Adelantan en seis meses preparación de juicio para imputados por daños en la UdeC durante el estallido social

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió los argumentos de un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública -que representa a cuatro menores de edad, de un total de 12 imputados-, donde se señala que el plazo original fjado para junio de 2022 vulnera los principios, derechos y garantías que establece la legislación para los adolescentes infractores de la ley.




Para el 21 de diciembre próximo fue reprogramada la audiencia de preparación de juicio oral para los imputados por daños a la Universidad de Concepción durante las protestas del estallido social, luego de que la Corte de Apelaciones acogiera un recurso de amparo presentado por la La Defensoría Penal Pública, en el cual se argumentó que el plazo original, -fijado para el 8 de junio de 2022- vulneraba los principios, derechos y garantías que establece la legislación para los adolescentes infractores de la ley.

La acción fue presentada a fines de noviembre pasado en favor de cuatro menores de edad que representa la Defensoría, quienes son parte de un total de 12 detenidos por los incidentes registrados en febrero de 2020 en la casa de educación superior. Durante esta jornada, se conoció que la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Concepción acogió los fundamentos entregados por el defensor Penal Juvenil, Felipe Martínez, por lo que la audiencia fue adelantada en más de seis meses.

El fallo de tribunal de alzada establece que la fecha original, fijada para el 8 de junio de 2022, “vulnera las garantías establecidas en la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales reconocidos por Chile y que se encuentran vigentes –particularmente la Convención de los Derechos del Niño- y los principios inspiradores de la Ley N° 20.084, lo que afecta el derecho a la libertad personal y la seguridad individual de los amparados, tratándose de adolescentes que se han visto privados parcialmente de su libertad personal, y ahora sometidos a una cautelar de menor intensidad, por lo que el excesivo plazo importa una afectación de sus derechos que deviene en una ilegalidad que debe ser corregida”.

Tras conocer la determinación, el defensor juvenil, Felipe Martínez, manifestó “estar conforme por cuanto la Ilustrísima Corte de Apelaciones consideró todos los argumentos de la defensa, fundamentalmente que por aspectos administrativo no se pueden pasar a llevar las normas y derechos que prevalecen en este caso tratándose de menores de edad de acuerdo con la normativa internacional y particularmente de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”.

Diversas causas penales presentadas por la casa de estudios en contra de 12 personas por desórdenes y daños ocurridos entre enero y marzo de 2020, en las dependencias de la institución, llevaron a que algunos constituyentes pidieran vetarla y otros a no tomarlo en cuenta con motivo de la primera salida a regiones del pleno, pactada para la semana del 22 de noviembre. Al final, El Campanil no verá ninguna sesión, pero sí algunas actividades.

En un principio, la audiencia fue fijada para el pasado 23 de noviembre, pero fue aplazada por el Juzgado de Garantía de Concepción, tras la solicitud de las defensas de algunos de los imputados, que realizan tratativas para evitar un juicio oral y acceder a un procedimiento abreviado.

Las querellas

Entre febrero y marzo de 2020 -poco más de tres meses después del estallido social- la UdeC sufrió una serie de desórdenes y daños al interior de su campus, ante lo cual la Corporación Universidad de Concepción presentó ante el Juzgado de Garantía de Concepción una serie de querellas criminales por los delitos de daños ocasionados en monumentos nacionales y robo en sitio no destinado a la habitación e incendio, contra todos quienes resultasen culpables de los hechos y con daños avaluados en más de 80 millones de pesos.

De acuerdo a la querella inicial, todo comenzó el 7 de febrero, cerca de las 19 horas, cuando una masa de sujetos ingresó al recinto educativo, “siendo atacados los guardias de seguridad, fracturando los individuos las ventanas de la totalidad de la garita, para luego incendiarla”.

Además, dice el texto, la turba incendió “de manera simultánea dos camionetas de la Facultad de Ciencias Naturales” y quebró 49 vidrios de ese edificio. Siempre acorde a la querella, el grupo despedazó también la barrera ubicada frente a la Laguna de los Patos y arrancó todas las señaléticas de dicho sector, incendiando un contenedor de reciclaje, quebrando además 15 ventanas de la Facultad de Ciencias Químicas, 15 de Ingeniería de Sistemas, siete de Biomédica, una de la Biblioteca Central, destrozando, además, la totalidad del cerco del perímetro al monumento homenaje de los 100 años de la universidad.

Una segunda querella señala que el 10 de febrero, a las 18.50 horas, otra vez un grupo de individuos ingresó a la UdeC, “accediendo simultáneamente al casino de este edificio, para lo cual quebraron una ventana (…), procediendo una vez al interior a sustraer diversas especies, entre las cuales se encontraban vestimentas y una caja registradora”. Además, acorde al escrito, los individuos destruyeron un carro de la brigada de incendios, incendiaron un carro de transporte de agua de la Facultad de Ciencias Naturales, fracturaron 10 señaléticas, destruyeron el muro de piedra laja, arrancaron un escaño de madera desde su base y destruyeron un basurero metálico, dentro de otras cosas.

Tras meses de investigación, la PDI logró detener a 12 jóvenes por cerca de 80 delitos cometidos en ese contexto. Entre los detenidos había delincuentes habituales y ninguno estaba vinculado a la universidad ni como estudiante ni como trabajador. Algunos de ellos quedaron con medidas cautelares que han ido modificándose en el tiempo, como arrestos domiciliarios nocturnos, firmas quincenales o la prohibición de salir del país y acercarse a la universidad.

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