Zoom al primer presupuesto de seguridad de Boric

El presupuesto de Carabinero para el próximo año aumenta un 2%.

Una fuerte inyección de recursos económicos para enfrentar al crimen organizado y la violencia rural son las principales apuestas del Ejecutivo en esta partida que se discutirá en los próximos días. Si bien hay más dinero para vehículos e insumos para Carabineros, disminuye el presupuesto para el programa de formación y perfeccionamiento policial.


¿Saben cuánto creció el presupuesto de Carabineros los últimos cuatro años? Cero, cero”. Así de enfático fue el Presidente Gabriel Boric para volver a resaltar el presupuesto de seguridad que el Ejecutivo presentó el 29 de septiembre. Con esto el Mandatario buscaba dar una señal de que, para su administración, al igual que para la ciudadanía, la delincuencia era uno de las principales preocupaciones, “y nos vamos a hacer cargo, y por eso hemos aumentado de manera significativa el presupuesto de Carabineros”.

Semanas atrás, y en cadena nacional, el propio Boric al anunciar el presupuesto para el año 2023, destacaba el incremento en mayores recursos para seguridad. En esa oportunidad sostuvo que en esta materia aumentaría un 4,4%. Pero, ¿en qué se traduce esta inyección de dineros? La Tercera hizo un análisis de los principales cambios del erario que se destinará para combatir la criminalidad.

Los recursos, que van destinados principalmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, tienen solo en las instituciones relacionadas directamente a la partida de “seguridad pública” un aumento de un 3,6%. Además de eso, explican desde el gobierno, las cifras del presupuesto incorporan la estimación de inflación de 2023.

El aumento contempla un alza a otras instituciones del Estado, como un 3,8% a Gendarmería, 2,7% al Ministerio Público y 0,5% al Poder Judicial, que complementan lo anunciado por el Mandatario.

La cartera dirigida por la ministra Carolina Tohá la componen las subsecretarías del Interior y de Prevención del Delito. En la primera, que es liderada por Manuel Monsalve, es en donde más aumenta la inversión. Respecto al año pasado, esa institución incrementa su erario en 175%. Ahí son dos programas los que más concentran estos recursos. El primero de ellos es para enfrentar la violencia rural y el segundo está enfocado en la creación del Plan Nacional Contra el Crimen Organizado (PNCO).

El plan, que va a estar enfocado en despliegues en la Macrozona Sur, contempla más de $5 mil millones, lo que representa un 25% más que lo destinado actualmente. Según el mismo proyecto de ley, este programa destina recursos “para financiar iniciativas que contribuyan a la reposición de las actividades económicas y sociales, que resulten afectadas por eventos de violencia rural en las regiones de La Araucanía, Biobío, y Los Ríos”.

Dentro de la partida de la Subsecretaría del Interior, uno de los programas que queda sin recursos y se elimina es el de “Frontera Segura”, una iniciativa de la administración anterior. Esto, según explican en el proyecto, es porque el control de fronteras pasa a integrarse dentro de los planes para combatir el crimen organizado.

El PNCO considera recursos por más de $39 mil millones, los que serán repartidos en las diferentes instituciones vinculadas a la prevención y control del crimen organizado, entre las que están consideradas Gendarmería ($4.252 millones), Carabineros y la Unidad de Análisis Financiero ($166 millones).

Monsalve explicó el jueves 20 en el Congreso que la inyección de recursos para la Subsecretaría que dirige, considera, por ejemplo, comprar dos portales escáner. “Se están comprando este año para Colchane y para El Loa, dos que se compran el 2023 para Chacalluta y Valparaíso. Lo que hacen estos portales es impedir que entre droga a Chile, que ingresen armas”, explicó.

Para Pilar Lizana, experta en seguridad e investigadora de Athenalab, una de las mayores dudas respecto a este programa, el PNCO, es la forma en la que se aplicará y la destinación de los recursos. A su juicio, junto con valorar el incremento, existe la “necesidad de poder entender cuál es la estrategia que quiere desarrollar el Gobierno contra el crimen organizado antes de ir a mirar en el fondo el dinero que quieren invertir. Esto porque tiene que ser coherente la cantidad de inversión con las acciones, con la estrategia que pretende”.

Al respecto, el subsecretario Monsalve ha sostenido que el próximo 31 de octubre se presentará la política contra el crimen organizado. Aquello, lo abordó precisamente ante las dudas que surgían respecto a la gran cantidad de recursos que se está proponiendo destinar para este nuevo plan.

En esa línea, Lizana considera fundamental profundizar el plan y que el Gobierno “lo pueda proponer lo antes posible, porque en el fondo cada día que pasa sin una estrategia contra el crimen organizado es un día ganado para la delincuencia”.

