Ya van 50 días desde que se inició el desalojo a de la megatoma de San Antonio, proceso que ya llegó a las 64,7 hectáreas desocupadas de las 115 previstas en total. Esto incluye 107 cuadrículas, 372 techos y un total de 522 sitios despejados.

El desalojo responde a las infructuosas negociaciones del gobierno con los dueños de los terrenos, empujadas por un fallo de la Corte Suprema que finalmente derivó en la determinación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de expropiar casi la mitad del terreno con el fin de entregar una solución habitacional a los ocupantes. El proceso implicó el deber de restituir los terrenos no expropiados a la inmobiliaria propietaria.

Es por esto que desde el pasado lunes 12 de enero se están despejando esos paños en operativos que no han estado exentos de resistencia, con disturbios, barricadas y lanzamiento de objetos incendiarios durante los primeros días, además de uniformados heridos: uno por el impacto de una bala y dos por perdigones.

Algunos pobladores, en tanto, acusan tratos “inhumanos” durante el desalojo. En esta línea, el pasado 17 de febrero, Dafne Aránguez Ferry, dirigente de la megatoma y representante legal de tres comités, presentó un recurso de protección contra la Delegación Presidencial Provincial (DPP) y la delegada del Minvu para la megatoma, Gloria Maira, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En el documento se acusa la afectación física y psíquica a más de 2 mil familias, además de solicitar una orden de no innovar en los desalojos, que finalmente fue declarada no ha lugar por la corte dos días después.

Ante el recurso, Carolina Quinteros, delegada presidencial provincial, respondió con un informe el día 27 del mismo mes. En este se plantea que “las actuaciones de esta delegación concurren en mandato expreso de una sentencia judicial firme y ejecutoriada, y se han centrado en la coordinación de los diversos servicios públicos y del auxilio de la fuerza pública para dar cumplimiento a dicho mandato judicial. Además, es relevante hacer presente que el proceso al que se alude inició materialmente el día 12 de enero de 2026, ajustándose estrictamente a los protocolos de respeto a los derechos fundamentales y a las instrucciones del tribunal. Dentro de los fundamentos de derecho, adjunta dos links de medios de comunicación que citan la confirmación del INDH del cumplimiento de protocolos internacionales en el desalojo.

Ante esto, durante este 1 de marzo la recurrente respondió en un téngase presente que “la defensa de la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio se sustenta en recortes de prensa y en notas periodísticas, por cuanto no son informes correspondientes a la recurrida, y además, son redactados bajo un perfil editorial determinado”.

Independiente del recurso de protección, el operativo ya cumplió su séptima semana en terreno y superó la mitad de las hectáreas planificadas; proceso valorado por el delegado presidencial regional (DPR) de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien afirma que “se ha desarrollado con agilidad, buena coordinación y eficacia, gracias al despliegue profesional de Carabineros de Chile y al trabajo articulado con las instituciones del ámbito social, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el municipio, lo que ha permitido avanzar con responsabilidad, resguardando el orden público y acompañando a las familias en este proceso”.

El delegado también explica que durante esta semana se continúa la desocupación y avanzada social, además de trabajos pendientes en sectores que ya fueron devueltos a los propietarios. En la siguiente, marcada por el cambio de mando durante el miércoles, se seguirá con desarme voluntario y nuevamente avanzada social. “Con este ritmo de avance lograríamos finalizar este proceso durante abril. Esta información le fue entregada al futuro delegado presidencial regional, quien deberá tomar la posta y concluir todo este gran proceso”, señala Riquelme.

Es en esta misma tecla que Riquelme, DPR actual, y el entrante Manuel Millones sostuvieron una bilateral el pasado lunes 23 de febrero, donde abordaron temas como la reconstrucción de Viña del Mar, seguridad pública y la situación de la megatoma. Millones deberá asumir la tarea de completar el porcentaje restante de este proceso que hereda de la administración de Gabriel Boric.

El procedimiento cuenta con un despliegue de Carabineros de 220 funcionarios rotativos y en turnos, para así cubrir y apoyar labores de demolición, traslado, escolta de maquinaria y vigilancia especial nocturna para evitar retomas. Esto, según comentan desde la Delegación Presidencial Regional (DPR) de Valparaíso.

En tanto, la actualización de catastros y levantamientos de casos sociales está en manos de un dispositivo social, que está integrado por equipos regionales de Mideso, Minvu y las delegaciones presidenciales regionales y provinciales.