El 21 de mayo de este año en Pirua, Perú, el alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, murió en un ataque perpetrado en plena vía pública por sicarios que interceptaron la camioneta en que se desplazaba y abrieron fuego.

No fue en México, no fue en Colombia. Fue en un país vecino, a unos 3.300 kilómetros de Santiago. Y fue reciente.

Hace unos días se conoció que al sur de la Región Metropolitana, en San Bernardo, un sujeto conocido como el Indio Juan condenado por femicidio y que había escapado de la cárcel hace unos meses, participó de un plan para dar muerte al alcalde Christopher White, profesor y militante del Partido Socialista (PS) que lidera la comuna desde 2021.

Había una fecha prevista: el 17 de septiembre.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, sostuvo que esto fue un “punto de inflexión” y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) encendió las alarmas, exigiendo reforzar la protección del jefe comunal.

Lo cierto es que este no es un caso aislado.

Amenazas en aumento

Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, comuna vecina de San Bernardo, también sabe de amenazas. Hace un par de años, ella y su par de Lo Espejo, Javiera Reyes, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, y el entonces alcalde de Puente Alto y actual Delegado Presidencial Regional, Germán Codina, contaban con protección policial por posibles ataques.

También se destinó protección en su momento para el jefe comunal de Estación Central Felipe Muñoz y para Lorena Facuse cuando encabezaba el municipio de Cerrillos.

“Yo no voy a bingos, por ejemplo. No voy a actividades muy masivas en el territorio. No ando tarde en la noche. En lo personal, yo no hago vida social y ha sido durante nueve años así”, contó Pizarro en entrevista en radio Universo este jueves.

La alcaldesa afirmó que Carabineros determinó que el riesgo para ella es persistente y se mantiene con escolta.

Es su mano derecha aseguró.

“Hoy día hay una cifra cercana de 20 alcaldes con protección policial. Esto va en aumento”, sostuvo la alcaldesa de La Pintana.

En los primeros días de julio, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, fue amenazado de muerte tras eliminar murales de barras bravas en la comuna.

Posteriormente, la alcaldesa Quilicura, Paulina Bobadilla, denunció una ola de intimidaciones en su contra.

Semanas antes, el 20 de marzo, la directiva de la ACHM, sostuvo una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para solicitarle formalmente la designación de un persecutor preferente para investigar el tema.

“Estamos viviendo la crisis de delincuencia más profunda de nuestra historia y los alcaldes somos la primera puerta que toca el vecino; por lo mismo, no vamos a dar un paso atrás”, afirmó el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri.