Una vez más, las licencias se tomaron el debate: durante la última jornada la Contraloría amplió las revisiones por los casos de licencias médicas en el sector público, y esta vez determinó que 13.286 funcionarios acudieron a casinos de juego mientras se encontraban bajo periodos de reposo.

Las entidades estatales ya estaban bajo la lupa del ente fiscalizador que encabeza Dorothy Pérez luego de que en mayo, en el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), se revelara que 25.000 funcionarios públicos viajaron fuera del país durante licencias médicas.

Tras las alertas de Contraloría se han cursado una serie de sumarios que escalaron a los ministerios, municipios, Carabineros, Fuerzas Armadas, entre otros servicios e instituciones. En el Ministerio Público y el Congreso también iniciaron procesos administrativos de forma independiente.

De hecho, de los más de 13 mil funcionarios identificados en este nuevo CIC, 1.486 de ellos ya habían sido parte de nómina de aquellos que estando con licencia médica, viajaron fuera del país.

De esta forma, el informe arrojó que los más de 13 mil funcionarios involucrados presentaron un total de 14.599 licencias médicas.

En el universo de los trabajadores que se encontraban con licencia se registraron 14.923 asistencias a casinos, siendo los establecimientos ubicados en O’Higgins (3.376), Biobío (2.180) y Valparaíso (2.162) los que concentraron la mayor cantidad de visitas.

Los funcionarios que se encontraban con licencia médica provienen de 799 organismos. En ese listado, las entidades con mayor incidencias son los municipios con un 30%, y hospitales y servicios de salud con un 29%.

Por otra parte, entre los servicios con mayor cantidad de licencias y que presentan ingreso en establecimientos de azar, destacan la Junta Nacional de Jardines Infantiles (516 licencias), Fundación Integra (480), Servicio de Salud de Concepción (332), Servicio de Salud de O’Higgins (233), la Corporación Nacional del Cobre (211) y el Servicio de Salud Viña de Mar-Quillota (182).

El presidente de la comisión investigadora de licencias médicas del Congreso, el diputado Hernán Palma(FREVS), asegura que “estamos frente a una situación que se agrava progresivamente. Ya venía generando conmoción pública desde mayo, y este nuevo antecedente solo profundiza la crisis. Más aún si consideramos que, dentro de ese total, 1.486 personas no solo hicieron mal uso de sus licencias médicas, sino que además salieron del país de forma irregular mientras supuestamente debían estar con reposo”.

Y por eso el diputado decidió que es necesario convocar nuevamente a la contralora a la comisión.

Jaime Sáez, diputado del Frente Amplio y también integrante de la comisión, sostiene que las medidas deben apuntar hacia las sanciones: “Es muy importante fortalecer el rol del Estado y no caer en caricaturas que buscan achicarlo o debilitarlo. Por eso, es fundamental que haya sanciones ejemplificadoras y oportunas contra quienes hacen un uso fraudulento del subsidio de incapacidad laboral, como asistir a casinos estando con licencia médica. Lo que no se puede permitir es que caiga la confianza de la ciudadanía en el Estado, porque eso termina debilitando al país”.

Integrantes de la misma comisión y que son oposición también coinciden. Por ejemplo, el diputado Daniel Lilayu (UDI), opina que “ha llegado el momento de tomar acciones concretas y radicales contra todos los funcionarios del país que jugaron con la fe pública y buscaron vulnerar el sistema de licencias médicas. Para ello, es fundamental que el Ministerio Público refuerce el equipo de fiscales a cargo de esta investigación y se inicien, a la brevedad posible, todas las formalizaciones que correspondan por el uso malicioso de instrumento público o, incluso, por fraude al Fisco, según sea el caso”.

Ya del primer informe que dio a conocer la contraloría se han instruido cerca de siete mil sumarios. Y en el caso de que estos determinen alguna responsabilidad, las sanciones pueden incluir la destitución o la suspensión con reducción de sueldo.

Por otro lado, el diputado republicano, Agustín Romero, afirma que hay que buscar otras medidas: “El gobierno tiene el deber de patrocinar iniciativas legales para sancionar con fuerza estas conductas. Ya no bastan sumarios administrativos que terminan en nada: debe exigirse la devolución de lo defraudado y la pérdida inmediata del empleo público. Si no hay voluntad del gobierno de limpiar el Estado, entonces son cómplices del abuso”.

En ese contexto, el pasado 10 de julio el Ejecutivo ingresó un proyecto que disminuye los incentivos para la extensión de permisos.

Uno de los cambios que introduce es que se iguala el pago de licencias médicas entre el mundo público y el privado, eliminando el beneficio actual que permite a los trabajadores del Estado seguir recibiendo su sueldo completo durante el reposo. En su lugar, se calcularía un monto diario de pago —equivalente a un 13% del sueldo bruto mensual—. Esta nueva fórmula aplicaría a todas las licencias, excepto las maternales (pre y postnatal, y enfermedad del hijo menor de un año) y las que se dan por accidentes laborales.