Anac confirma que la etiqueta de Latin NCAP no está en el nuevo decreto de seguridad vehicular

Ente gremial precisó que la actualización de las normas de seguridad dejó fuera las estrellas de seguridad que entrega Latin NCAP a los modelos que prueba.




Un nuevo capítulo se escribe en la historia de la etiqueta de seguridad de Latin NCAP que será incorporada en los vehículos nuevos, certificación que incluye las estrellas de seguridad de los modelos que hubiesen sido probados por la entidad con sede en Uruguay tras adquirirlos en nuestro país.

El tema ya tiene varios meses y puso en tensión a la Asociación Nacional Automotriz de Chile con los organismos estatales de velar por las exigencias de seguridad.

El punto de inflexión en esta disputa, que le permitiría a Latin NCAP entregar un certificado de sus pruebas de manejo en Chile, ocurrió el viernes 1 de julio, cuando desde la ONG regional dio a conocer un comunicado en su sitio web que “Chile incorpora calificación NCAP en etiquetado de seguridad vehicular”.

VW Polo

El documento indicaba que “Chile se convierte así en el primer país de la región en incluir en el etiquetado de seguridad las calificaciones de estrellas NCAP”.

Tras conocerse el proyecto del MTT que facultaría a Latin NCAP, desde Anac no tardaron en comentar que “causa extrañeza la decisión anunciada por dicho Ministerio en orden a privatizar parte de su función clave, que es velar por la seguridad vial, tal y como pretende hacer el MTT a través de la actualización del Decreto Supremo N°26, que se ha ingresado a Contraloría para el trámite de legalidad (Toma de Razón) y que busca delegar esta atribución en las instituciones internacionales de carácter privado conocidas como NCAP, ajenas a su esfera de control”.

Desde la misma Anac incluso dieron a conocer cuestionada etiqueta de seguridad que incluiría las estrellas que obtienen los vehículos en las pruebas de choque en Latinoamérica.

Pues bien, tras varios meses de espera, el pasado 4 de enero de 2023 se publicó en el Diario Oficial el nuevo Decreto Supremo 58/2022 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que actualiza el anterior D.S. 26/2000 MTT sobre elementos de seguridad vehicular. Eso sí, no dice nada sobre la cuestionada etiqueta.

Según indica el nuevo texto, se equipararán las exigencias de los elementos de seguridad que hoy tienen los vehículos livianos de pasajeros, llevándolos a los vehículos comerciales livianos y a los vehículos medianos (doble airbag frontal, frenos ABS y ESP).

Para esto, habrá un plazo de 24 meses para adecuarse a los nuevos elementos para las nuevas homologaciones de vehículos practicadas en Chile; luego, dentro de 36 meses se exigirá para todos los modelos cuya primera inscripción se practique en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados (RNVM).

Eso sí, en la conferencia -donde además se entregaron los resultados de venta en 2022- al ser consultado Anac sobre lo que ocurría con la etiqueta de seguridad y con el recurso que se presentó para impedir lo que consideran podía inducir a confusión entre los consumidores, Diego Mendoza, secretario general de Anac, comentó que “Anac realizó una presentación con nuestras observaciones ante la Contraloría Gral. de la República, enfocado en la falta de legalidad del decreto por no contar el Ministerio de Transportes con la facultad legal previa para delegar parte de sus funciones a una entidad privada y extranjera. Como resultado del control de legalidad que realiza Contraloría, se eliminó la mención de Latin NCAP, por lo que el Decreto 58/2022 contiene solo las nuevas exigencias de los elementos de seguridad que se seguirán controlando en Chile, a través de un centro público que se llama 3CV, dependiente del MTT”.

“Por lo anterior, si el Ministerio quisiese perseverar en este etiquetado, primero se deberá contar con las facultades legales para ello y, luego, deberán seguirse los canales formales que incluyen la recepción de los análisis técnicos correspondientes, el estudio de la legislación comparada, el impacto de la aplicación de la norma y al menos una consulta pública nacional y otra de carácter internacional de acuerdo con las definiciones establecidas por la OMC, entre otros”, finalizó Diego Mendoza.

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