El viernes 9 de mayo concluyeron las audiencias probatorias en el marco de la solicitud de destitución del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que realizaron diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista.

En las jornadas, que se llevaron a cabo en el salón multiuso ubicado en el subterráneo de la Corte Suprema, tanto los abogados requirentes, Doni Galaz y Fernanda Arias, como la defensa de Cooper, Matías Inzunza, presentaron testigos ante la jueza de la Suprema Mireya López.

Los parlamentarios oficialistas que presentaron el requerimiento cuestionan al fiscal Cooper por el polémico allanamiento que funcionarios de la Policía de Investigaciones realizaron el 3 de marzo en el domicilio de la diputada del PC Karol Cariola, quien está siendo investigada por el delito de tráfico de influencias.

Así las cosas, ya con esas audiencias concluidas, lo que viene ahora es que la jueza que escuchó a los intervinientes emita un informe con las transcripciones que será evacuado para los magistrados del máximo tribunal. Con ello, luego, se debe fijar una audiencia donde los abogados deberán ir a alegar frente al pleno de la Suprema.

Abogada de DD.HH. alegará por el PC

El pasado jueves, la abogada Ximena Chamorro, quien es parte del personal de apoyo de la diputada PC Carmen Hertz, presentó un escrito ante la Corte Suprema delegando poder a la abogada experta en derechos humanos Karinna Fernández Neira.

Fernández, abogada de la Universidad de Valparaíso y quien en 2020 fue candidata a fiscal nacional, será quien alegue frente al pleno de la Corte Suprema en representación del Partido Comunista, lo que aún no tiene fecha, pero que podría ocurrir durante la quincena de junio.

La abogada posee 20 años de experiencia en litigios nacionales e internacionales y ha oficiado como querellante en diversas causas penales, como la del Alto Mando de Carabineros, el caso de espionaje en el Ejército que afectó al periodista Mauricio Weibel, y por eventuales delitos de corrupción en la Municipalidad de Río Bueno.

La profesional, que además ha representado a víctimas de la dictadura en los casos Caravana de la Muerte y Operación Cóndor, comenta a La Tercera que ya se encuentra “estudiando el caso, revisando jurisprudencia nacional, así como también analizando los tratados internacionales que pueda citar ante los magistrados de la Suprema.

Comenta que está a la espera del informe que realice la jueza para revisar en detalle los alegatos que se expusieron en las audiencias probatorias. Estos son, por parte de los requirentes, los testimonios de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC), el senador PS y pareja de Cariola Tomás de Rementería, mientras que por el lado de la defensa las declaraciones de los funcionarios del Ministerio Público y del fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien participó de la última audiencia y quien es cercano al fiscal Cooper.

Si bien en Chile solo una fiscal ha sido removida por la Corte Suprema tras un requerimiento –la fiscal regional de La Araucanía Esmirna Vidal, en el marco del caso Lavanderos, en 2005–, este precedente negativo no sería preocupación para Fernández.

Según dice, todos los casos “cuentan con distintos contextos”, y en este se trata de un requerimiento por “negligencia” en el actuar del persecutor, lo que abre las posibilidades de que se cumplan las solicitudes de los requirentes, distinto a que fuera una petición basada en un mal comportamiento.

Eso sí, la abogada evitó comentar a este medio cuál es su opinión del allanamiento de la PDI a la diputada Karol Cariola, debido a que “eso será parte de sus alegatos en la Suprema” y no quiere adelantarlos.

El difícil escenario de Cooper

Mientras se realizaban las audiencias, en la primera semana de mayo, Cooper señalaba estar “tranquilo” y “confiado” en cómo se iban desarrollando las sesiones, esperando que la Suprema desestimara la solicitud de remoción.

Sin embargo, el fiscal tuvo que hacer frente a un nuevo flanco luego de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidiera removerlo del caso ProCultura.

La decisión de la máxima autoridad del Ministerio Público se dio luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera un recurso de amparo de Josefina Huneeus y declarara ilegal la intervención de su teléfono celular, lo que fue solicitado por el equipo de Cooper.

Cooper fue reemplazado en esa investigación por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Carlos Castro Bekios, mientras que la fiscalía apeló de la decisión del tribunal de alzada.