Patricio Santibañez, presidente de la Multigremial de La Araucanía: “Hay que buscar la reparación a los pueblos indígenas a través de acuerdos políticos”

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El presidente de la Multigremial de La Araucanía pide buscar una salida, impulsada por las autoridades regionales, a través del diálogo con las comunidades que no amparen la violencia. Además, es crítico sobre el avance de las investigaciones judiciales y pide más recursos para la policía.




Distintos han sido los hechos de violencia ocurridos durante las últimas semanas en la Macrozona Sur. Cortes de ruta, atentados a forestales, emboscadas a la policía y enfrentamientos entre efectivos de Carabineros y los grupos más radicales del conflicto mantienen en alerta a las autoridades, quienes esta semana miraron con algo de alivio la incorporación del Centro Nansen -ONG noruega- a la facilitación del diálogo en la zona.

El cambio de paradigmas o de ampliar la mirada del conflicto, al parecer, no solo gana adeptos en el mundo académico, sino que también en los gremios que trabajan en la denominada “zona roja”. Ese es el caso de la Multigremial de La Araucanía, quienes hoy apuestan por “frenar un conflicto que se ha dejado crecer sin ponerle coto”.

Así lo asegura Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial Araucanía a La Tercera Sábado: “Tiene que haber un cambio de estrategia, en que pasemos de una larga lista de demandas a dimensionar el daño que se reclama y tratar de buscar la reparación a los pueblos indígenas, a través de acuerdos políticos, con visión de futuro, donde quepan todos, con una visión de región”.

¿Y cómo se articula eso?

Desde las autoridades regionales para que todos podamos conversar. Se necesita establecer y delimitar el daño y la reparación, no podemos seguir prisioneros de la violencia y de pagar un daño a infinito, en forma indefinida, sin saber cuánto es y por cuánto tiempo. Esta reparación debe tener una mirada de futuro para la región completa, pero por otro lado, hay que respetar el Estado de Derecho. No puede haber personas que se paseen con armas públicamente y estén dispuestas a matar y hacer daño.

¿A quiénes beneficiaría esta reparación?

A los descendientes de los mapuches originales, cuando se ocupó la región. Sería una reparación amplia y con una mirada de beneficios para todos, pensando en el desarrollo de la región y todos quienes convivimos en la zona. Hay que buscar una solución y avanzar luego de años de estancamiento y un trabajo deficiente por parte de la justicia.

¿Cómo se lograría eso?

Hay que hacer la pega de delimitar cuál es el daño, el perjuicio y de acuerdo a eso elaborar una propuesta y un diseño. Eso es algo que hay que convenirlo con ellos. Uno no puede definirlo antes. Lo que hay que decir es ‘definamos cuánto es’ y luego el cómo.

¿Cómo se logra, por un lado, acercar posiciones en materia de reparación, pero por otro perseguir y detener a quienes se adjudican actos violentos orientados a recuperar tierras?

Yo creo que la conversación grande, importante, constructiva está con la gente que quiere progresar, que quiere dejar la violencia afuera. Esa es la agenda que debe primar.

Sin embargo, ellos no son los que protagonizan los hechos de violencia, por ende, seguiríamos teniendo un foco de violencia importante...

Sí, pero se les va quitando el piso. Y por otra parte, la eficacia policial y judicial tiene que aumentar. Uno de los grandes temas es que acá se quema, se destruye y nunca pasa nada y eso no puede ser. Cada vez hay hechos más graves, desde hace un año a la fecha hemos visto armamento pesado, lo que ha venido provocando muertes y enfrentamientos violentos.

El gobierno ha argumentado que la violencia recrudeció, justamente, porque ha aumentado la cantidad de detenidos. ¿No lo comparte?

Es efectivo que este año ha habido alguna mejora, pero si usted mira datos del Observatorio Judicial, en los últimos tres años, de 140 casos donde hay homicidios, amenazas y lesiones, hay dos casos con sanciones leves de amenazas. Casos de homicidios, homicidios frustrados, cero. Se queman 500 construcciones al año y nunca hay responsables.

¿Este camino de diálogo contempla conversaciones o negociaciones con, por ejemplo, Héctor Llaitul, líder de la CAM, o Jorge Huenchullán, werkén de la Comunidad Temucuicui?

Siempre hay que estar abiertos a que uno pueda conversar, pero no negociar con gente que está usando la fuerza y métodos que no son los que corresponden, porque si no estamos validando esa forma. Acá la gran demanda de la región no es esa, no va por el camino de la violencia y el quebrantamiento de la democracia.

“Hay que hacer la pega de delimitar cuál es el daño, el perjuicio y de acuerdo a eso elaborar una propuesta y un diseño. Eso es algo que hay que convenirlo con ellos. Uno no puede definirlo antes. Lo que hay que decir es ‘definamos cuánto es’ y luego el cómo”.

¿Cuál es esta gran demanda?

Mire las últimas cuatro votaciones en la región y mire la presidencial. Usted se dará cuenta de que sistemáticamente las opciones que ofrecen orden y progreso son las opciones más votadas en las comunas donde hay más conflicto, donde se registró una participación de más de un 50% en algunos casos. Eso es representativo.

¿Entonces por qué tenemos el escenario actual, si es que la gente de la región quiere aislar a los violentistas?

Es que el tipo de soluciones que se han venido implementado en los últimos años son centralistas, vienen desde Santiago, con poca participación regional. Y, por otra parte, hay una impunidad muy grande, y esos dos temas hay que corregirlos. Además, le voy a dar un ejemplo para que dimensione lo que ocurre: la Comunidad Temucuicui recibió en sucesivas compras más de tres mil hectáreas de terreno, lo que se traduce en una inversión de entre $ 10 mil y $ 15 mil millones, a precio de hoy, para un lugar donde viven 83 familias. Yo me pregunto: ¿Qué hay hoy? La misma pobreza y tráfico de drogas. Ahí había campos que están en producción por mil millones de pesos por año; hoy día no están.

¿Por qué ocurrió eso?

Porque las cosas se hicieron mal, sin una mirada de largo plazo, y hay que cambiar eso. No se puede aplicar siempre lo mismo, los beneficios tienen que ir hacia los mapuches y a quienes estén por el progreso de la región. Se ha entregado mucha tierra y resulta que una parte está botada y otra está siendo utilizada para incubar la violencia por los grupos dedicados a delinquir en esta zona.

¿Cuál es problema para frenar la expansión de los grupos más violentos?

Hay una falta de dotación de Carabineros, además de recursos. No puede ser que haya gente paseándose con metralletas. La policía ha hecho un trabajo encomiable, pero necesitan redoblar el contingente, yo no sé cuándo, de una vez, van a entregarles los recursos necesarios, porque es imposible cuidar todos los bienes de la región. Hay que desarticular estos grupos e intensificar los controles carreteros para evitar la quema de camiones y maquinarias. Nosotros no somos partidarios de decretar un estado de sitio, pero sí creemos que en las zonas donde ocurren atentados carreteros debe haber mayor colaboración militar, se necesita un mayor control en esos puntos.

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