Nacional

Cámara aprueba proyecto que prohíbe subcontratar call centers en el extranjero y lo despacha al Senado

Iniciativa contempla multas de hasta 1.000 UF, fue visada ajustadamente por 76 votos a favor y 68 en contra.

Andres Perez

La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto que prohíbe la subcontratación de servicios de call center en el extranjero, iniciativa que ahora pasará a su segundo trámite en el Senado.

La propuesta fue respaldada por 76 votos a favor, 68 en contra y cuatro abstenciones.

El proyecto, impulsado por el diputado Gonzalo Winter (FA) y apoyado por parlamentarios de oposición, establece multas de hasta 1.000 UF (más de $40 millones) para las empresas que contraten servicios fuera del país para contactar o ser contactadas por clientes, ya sea vía telefónica, medios digitales u otras plataformas.

La iniciativa también incluye un artículo transitorio que faculta al Presidente de la República para dictar un reglamento que establezca los mecanismos de fiscalización y sanción.

El objetivo del proyecto es prevenir estafas telefónicas internacionales y, al mismo tiempo, fomentar el empleo local en el rubro de teleoperadores.

Durante el debate, Winter defendió la iniciativa señalando que el principal riesgo para el empleo del sector es la externalización de estos servicios. “La gran amenaza a su empleo (…) es que se está llevando ese servicio fuera de Chile”, sostuvo.

El parlamentario agregó que “la mitad de los servicios de teleoperación de Chile funcionan en Perú, Ecuador o países del Caribe, porque pagan menos”.

En la misma línea, el diputado Jorge Díaz (DC) afirmó que la discusión no es solo técnica, sino también de seguridad. “Las estafas telefónicas han evolucionado y hoy el crimen organizado opera call centers del fraude con guiones y bases de datos”, advirtió.

Desde el oficialismo, en tanto, surgieron críticas a la iniciativa. El diputado republicano Luis Sánchez sostuvo que la medida va en contra de la reactivación económica. “No se entiende (…) que se pongan restricciones a un elemento de inversión extranjera”, señaló.

Asimismo, cuestionó los argumentos que vinculan estos servicios con delitos. “No hay ninguna razón de fondo que nos diga que este servicio no puede ser prestado por una empresa fuera de Chile”, afirmó.

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