Herramientas policiales

El emplazamiento de Boric a la administración del expresidente Sebastián Piñera, no cayó bien en las otroras autoridades. “Parece bastante burda la crítica de este gobierno con respecto a que nuestra administración no aumentó el presupuesto de Carabineros de Chile”, aseguró el exministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Junto con eso, el exjefe de gabinete le enrostró al Mandatario que durante la discusión del presupuesto para el año 2021 la entonces oposición y él como diputado hicieron un llamado a rechazar las partidas de dinero para Carabineros. “Prueba de ello está en redes sociales, cuando exigía la salida de un general director de Carabineros o la salida de un ministro del Interior para aprobar las partidas presupuestarias de nuestras policías”, recordó.

Los dineros a Carabineros

El actual presupuesto de Carabineros, y que fue enviado por la anterior administración, contempla ingresos de más de un billón ($1.173.937.488.000) para la institución, es decir, de un 1,5% menos de lo que se había destinado a la policía uniformada el año anterior.

En tanto, en el primer diseño de presupuesto del Presidente Boric para Carabineros se considera un incremento de 2,3%, llegando a $1.288.690.786.000 sólo para la policía uniformada. En detalle, dicha partida considera el ingreso extra de más de $26 mil millones para la renovación de 1.054 vehículos policiales. Además de eso, se destinan $1.628 millones para la compra de cámaras corporales que deben portar los uniformados, además de $3.131 millones para trajes antiflama que son los que utilizan los funcionarios de Control de Orden Público (COP). En esa línea, también se consideran $7.737 millones para la adquisición de chalecos y cascos para los funcionarios.

Como Carabineros es una de las instituciones que se contemplan dentro del plan de crimen organizado, se disponen también otros $907 millones para que la institución destine a sus unidades vinculadas a dicho combate. Además de $687 millones a programas de vinculación con la comunidad y al fortalecimiento de Patrullas de Atención a Comunidades Indígenas (P.A.C.I.) en las regiones del Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Lo que disminuye en la institución en $300 millones es el programa de “formación y perfeccionamiento policial”. Esto. según el proyecto, se debe a un “ajuste en la puesta en marcha” de dicha iniciativa.

En el caso de la Policía de Investigaciones (PDI) hay un aumento del 0,8% respecto al presupuesto del año pasado. Entre las designaciones que destacan en el alza de los recursos para la policía civil hay un aumento de un 2,6% en “gastos en personal”. Aquello, según se detalla, se debe a la corrección de base de cálculo de la asignación de zona de los funcionarios, así como un incremento en los viáticos “por mayor actividad”que se prevé tendrán el 2023.

Además de eso, al igual que con Carabineros, se consideran recursos especiales para la compra de material de defensa y automóviles. En esa línea, se destinan $3.648 millones para la adquisición de material de protección policial, así como también $2.562 millones para la reposición de 113 vehículos policiales.

Entre las novedades, y que fue anunciado por el Mandatario en su presentación del presupuesto, está la instalación y migración de sistemas informáticos de identificación, al nuevo Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS), que integrará diferentes maneras de reconocer la identidad de una persona durante una investigación.

Por otra parte, quien también tiene cambios en su presupuesto es la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Si bien su presupuesto no varía, sí existe un incremento de un 31% en los gastos reservados a la institución, los que llegarán a los $465 millones. Según se ha explicado el objetivo es el traspaso del personal de honorarios a contrata, así como también un énfasis en actividades asociadas a inteligencia, contrainteligencia y ciber inteligencia, fortaleciendo la presencia regional de la institución.

Programas que se reformulan

La Subsecretaría de Prevención del delito, es la segunda entidad de Interior que aumenta su presupuesto para el próximo año. El incremento es de un 22,4% y se traduce en un aumento de $10 mil millones para la entidad dirigida por Eduardo Vergara. Sin embargo, también existen variaciones importantes en sus programas.

En ese sentido, programas como el de “Seguridad en mi Barrio” se eliminan. Junto con esto se crean dos nuevas iniciativas: “Somos Barrio Comercial Protegido” y “Somos Barrio Prioritario”. Además de eso, la iniciativa que más nuevos recursos presenta es el “Sistema Municipal de Seguridad”, el que tendrá recursos por más de $12.866 millones.

El subsecretario Vergara califica como un “hito histórico” este aumento. “Este incremento se traduce en acciones concretas, como por ejemplo que el 100% de los municipios de Chile podrán acceder a patrullas preventivas de seguridad y otras mejoras que son parte del mínimo común preventivo que queremos para las comunas de Chile”, sostuvo.

Vergara explica que la creación del Sistema Nacional de Seguridad Municipal “fusiona los programas de Fondo Nacional y la Red Nacional de Seguridad Pública, dando un giro a la distribución regresiva, eliminando la concursabilidad e incrementando los recursos para su operación”.

Esto último es blanco de críticas por parte de la exsubsecretaria Katherine Martorell quien considera que los fondos concursables “son muy importantes para la comunidad en materia de prevención del delito, porque la comunidad puede acceder a fondos a través de eso, entonces las organizaciones sociales, ONG, entonces me parece preocupante que ahora todos los fondos sean de asignación directo y que ninguno de ellos pueda ser de acceso concursables”.

*Esta nota fue actualizada el 22 de octubre a las 10 horas.

Principales indicadores del presupuesto de seguridad 2023.

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