Dos miembros del Tren de Aragua, que controlaban el comercio sexual en plazas de la Región Metropolitana, fueron condenados a penas que suman 30 años y 10 años, respectivamente.

Ambos hombres mantenían el control territorial del comercio sexual en cuatro plazas del sector céntrico de Santiago entre los años 2021 y 2022, específicamente en Cruz Verde, Bustamante, Morandé y Plaza de Armas.

Bajo amenazas de muerte con armas de fuego, cobraban multas y pagos semanales para controlar el negocio ilícito de explotación sexual hacia mujeres, que desplazaban desde otros países hacia Chile con engaños.

De acuerdo con la Fiscalía, quedaban sometidas al control de la organización y debían pagar altas sumas de dinero. Solo por el traslado al país, se les cobraba una multa superior a los 2 millones de pesos. Adicionalmente, se les exigía una “entrada” para ubicarse en las plazas y pagos periódicos cercanos a los 100 o 200 mil pesos semanales por usar dichos lugares.

“En el evento de que no pagasen el dinero a la organización, los miembros lo que hacían era secuestrarlas, dispararles o incluso matarlas”, afirmó un fiscal del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de Fiscalía Regional de Tarapacá, cuyo nombre se mantiene en reserva.

Peraza y Martínez

En el juicio se dio por acreditado que los dos sujetos, de nacionalidad venezolana, integraban la asociación criminal transnacional Tren de Aragua.

Luis Peraza Mijares, apodado “Burrito” era uno de los jefes de la plaza y fijaba los lugares donde se debía ejercer el comercio sexual. Asimismo, establecía los valores a cobrar, definía al personal encargado de recaudar el dinero y determinaba las medidas de coerción para asegurar los pagos.

El otro acusado, Yondri Martínez Garcés, formaba parte del grupo encargado de las acciones más violentas de amedrentamiento haca quienes incumplían las órdenes. Uno de los casos acreditados en el juicio fue el secuestro de una mujer en Santiago, a quien le dispararon en el pie por la “deuda” que mantenía con la organización criminal.

La investigación del SAC con la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió llevar a ambos sujetos a juicio y obtener sus posteriores sentencias.

Luego de la presentación de las pruebas del persecutor de la SAC, “Burrito” fue condenado a penas que suman 30 años de presidio efectivo, como autor de los delitos de asociación criminal, secuestro y el delito de reiterado de trata de personas con fines de explotación sexual.

Martínez, por su parte, fue condenado a penas que suman más de 10 años de presidio efectivo por los delitos de asociación ilícita y secuestro.