, agregan en el PC, se mantendrá en el tiempo durante los días que haga falta. Y eso instala la duda de cuánto prenderá en la calle y si arrinconará de algún modo al resto de la oposición. En concreto al PS, porque de momento la DC parece marginarse del todo.

La crispación que alarma a La Moneda

Pero a pesar del escaso peligro que representa, en La Moneda hay preocupación por varias razones. La primera, dicen allí, es que en este cuadro una acusación como ésta "crispa y dinamita" el ambiente que se buscaba en los últimos días y que así "el esfuerzo político para buscar una salida institucional a la crisis se pone entredicho", comentan en el Ejecutivo.

O sea, insisten, un retroceso en las relaciones que se venían construyendo con la oposición. Así, algunos ministros del comité político; el subsecretario de la Segpres, Juan Francisco Galli; y su par de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, han tenido conversaciones informales con algunos personeros de la oposición para sondear sus posturas y pedirles que haya definiciones claras. Por ejemplo, el viernes pasado en el Congreso, entre las conversaciones y discusiones de trasnoche durante la tramitación del Presupuesto, se le hizo ver a parlamentarios opositores que eso "no coincide" con la paz política que se busca. "¿Cómo negociar proyectos en el Parlamento si están acusando o no están haciendo nada por evitar que acusen al Presidente?", resumen.

Pese a eso, tampoco se estaban desplegando -como ocurre en casos como éste- operaciones ni conversaciones tendientes a minar la ofensiva opositora. En la Segpres sostienen que primero esperarán a que los partidos determinen si están a favor o en contra de la acusación contra Piñera, antes de determinar qué hacer. Eso sí, según fuentes de gobierno, varios parlamentarios de la oposición han transmitido que "no están a favor" del libelo y que no lo apoyarán.

La crispación que genera la acusación, dice el Ejecutivo, traería consigo otra consecuencia: un eventual aumento el rechazo ciudadano y, por lo tanto, el incentivo para nuevas movilizaciones y presión social. El escenario de nuevas marchas y lo que sea que venga con ello es un punto de diagnóstico compartido en ambas facciones en pugna.

Además, algunos en La Moneda ven otro elemento de complicación: el costo personal que significa para Piñera, quien está siendo duramente cuestionado por su manejo en materia de derechos humanos. Si bien, otros en Palacio dicen que con o sin acusación ese flanco ya está en el tapete, hay quienes consideran que con la ofensiva las críticas se van a recrudecer. Esto, en un escenario en que, además, organismos internacionales han venido a Chile a realizar sus monitoreos en terreno. Hoy en la mañana, precisamente, recibió a una delegación de Human Rights Watch.

De hecho, en el gobierno están a la espera del informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el que, de ser desfavorable, reconocen, podría recrudecer aún más los ánimos con sectores de la oposición. En el PS circulan trascendidos que se estaría a la espera precisamente de eso -para qué decir si Michelle Bachelet en persona se pronuncia- antes de tomar una decisión final. Pero al menos sus parlamentarios niegan haber analizado puertas adentro este factor.

En paralelo, La Moneda ha ido reforzando su estrategia para visibilizar lo que están haciendo para resguardar los derechos fundamentales y determinó suspender -luego de más de 200 casos de personas con daño ocular- el uso de balines como medida durante las manifestaciones.

Con todo, en Palacio si bien recalcan que la acusación es una complicación y que deberán seguir con todos los pasos formales, lo que implica la elección de un abogado que represente a Piñera, afirman que las diferencias que existen en la propia oposición sobre la ofensiva "ocupará parte importante de la agenda".

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