Conocer cuáles son los mitos y verdades de la migración es una necesidad urgente, considerando que el 9,91% de la población del país está compuesta por personas extranjeras. En el debate público, a menudo se les responsabiliza de generar presión sobre servicios sociales como la educación o la salud, lo que refuerza que existen percepciones que deben ser contrastadas con evidencia.

Frases como las del exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien ha declarado públicamente que los niños, niñas y adolescentes migrantes “le quitan las matrículas” a los niños chilenos, o las del cantante Pablo Herrera en una entrevista en el programa Sin Filtros, quien señaló que “un millón de personas están inscritas en Fonasa sin papeles, sin documentos”, han puesto sobre la mesa un tema polémico que vale la pena analizar con cifras.

La migración, definida por la Real Academia de la Lengua como el desplazamiento de individuos o grupos por causas sociales o económicas, se ha vuelto un tema común en la vida chilena. Para un país con efecto de isla, al final del continente, con el desierto más árido del mundo y la portentosa Cordillera de Los Andes, la convivencia con personas de otros países era poco común hasta hace algunos años.

La globalización, las crisis políticas y una serie de hechos han cambiado esa situación. Desde el retorno a la democracia en 1990, Chile ha comenzado a recibir flujos migratorios de forma constante, aunque bastante moderada hasta principios del 2000, sin superar el 5% anual.

Sin embargo, se puede evidenciar que sí a partir de 2017 se produjo un verdadero “boom” migratorio, impulsado por la percepción de Chile como un país más estable en el contexto latinoamericano, tanto en lo social, económico como político, lo que lo convierte en un destino atractivo para quienes buscan mejores oportunidades de vida.

Álvaro Bellolio, director de la Escuela de Gobierno del Instituto UNAB de Políticas Públicas, considera que se ha vivido un proceso acelerado de inmigración. El experto rescata los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), donde la población extranjera pasó de unas 420 mil personas en 2014 a superar hoy los 1,9 millones.

El ex director nacional del SERMIG durante la segunda administración del exPresidente Sebastián Piñera, considera que la llegada de la migración se ha vuelto un problema no solo en crecimiento, sino la forma en que ha ocurrido: con un aumento explosivo de ingresos por pasos no habilitados, lo que ha llevado a que más de 337 mil extranjeros se encuentren en situación irregular a fines del 2023.

Situación en salud

Juan Pablo González, jefe del área de estudios del Servicio Jesuita al Migrante (SJM), explica que, según lo establece la legislación chilena, los migrantes irregulares están clasificados en el tramo A de FONASA, que corresponde al nivel más bajo. Esto les permite acceder a atención de urgencia y a ciertos controles, especialmente si tienen hijos a los controles de niño sano, bajo una lógica de protección a la infancia.

Más allá de eso, el acceso varía bastante. Es difícil hacer una estimación general sobre a qué prestaciones pueden acceder y a cuáles no. También influyen los beneficios municipales, cuyos requisitos cambian dependiendo de la localidad.

Según datos del SJM, recabados al Ministerio de Salud por solicitud de transparencia, entre 2017 y 2022 se realizaron más de 64 millones de consultas médicas en el sistema público, de las cuales 936.438 corresponden a personas migrantes.

Si bien esta cifra representa apenas el 1,46 % del total, muestra una tendencia al alza. En 2017 se registraron 113.746 atenciones a migrantes, mientras que en 2022 la cifra llegó a 227.762, duplicándose en el periodo mencionado.

Monserrat Jorquera, presidenta de Proyecto Amar Migrar, considera algunos mecanismos para la integración de dicho grupo, como la implementación del Número Identificatorio Provisorio (NIP) del Minsal, que permite que personas migrantes accedan a la atención primaria independiente de su situación.

“Estas políticas están alineadas con el derecho a la salud, garantizado en la Constitución y en tratados como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares”, complementa, entendiendo que, de no ser atendidos, podrían generar un problema de salud pública, como se discutió en 2021 con el acceso a la vacuna del COVID a personas indocumentadas.

Datos de FONASA entregados en julio pasado dan cuenta que 1,5 millones de extranjeros están inscritos en el sistema. De este número, dos de cada tres son cotizantes, contribuyendo al sistema. Por otro lado, 3 millones de personas están en el Tramo A, y de dicha cifra solo el 17% son extranjeros, lo que equivale a poco más de 500 mil personas.

Agreguemos otra perspectiva en temas de natalidad. Entre 2017 y 2022, la proporción de partos de madres extranjeras en el sistema público de salud en Chile ha aumentado de manera sostenida. En 2017, apenas el 6,36 % de los nacimientos correspondía a mujeres migrantes, mientras que en 2022 esa cifra llegó al 21,34 %, triplicándose en dicho lapso.

