Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicaron este miércoles un comunicado, de manera independiente al organismo internacional, en el que condenan el bloqueo naval ordenado por el presidente de EE.UU, Donald Trump, contra los buques petroleros sancionados que salgan o se dirijan a Venezuela.

El texto fue firmado por los asesores Ben Saul, experto en derecho internacional; Surya Deva, relator especial sobre el derecho al desarrollo, y Gina Romero, relatora sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, junto con el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, George Katrougalos.

A su juicio “no hay derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado”, luego de que la administración Trump anunciara un bloqueo de todos los petroleros sancionados y desplegara una gran fuerza militar en el Caribe, cerca de la costa venezolana.

Es así como, teniendo en cuenta que un bloqueo es un uso prohibido de la fuerza militar contra otro país según el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, también afirmaron que los embargos estadounidenses serían un ataque armado.

“Es un uso de la fuerza tan grave que también se reconoce expresamente como agresión armada ilegal según la Definición de Agresión de la Asamblea General de 1974”, señalaron, para después agregar que: “Como tal, se trata de un ataque armado según el artículo 51 de la Carta, que en principio otorga al Estado víctima un derecho de legítima defensa”.

“El uso ilegal de la fuerza y ​​las amenazas de usar más fuerza en el mar y en tierra ponen en grave peligro el derecho humano a la vida y otros derechos en Venezuela y la región”, señalaron.

Para luego apuntar a los bombardeos contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental efectuados por el ejército estadounidense, afirmando que Washington perpetró al menos 104 “asesinatos” contra personas presuntamente implicadas en el tráfico de drogas, mediante 28 ataques contra embarcaciones civiles desde principios de septiembre de 2025.

“Ninguna de las personas asesinadas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal”, enfatizaron en su comunicado.

Para después afirmar: “Estos asesinatos constituyen violaciones del derecho a la vida. Deben ser investigados y los responsables deben rendir cuentas. Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos debe intervenir para prevenir nuevos ataques y levantar el bloqueo”.

Instando finalmente al gobierno de Trump que adopte urgentemente todas las medidas posibles para detener el bloqueo y las matanzas ilegales, incluso mediante protestas diplomáticas, resoluciones de la Asamblea General y contramedidas pacíficas, y llevar a los responsables ante la justicia.