La tarde del 24 de diciembre de 2019, María Carrasco (60) estaba en el centro de Valparaíso, comprando las últimas cosas que le faltaban para la cena de Navidad, cuando le avisaron que había comenzado un incendio en los cerros San Roque y Rocuant, cerca de su casa.

Rápidamente subió, rescató a su gata y sacó algunos papeles de su vivienda. Pero en medio se le desató una crisis nerviosa y tuvo que ser trasladada al hospital. Allá le avisaron que su hogar había sido consumido por las llamas.

Como María, fueron 277 las familias que perdieron sus viviendas. Y a dos años y tres meses de la emergencia, solo el 6,2% (17) ya tiene una solución habitacional definitiva: se trata de casas que compraron en otros sectores y comunas vía subsidio.

El miércoles de esta semana, justo cuando un nuevo incendio afectaba a San Roque, los vecinos afectados por el incendio de 2019 se manifestaron a las afueras del municipio y del Serviu, reclamando celeridad en el proceso.

En una carta enviada el lunes al nuevo ministro del Vivienda, Carlos Montes, criticaron que “aún no se ejecuta la parte más importante del plan de reconstrucción, que es la construcción de viviendas”.

En definitiva, 260 familias, como la de María Carrasco, siguen esperando por una casa. Mientras tanto, reciben una asignación mensual por arriendo que bordea los $300 mil, pero cuyo depósito a veces se tarda hasta tres meses en llegar.

De ellas, 115 cuentan con un subsidio para construir en sitio propio, es decir, en el mismo terreno donde antes estaba su casa: 45 están siendo apoyadas por la municipalidad; 55, por el Serviu; y 15, por una empresa externa.

En el caso de los proyectos patrocinados por la alcaldía, “solo cuatro familias están en proceso de revisión de documentación”, reclamaron en la misiva. Ninguno ha iniciado obras.

A su vez, acusaron que el compromiso del director del Serviu Valparaíso Tomás Ochoa -de comenzar las construcciones en septiembre de 2021- no se ha cumplido, pues “hasta la fecha solo hay una casa en construcción”. La inmobiliaria, en tanto, avanza más rápido: cinco de sus proyectos ya están en ejecución.

Por otro lado, 107 damnificados cuentan con fondos estatales para adquirir un inmueble, pero no han podido, porque con su valor (900 UF) “no alcanza una vivienda o departamento”, dijeron los vecinos.

Según el Serviu, 38 familias recibirían este año sus casas, hoy en construcción y asociadas a proyectos de integración social en otros sectores y comunas.

Otras 13 familias también resultaron afectadas, aunque en menor medida: sus casas sufrieron daños menores, que ya fueron reparados con subsidio, y no tuvieron que trasladarse a otro sitio.

Demoras

La demora en el proceso de reconstrucción ha deteriorado la salud mental de María Carrasco:

“Nos prometieron tantas cosas, que iban a hacer las casas rápido, y nada. Tengo mis dientes todos trizados por el bruxismo porque duermo tensa y aprieto los dientes. Lumbago en la espalda y ciática, así que cojeo. El médico dijo que todo se debe a los nervios que siento”.

“Parece que no hacen nada. Dos años y tanto y todavía no salen las cosas. ¿En qué se la llevan?”, se pregunta.

Desde el Serviu explican que “este ha sido un proceso que ha estado afectado por la tramitación en las regularizaciones de terrenos. También por la pandemia y la falta de materiales, junto a la escasa mano de obra”.

El hijo de Carrasco, Cristián Apablaza, critica lo “engorroso y largo” del proceso y acusa “mucho papeleo para construir en el cerro”.

En esa línea, desde la alcaldía que encabeza Jorge Sharp dicen que el retraso se explica, en parte, por la modalidad elegida por el Gobierno para asignar los subsidios: no de forma “universal”, para todos los afectados, sino vía “asignación directa”, “lo que en la práctica se tradujo en la sobre revisión de la documentación exigida y acreditaciones varias solicitadas”, comenta Luis Álvarez, encargado de Vivienda y Desarrollo Habitacional del municipio.

Las exigencias técnicas, jurídicas y sociales “no consideran que la necesidad habitacional es urgente dado el origen de esta, y no producto de una postulación regular”, agrega Álvarez.

Aunque el decreto de catástrofe, promulgado en enero de 2020 para agilizar la reconstrucción, “establece la posibilidad de excepciones normativas técnicas, facultad entregada al Serviu” -dice el encargado-, el servicio sigue exigiendo a los afectados el cálculo estructural de los proyectos, pese a que la Ley de Urbanismo -explica- exime dicho trámite cuando la superficie es menor a 100 m2.

Así, el municipio dice tener proyectos aprobados por la Dirección de Obras, que no pueden comenzar sin ese informe.

Por otro lado, la falta de Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) -por los bajos honorarios y el tiempo de revisión de proyectos, atribuye la alcaldía-, los obliga a “cubrir una alta demanda de familias, con equipos técnicos capaces, pero insuficientes.”

A ello apunta, también, el consejero regional Manuel Millones, presidente de la comisión de Vivienda, quien propone, para mayor celeridad, que los proyectos no estén concentrados en la alcaldía ni en el Serviu, sino “externalizar a una entidad privada, EGIS u otra alternativa, que concentre todas esas labores y prerrogativas”.

En este contexto, el martes de la semana pasada, el ministro Montes visitó la V Región y se reunió con los alcaldes de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), y Valparaíso, Jorge Sharp (ind).

En el puerto, la alcaldía le propuso a Montes “modificaciones que permitan en el presente y en adelante, enfrentar estos procesos de manera expedita y oportuna. El proceso de reconstrucción habitacional, así como la política habitacional municipal, busca generar cambios a la política habitacional nacional, que está obsoleta y no responde a la urgente demanda habitacional. En eso estamos enfocados”, comentó Luis Álvarez.