El Papa León XIV ha llamado a los obispos españoles que a responder con la “escucha”, “verdad”, “justicia” y “reparación” a quienes “han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero”, lo que considera una “plaga”.

Así lo ha expresado este lunes el Pontífice en su discurso a los obispos españoles en la sala de la plenaria de la sede, donde ha sido recibido a pie de coche por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el vicepresidente, José Cobo; y el secretario general, César García Magán. El Papa se reunirá este lunes con algunas víctimas de abusos en un encuentro privado.

“Como ven, nuestro viaje está hecho de encuentros, en ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad, y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero”, ha dicho el Papa.

Según el Pontífice, “ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado”. “Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación”, ha subrayado.

“Descalificación permanente del adversario”

Por otro lado, León XIV ha criticado este lunes durante su discurso ante el Congreso de los Diputados la “descalificación permanente del adversario” y ha abogado por “una justa delimitación del poder público”.

“Dentro de las propias sociedades es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz”, ha asegurado en su discurso a la Cámara Baja, en el marco de su viaje a España. Es el primer Papa que habla ante el Parlamento español.

A su vez, ha invitado a los diputados a “desarmar el lenguaje” porque “la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación”. “Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos, pueden iluminar la realidad o deformarla”, ha agregado.

Además, “sin confundir el plano jurídico con el moral”, ha abogado por “una justa delimitación del poder público”. “Ser libre no significa únicamente estar libre de coacciones o disponer de muchas posibilidades de elección; significa poder reconocer el bien y adherirse a él responsablemente. Por eso, toda sociedad efectivamente libre requiere también una justa delimitación del poder público, de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y de las asociaciones no sea indebidamente restringida”, ha subrayado.

Por otro lado, ha defendido que “la dignidad humana no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento” y ha denunciado, con una “palabra serena y firme” tanto el aborto como la eutanasia y la exclusión de las personas migrantes, haciendo alusión a la “cultura del descarte” que denunciaba su predecesor, el Papa Francisco.

Defensa de la vida humana y drama migratorio

“¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de civilización”, ha defendido.

A su juicio, la “grandeza moral de una nación” se manifiesta “en su capacidad de proteger vidas que atraviesan mayor fragilidad”. “Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona”, ha insistido.

También ha avisado de que “el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional” y “exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos”.

En este sentido, ha afirmado que de ahí nace una “doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración”.

“Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica. Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”, ha aseverado.