Fabiola Vergara, del Centro de Derecho de las Minorías y Gestión de la Diversidad de la Universidad de Talca, amplia que, a pesar de contar con el derecho a atención en la red pública de salud, muchos tienen miedo de acudir a un centro de salud por temor a ser denunciados y eventualmente expulsados.

“Esa desconfianza explica también ciertas tensiones: en algunas regiones, el sistema público se ve presionado, lo que genera percepciones erróneas entre la población local, como la idea de que atienden primero a los migrantes”, comenta.

Datos en educación

En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación entregó un informe en enero pasado estudiando la situación, señalando que para 2024 son 275.927 los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad extranjera, representando el 8% del total de la matrícula escolar. Las regiones Metropolitana (53%), Antofagasta (9%) y Valparaíso (7%) es donde existe mayor concentración. Mineduc añade que cuatro regiones concentran menos de tres mil estudiantes extranjeros: Ñuble, Los Ríos, Aysén y Magallanes.

Si revisamos en retrospectiva, en 2016 el alumnado extranjero representaba el 1,7% de la matrícula escolar, mientras que en 2018 se duplicó el porcentaje alcanzando un 3,4%. Desde ese año hasta 2024, el total de estudiantes extranjeros ha aumentado en un 141%.

Sin embargo, el mismo estudio analiza que, si se ve el crecimiento desde 2022 a 2024, el crecimiento es de un 54%, lo cual a juicio de la cartera evidencia “un estancamiento en el crecimiento de la matrícula extranjera”.

Si miramos la distribución por regiones, entre 2022 a 2024, Atacama (34%), Tarapacá (27%) y Coquimbo (26%) presentan un mayor aumento, verificando que el norte concentra buena parte de dicha población.

Recordemos que Chile cuenta con leyes migratorias progresistas. Por ejemplo, los hijos de migrantes irregulares nacidos en Chile reciben inmediatamente la nacionalidad chilena, y tienen derecho a salud, educación inicial y otros beneficios, igual que cualquier otro niño chileno.

Por otro lado, infancias que ingresaron con un familiar en estado irregular pueden acceder al Identificador Provisorio Escolar (IPE), similar al NIP pero entregado por el Mineduc para quienes no cuentan con RUN, y desean incorporarse al sistema escolar chileno.

Existe un debate en torno a la priorización en el acceso a jardines infantiles. Álvaro Bellolio dice que, si bien pueden existir dificultades prácticas cuando los padres no tienen cédula ni residencia, no hay evidencia de que los hijos chilenos de migrantes tengan dificultades estructurales de acceso. “El problema no es legal, sino de implementación”, señala, tomando en cuenta la circular 15 de JUNJI, que considera entre sus prioridades a hijos de extranjeros irregulares por sobre hijos de madres adolescentes chilenas.

La situación de migrantes irregulares en Chile

Juan Pablo González, del SJM, relata que el proceso de regularización para personas migrantes en situación irregular es altamente restrictivo, lo que en la práctica dificulta su integración social.

“Para quienes ingresaron por paso no habilitado, la Ley 21.325 es clara: deben ser expulsados, salvo casos humanitarios. Insistir en la regularización de clandestinos desincentiva la migración ordenada y castiga a quienes respetaron la ley”, explica Álvaro Bellolio.

Como menciona, salvo algunas excepciones, como vínculos con chilenos, situaciones de violencia y trata o reunificación familiar (como ocurrió recientemente con familiares provenientes de Haití), la normativa general exige que las personas inicien sus trámites migratorios desde el extranjero, y que ingresen al país con su permiso ya aprobado.

“Esto deja a quienes ya se encuentran en territorio chileno en un limbo legal, con acceso muy limitado a servicios básicos y sin un camino claro hacia la regularización”, desarrolla González. A diferencia de otros países, como España, donde existe una vía establecida para que una persona pueda regularizarse tras años de residencia y trabajo demostrable, en Chile no hay mecanismos parecidos.

Esto genera un “tapón” a ojos del representante del SJM, que empuja a muchas personas a vivir en la informalidad sin contrato laboral, sin acceso a salud ni educación, y muchas veces en condiciones precarias de vivienda. Incluso, tampoco puede postular a subsidios habitacionales, ya que estos requieren cédula de identidad chilena, algo que solo obtienen quienes están en situación regular.

“Aunque la persona esté trabajando, cumpliendo con todas las normativas, igual tendría que salir del país para tramitar su visa, lo que genera grandes dificultades y termina fomentando la informalidad”, señala González.

