El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 20 de marzo la audiencia de control previo a la formalización del exfiscal Manuel Guerra, en el marco de la indagatoria por haber presuntamente intercambiado información -cuando era jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente- con el abogado Luis Hermosilla.

Así, el tribunal respondió positivamente a la solicitud presentada por parte de los abogados del expersecutor, Carlos Mora, Cristián Martín, Alejandra Navarro y Felipe Polanco.

“Conforme a lo expuesto y según la agenda de este tribunal, se fija audiencia conforme al artículo 186 del Código Procesal Penal para el día 20 de marzo de 2026, a las 12:00 horas”, detalla el texto, que además fija el número de sala en que se efectuará la comparecencia en el Centro de Justicia de Santiago.

La determinación se conoce dos días después de que la Corte Suprema declarara admisible la querella de capítulos presentada en contra del Guerra, por su posible participación en el denominado Caso Audios.

Rechazo a amparo presentado por Guerra

Durante este viernes, la Corte de Apelaciones de Santiago además dio a conocer el rechazo al recurso de amparo en favor del exfiscal y en contra de la jueza Mariana Leyton, la que a juicio de la defensa de Guerra había dictado decisiones “ilegales” al impedir que él pudiera prestar declaración judicial como medio de defensa.

En el recurso de amparo, presentado por el abogado Cristian Martin, adujeron que “si bien se han presentado querellas criminales y una querella de capítulos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la investigación aún no ha sido formalizada por parte del Ministerio Público”.

Además, indicó que en enero pasado la defensa solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago habilitar una audiencia para recibir la declaración del exfiscal sobre los hechos materia de la investigación, pero esta fue rechazada el 2 de febrero por la jueza Leyton.

Se argumentó que la negativa para ejercer el derecho a declarar por parte de Guerra amenazaba su libertad personal, ya que la querella de capítulos persigue la imposición de medidas cautelares personales, además de “impedir que el tribunal cuente con la versión de los hechos proporcionada por el imputado”.

Sin embargo, la corte estimó que “las resoluciones impugnadas se encuentran ajustadas a derecho y debidamente fundamentadas, no constituyendo una privación, perturbación o amenaza ilegal a la libertad personal del amparado, sino el ejercicio de las facultades de dirección del procedimiento conforme a la etapa procesal actual”.

De la misma forma, el tribunal aseguró que la interpretación de las normas procesales relativas al derecho a declarar del imputado en sus diversas etapas “constituye una facultad inherente a la función jurisdiccional del juez de garantía”.

“En consecuencia, al no configurarse los supuestos que hacen procedente la acción constitucional ejercida, toda vez que la actuación reprochada se ha enmarcado en el ámbito del ejercicio la actividad jurisdiccional, por un juez de la República, dentro del marco de su competencia, sin afectar la libertad personal ni la seguridad individual del amparado, el presente recurso debe ser desestimado”, concluyeron los ministros Alejandro Rivera y Sandra Araya, junto a la abogada María Soledad Krause.