La Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos comenzó los procedimientos para el decomiso definitivo del petrolero Skipper, que fue incautado en diciembre del año pasado, como también el de los 1,8 millones de barriles de crudo venezolano que transportaba.

Estos fueron suministrados por Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) y presuntamente están vinculados con Irán. Parte de dicho cargamento tenía como destino Cuba.

“El Skipper y su cargamento son confiscables”, esgrime el FBI en su petición de este viernes ante el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, “por constituir una fuente de influencia sobre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)”.

La denuncia de confiscación se basa en la existencia de un supuesto plan, entre al menos 2021 y la actualidad, para facilitar el envío y la venta de productos petrolíferos en beneficio de la mencionada rama de las Fuerzas Armadas iraníes .

“Durante este tiempo, el Skipper transportó petróleo crudo desde Irán y Venezuela y, mediante transferencias de barco a barco, lo entregó a diversos lugares del mundo, incluyendo a otros regímenes delincuentes”, afirma en su texto la demanda.

Más recientemente, en noviembre de 2025, el Skipper cargó aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo de origen venezolano en la Terminal José de Venezuela.

Aproximadamente 1,1 millones de barriles del cargamento de crudo del petrolero, según el FBI, debían entregarse a Cubametales, la empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo sancionada en julio de 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU (OFAC).

El documento oficial detalla que el 10 de diciembre de 2025 las fuerzas del orden estadounidenses incautaron el Skipper en alta mar en cumplimiento de una orden autorizada judicialmente.

En ese momento, el buque alegaba portar una bandera guyanesa falsa, lo que lo convertía en apátrida. Posteriormente, el petrolero y su cargamento fueron trasladados a aguas frente a la costa de Texas.

Como informó Reuters, Washington ha estado presionando al gobierno interino de Venezuela para que permita a las empresas estadounidenses el acceso al petróleo e inicie reformas desde que el ejército estadounidense lanzó el ataque en Caracas que permitió la captura de Nicolás Maduro.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, la era de financiar secretamente regímenes que representan claras amenazas para Estados Unidos ha terminado”, dijo la fiscal general estadounidense Pam Bondi en el comunicado.

“Este Departamento de Justicia desplegará todas las facultades legales a nuestra disposición para desmantelar por completo y clausurar permanentemente cualquier operación que desafíe nuestras leyes y fomente el caos en todo el mundo”, apuntó Bondi.