El megaoperativo policial en Río de Janeiro del pasado 28 de octubre contra el grupo criminal Comando Vermelho, que se saldó con 121 muertos, ha reavivado el debate sobre la seguridad pública en Brasil e interrumpido la recuperación de la popularidad del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Según la encuesta Genial/Quaest publicada este miércoles, la desaprobación personal para el trabajo del mandatario izquierdista aumentó del 49% al 50%, mientras que la aprobación cayó del 48% al 47%, la primera fluctuación negativa en las evaluaciones desde mayo.

Desde julio el índice de aprobación del gobierno de Lula había fluctuado al alza dentro del margen de error (que es de dos puntos), mientras que el de desaprobación había tendido a la baja. Ahora, la situación se ha invertido: la aprobación ha oscilado a la baja y la desaprobación al alza.

A principios de año las cifras de aprobación y desaprobación eran del 47% y el 49%, respectivamente. Desde mayo, cuando el gobierno alcanzó su máximo índice de desaprobación del 57%, los números habían ido mejorando gradualmente.

El último sondeo de Genial/Quaest muestra un escenario similar sobre el juicio de los brasileños al gobierno de Lula. El 31% tiene una opinión positiva de la administración del líder del Partido de los Trabajadores (PT), mientras que el 38% lo considera negativo. Un 28% adicional califica la administración como regular, y un 3% no supo qué responder.

Las fluctuaciones se encuentran dentro del margen de error de dos puntos porcentuales, pero han invertido numéricamente la tendencia con respecto a octubre, cuando el petista registraba un 33% de opiniones positivas y un 37% de negativas, destaca el diario Folha de Sao Paulo.

Las cifras se publicaron tras las repercusiones del operativo policial que dejó 121 muertos en Río de Janeiro. El tema de la seguridad pública ha cobrado relevancia en las últimas semanas y ha llegado a dominar el debate político. Ante estas repercusiones, el gobierno federal y sus aliados del PT intentan ganar terreno en este ámbito, históricamente vinculado a la derecha, destaca el periódico paulista.

Frase polémica de Lula

El director de Quaest, Felipe Nunes, cree que las declaraciones de Lula sobre el megaoperativo en Río de Janeiro afectaron negativamente el índice de aprobación del gobierno y ayudaron a detener la tendencia alcista que venía desde julio. “Las declaraciones de Lula sobre la operación en Río fueron mal recibidas. En el país, el 81% estuvo en desacuerdo con la afirmación que sugería que los narcotraficantes eran ‘víctimas de los consumidores’, una proporción similar a la que se vio en Río de Janeiro hace una semana”, dijo Nunes al medio G1 de Globo.

Incluso, destaca el diario O Estado de Sao Paulo, aproximadamente siete de cada 10 votantes de Lula (66%) están en desacuerdo con la afirmación del mandatario de que “los narcotraficantes también son víctimas de los consumidores”. La tasa de rechazo es significativa incluso entre segmentos cercanos al gobierno: 78% entre los votantes de izquierda no lulistas y 81% entre los independientes, apunta el periódico.

Tras la reacción negativa, el Presidente brasileño se retractó de su declaración en una publicación en X, diciendo que había hecho “una frase mal redactada”. El petista describió posteriormente la operación policial –que se convirtió en la más letal en la historia del estado de Río- como “desastrosa”. El 57% discrepó con Lula en este punto, mientras que el 38% estuvo de acuerdo.

“Si bien el aumento de los aranceles (por parte de la administración de Donald Trump) mejoró los índices de aprobación de Lula, la agenda de seguridad pública interrumpió la luna de miel tardía del gobierno con el electorado independiente. Fue precisamente dentro de este grupo donde se revirtió la tendencia alcista”, añadió.

Respecto a la alianza de gobernadores de derecha que anunciaron un consorcio para combatir el crimen organizado tras la operación en Río, el 47% de los encuestados la considera una acción política. Otro 46% cree que puede contribuir eficazmente a reducir la violencia. El sondeo muestra que el 3% opina ambas cosas.

Ascenso de gobernador de Río

Asimismo, el sondeo de Quaest ubica al gobernador de Río de Janeiro, el bolsonarista Cláudio Castro, como el gobernador brasileño “mejor valorado en la lucha contra la violencia”, según destaca Lauro Jardim, columnista del diario O Globo. “El gobernador de Río rompe su burbuja y finalmente se convierte en un político de alcance nacional”, enfatiza.

“De los siete gobernadores mencionados por Quaest, el 24% de los encuestados afirmó que (Castro) ha sido el de mejor desempeño hasta la fecha. Le siguen Tarcísio de Freitas (Sao Paulo), con el 13%; Ronaldo Caiado (Goiás), con el 11%; Romeu Zema (Minas Gerais), con el 5%; Jorginho Mello (Santa Catarina), con el 3%, y Celina Leão (Distrito Federal) y Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul), con el 2% cada uno”, detalla Jardim, quien escribió: “La operación que acabó con la vida de 121 personas en los complejos de Alemão y Penha bastó para cambiar esta situación. El ‘patito feo’ reventó la burbuja”.

Según la encuesta de Quaest, el 67% de los participantes aprobó la operación policial en Río, frente al 25% que la desaprobó. Asimismo, el 67% cree que la policía no empleó fuerza excesiva, frente al 29% que opinó lo contrario. El 55% manifestó que no desearía que se realizara una operación similar en su estado, frente al 42% que sí la desearía.

En medio del debate en torno al proyecto de ley antifacción -que crea el tipo penal de organización criminal calificada y endurece las penas para líderes e integrantes de los grupos criminales- y las repercusiones del operativo policial en Río de Janeiro, los brasileños abogan por medidas más severas en materia de seguridad pública.

Al respecto, el sondeo de Genial/Quaest muestra que el 88% de los encuestados afirma que las penas deberían ser más elevadas, mientras que el 73% cree que las organizaciones criminales deberían clasificarse como organizaciones terroristas, el principal punto de divergencia entre la base del gobierno y la oposición.

El sondeo muestra que el deseo de medidas más severas es generalizado. El 65% de los brasileños apoya la eliminación del derecho a visitas conyugales para los presos vinculados a grupos criminales, y el 60% apoya la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de Seguridad Pública, una de las principales apuestas del gobierno de Lula. La propuesta busca ampliar el papel del gobierno federal en la formulación de políticas en esta área, pero enfrenta la resistencia de los gobernadores. Mientras tanto, el 52% de los consultados cree que la responsabilidad de la seguridad pública debería transferirse al gobierno federal.

La población, sin embargo, está dividida sobre la posibilidad de que cada estado tenga su propia legislación en materia de seguridad (46% a favor y 48% en contra). Por otro lado, un acceso más fácil a las armas de fuego es ampliamente rechazado: el 70% está en contra y solo el 26% a favor.

La encuesta también preguntó qué medidas serían más efectivas para reducir la violencia. En primer lugar, el 46% de los brasileños mencionó leyes más estrictas, abogando por penas más severas, una legislación más rigurosa y la suspensión de la liberación de delincuentes por parte del sistema judicial. En segundo lugar, el 27% de los encuestados mencionó medidas preventivas como la educación, las oportunidades y las políticas sociales.