Chile ha implementado procesos extraordinarios de regularización en el pasado. En 2018, cuando se regularizaron aproximadamente 137 mil personas, y en 2021, con 210 mil, pero desde 2023, cuando 182 mil inmigrantes se sometieron a un empadronamiento biométrico voluntario que permitió obtener sus nombres y rostros sin promesa alguna de residencia, no se ha abierto ningún nuevo proceso, a pesar del constante aumento de la población migrante y de los problemas que significa su estado.

Para González, esto refuerza la urgencia de pensar en mecanismos estables y humanitarios que permitan a quienes ya están integrándose en la práctica a la sociedad chilena, hacerlo también desde lo legal e institucional.

Eliminando mitos

Contando con los datos en la mesa, la pregunta es por qué surge los mitos de que las personas extranjeras “colapsan” los servicios sociales. Para Monserrat Jorquera, del Proyecto Amar Migrar, esta creencia responde a “un discurso instalado que ha vinculado erróneamente la migración con la delincuencia, el desempleo y la sobrecarga de los servicios públicos”.

Narrativas que, según Jorquera no se sustentan en datos reales, y que buscan generar “miedo, exclusión y rechazo social”, sobre todo en contextos electorales, donde “actores apelan al oportunismo político”.

“La falta de acceso a servicios como salud o educación no se debe al ‘uso excesivo’ por parte de las personas migrantes, sino a fallas históricas en la inversión pública, en infraestructura, recursos humanos y planificación”, defiende.

El director de la Escuela de Gobierno del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Álvaro Bellolio, identifica tres factores principales que explican la percepción. Uno es la alta visibilidad de personas migrantes en ciertas comunas o regiones, especialmente del norte y el centro del país, donde la infraestructura no fue diseñada para absorber un aumento tan rápido de población.

Luego está la inequidad percibida, cuando personas en situación irregular acceden a beneficios sin haber contribuido previamente al sistema; como ocurre con los datos aportados por FONASA. Finalmente, la falta de control estatal “erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.

Juan Pablo González cree que el debate está ligado a la concepción de “usuario legítimo”. “Se ha instalado la idea de que el migrante usa los servicios en Chile pero no aporta, lo cual no es cierto”, expresa, agregando que “incluso el migrante más irregular, cuando compra, pagan el IVA como todos nosotros”, pensando que dicho impuesto es el más relevante a nivel país, aportando comúnmente la mitad de los ingresos tributarios totales. “Independiente si son muchos o son pocos, igual va a quedar esta sensación de que no deberían estar ahí en primer lugar”, opina.

Cómo avanzar hacia la integración

Frente a un tema que se extenderá durante los próximos años, Juan Pablo González considera un error pensar cuántos migrantes se pueden aceptar, sino cambiar el foco a cómo construir un “sistema público que responda a las necesidades del país”.

“Chile es un país receptor de migrantes. Pretender que vamos a volver a los años noventa, cuando no lo éramos, es irreal”, plantea, agregando que sería un error desconocer la realidad, y que naciones como Canadá o la Unión Europea lograron equilibrios para enfrentar dicha situación sin perjudicar sus economías.

La académica Fabiola Vergara observa que la integración de la población migrante, especialmente de quienes están en situación irregular, requiere respuestas articuladas en múltiples niveles. Por ejemplo, la necesidad de una cooperación regional sostenida entre Estados latinoamericanos, dado que la migración no puede abordarse como un fenómeno aislado.

Vergara comparte la importancia de implementar procesos de regularización que, si bien generan resistencias a la opinión pública, son clave para que quienes ya se encuentran en el país, y cumplen con requisitos como tiempo de residencia, no tener antecedentes penales y demostrar inserción social, puedan acceder a documentación y ejercer sus derechos de manera formal. “Es mejor tener migrantes regulares, conocidos, integrados, que personas fuera del radar estatal”, afirma.

En paralelo, Monserrat Jorquera propone avanzar hacia un proceso de regularización amplio, especialmente para quienes se empadronaron durante el proceso de 2023. “Estudios elaborados por organismos internacionales han demostrado que cerca del 90% de las personas empadronadas presenta vínculos laborales y familiares en Chile, lo que refleja un fuerte arraigo social”, expresa, a partir de un estudio realizado por Migraciones durante nueve años.

Vergara subraya que contar con datos confiables sobre la población migrante permite al Estado diseñar políticas públicas más eficaces, tanto para nacionales como para extranjeros. La migración es un fenómeno persistente, que continuará ocurriendo incluso si se endurecen las fronteras, por lo que urge a asumirla como una realidad estructural.

Los especialistas comparten que es necesario educar a la población sobre las causas de la migración, conocer a quienes migran y también reflexionar sobre las propias trayectorias migratorias internas de muchos chilenos. “Ver la migración no como una carga, sino como una oportunidad de enriquecimiento social y cultural”, sentencia, como un paso necesario para avanzar hacia una sociedad más inclusiva.