Un año y cuatro meses han pasado de la muerte del conscripto del Ejército Franco Vargas (19), quien perdió la vida en medio de una marcha militar en Putre. Si bien el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, en abril de este año mantenía al menos a cuatro militares como blancos investigativos preparando su imputación, dicha etapa procesal se ha ido retrasando por una serie de nuevas diligencias.

De hecho, hace algunas semanas, el persecutor viajó a Santiago para tomar declaraciones a cuatro generales de Ejército. En parte, la postergación de las formalizaciones -que se esperaba ocurrieran en abril, a un año de la muerte del joven- se ha debido a las múltiples diligencias solicitadas por el comandante del batallón al que pertenecía Vargas, Claudio Guajardo, quien es representado legalmente por el abogado Humberto Palamara Iribane.

Guajardo, general dado de baja y quien para la familia de Vargas tiene responsabilidad en la muerte del conscripto por tener un rol de mando del batallón el día de la marcha, ha presentado varias acciones a través de su abogado, buscando deslindarse de responsabilidad y apuntando a los altos mandos de la institución castrense por una serie de protocolos médicos que no se realizaron y que, dice, habrían terminado con un escenario distinto.

Fue en febrero cuando Palamara presentó una querella por cuasidelito de homicidio que apuntaba a quienes resultaran responsables. Sin embargo, en las últimas semanas, el abogado amplió dicha acción penal, lo que ya fue acogido por el Juzgado de Garantía de Arica, ahora identificando a nueve personas, entre quienes están el comandante en jefe de Ejército y dos diputados.

El detalle de la querella

Junto con relatar los hechos ocurridos el 27 de abril de 2024, la acción presenta como querellados a cuatro generales: Pedro Varela Sabando, Rubén Castillo Herrera (r), Guillermo Altamirano Campos y Enrique del Fierro Lucar; al teniente Marco Agosín Cabrera, al coronel Christian Barros Cruzat, al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga del Campo, y los diputados Luis Malla (Partido Liberal) y Cristián Araya (Republicano). Todos con distinto grado de participación y de hechos.

“Las siete primeras personas denunciadas tendrían participación en los hechos, ya sea en calidad de autores por omisión o en calidad de encubridores de las personas que por omisión provocaron la muerte del conscripto Vargas y/o de los hechos que provocaron su muerte, porque, probablemente, no se habría producido si al contingente de conscriptos se les hubiesen efectuado los exámenes de hipobaria (para trabajar en altura), antes de ser trasladados a Pacollo”, dice el texto.

Así las cosas, a Iturriaga lo culpa de “encubrir a los responsables” en una alocución suya ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados el 1 de julio de 2024. Allí fue a explicar qué había pasado ese día en el norte del país. “Derechamente, la vacunación no era parte de estos protocolos (refiriéndose a los protocolos sanitarios del Ejército), ni tampoco los exámenes de hipobaria para altura. No eran exámenes exigibles para nuestros soldados”, dijo Iturriaga ante los parlamentarios, lo cual, afirma el abogado, es falso. Esto, porque esos protocolos habrían sido establecidos con anterioridad.

Por otro lado, al coronel Barros se le imputa por instruir una investigación sumaria “estando legalmente inhabilitado para encubrir responsabilidades en la muerte de Vargas”.

Diputados querellados

La querella además va por los diputados Malla y Araya, quienes realizaron una visita a Pacollo en su función fiscalizadora. En ese lugar, se lee en la acción penal, fueron invitados por Iturriaga a disparar munición de guerra.

El abogado explica que dicha acción está penada por el Código de Justicia Militar, ya que un civil no puede utilizar material de guerra, por lo que es considerado como un hurto.

Es por ello que Palamara pide que se cite a declarar a los diputados para que “respondan por qué estuvieron en Pacollo el 31 de agosto de 2024, quién les pasó las armas y la munición que dispararon, qué tipo de armas dispararon y cuánta munición consumieron”.

Consultado por eso, Malla aseguró que se trata de una acusación infundada: “Me tiene muy tranquilo que uno de los imputados por su presunta responsabilidad en la muerte del conscripto Vargas se querelle en mi contra. Acciones como estas no me amedrentan, por el contrario, me da más fuerza para luchar en contra de quienes abusan de su poder, de quienes tienen el descriterio en el mando y de aquellos que intentan ocultar su responsabilidad negligente que, en este caso, dejó a una madre sin su hijo”.

Por su lado, Araya declinó referirse a la querella.

Madre critica a querellante

La madre del conscripto, Romy Vargas, en diálogo con La Tercera, critica duramente la idea de que Guajardo sea querellante y no imputado: “Él sabe lo que hizo, sabe su inoperancia, su falta de humanidad y el delito que cometió”.

En ese sentido, agregó: “Que se quiera lavar las manos con cualquier otra persona me parece insólito. Él participó en la muerte de mi hijo al comportarse de mala forma, permitiendo hacer a los demás lo que quisieran. Que se ponga los pantalones si es tan hombre y tan exmilitar”.

Para Vargas, la investigación no ha sufrido retrasos y el fiscal Carrera se encuentra recopilando “más pruebas” para así aclarar quiénes son los responsables en la muerte de su hijo.