La gran reforma a los nombramientos judiciales que el gobierno impulsa como respuesta al escándalo de corrupción que hundió al Poder Judicial en una severa crisis entró a la fase de discusión en particular en la Comisión de Constitución del Senado.

Pese a que la presidenta de la instancia, la senadora Paulina Núñez (RN), ya anunció que esta reforma quedará como tarea para el próximo gobierno -quedan menos de dos semanas legislativas antes del receso- la semana pasada los senadores mostraron sus cartas al ingresar las indicaciones al mensaje del Ejecutivo.

El mensaje del Ejecutivo, que ha sido impulsado por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), implica un cambio radical en la judicatura ya que modifica el gobierno judicial, saca a las cortes de la selección de las ternas para los nombramientos de los jueces y suprime la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema que data desde 1833.

El principal cambio es que la reforma reemplaza el actual sistema de nombramientos que está centrado en procesos de selección hechos por la Corte Suprema o las cortes de apelaciones por uno en que los procesos de selección serán realizados por un Consejo de Nombramientos Judiciales.

Sin embargo las enmiendas de los senadores van más allá y tras los hechos de corrupción que han golpeado al máximo tribunal tienen el objetivo de modificar las reglas que regulan a los ministros de la Suprema que corresponden a cupos externos de la judicatura.

La composición de la Suprema es de 21 ministros de los cuales cinco cupos corresponden a abogados externos a la carrera judicial, es decir, que fueron designados en el máximo tribunal sin ser jueces. Uno de esos cupos era el que ocupaba la exministra Ángela Vivanco, quien actualmente está enfrentando un proceso judicial como imputada en la trama bielorrusa.

A ella actualmente se suman la ministra Andrea Muñoz, los ministros Arturo Prado y Jean Pierre Matus, la ministra María Cristina Gajardo y el sucesor de Vivanco, el actual supremo Gonzalo Ruz.

El senador más audaz fue Rafel Prohens (RN). El parlamentario ingresó una indicación que elimina los cinco cupos de supremos externos al establecer que “la Corte Suprema se compondrá de veintiún ministros, todos los cuales deberán provenir del Poder Judicial”. Junto con eso establece como requisito que los magistrados del máximo tribunal deberán acreditar “contar con a lo menos quince años de ejercicio jurisdiccional efectivo dentro del Poder Judicial”.

Las senadoras Núñez y Carmen Gloria Aravena (independiente) también quieren meter mano en la regulación de los externos. Para eso proponen que sus cargos solo duren 10 años. Hoy no tienen limitación, salvo la edad de jubilación de 75 años.

Pero en esa misma enmienda a su vez lanzan un inciso que es un dardo directo a la ministra Muñoz, la abogada externa a la judicatura más antigua de la Corte Suprema. La magistrada, si el pleno sigue respetando el orden de antigüedad, será la próxima presidenta del máximo tribunal después del periodo de la ministra Gloria Ana Chevesich.

“Los ministros designados en su calidad de abogados extraños a la administración de justicia no podrán ejercer la presidencia de la Corte Suprema ni subrogar en dicha función”, se lee en esa indicación.

Eso si las senadoras plantean, en un transitorio, que la restricción de los 10 años solo aplicará a ministros en el futuro una vez promulgada la ley “con excepción de la prohibición relativa al ejercicio de la presidencia de la Corte Suprema y a la subrogación en dicha función, la cual será aplicable a todos los ministros que ejerzan el cargo en la referida calidad, con independencia de la fecha de su nombramiento”.

El que fue más agresivo en su indicación fue Prohens. El senador pretende que “los ministros de la Corte Suprema que, a la fecha de entrada en vigencia de esta reforma constitucional, no provengan del Poder Judicial, continuarán ejerciendo sus cargos hasta el término de un plazo máximo de cinco años contado desde dicha entrada en vigencia, o hasta que se produzca su cesación por alguna de las causales constitucionales o legales, si esta ocurriere con anterioridad”.

El parlamentario quiere que esos cupos, cuando queden vacantes, solo puedan ser ocupados por “personas provenientes del Poder Judicial”.

La senadora Núñez además ingresó una indicación para bloquear que quienes integran las quinas para ser supremo ejerzan como suplentes: “Los ministros suplentes de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones no podrán integrar ni actuar como miembros respectivos del tribunal superior de justicia en calidad de suplentes o cualquier otra forma de subrogación, desde el momento en que hayan sido incluidos en una terna o quina para proveer un cargo de ministro titular del mismo tribunal, y hasta que dicho proceso de nombramiento haya concluido íntegramente”.

La integración del Consejo

Un debate que todavía está pendiente es cuál será la integración del Consejo de Nombramientos Judiciales. Cuando los diputados despacharon el proyecto del primer trámite constitucional no hubo consenso sobre los integrantes, por lo que rechazaron esas normas y el proyecto llegó al Senado sin una propuesta clara en torno a este tema.

La integración original del proyecto era un juez de la Corte Suprema, uno de corte de apelaciones y dos jueces de instancia del Poder Judicial. Estos cuatro serían elegidos por sorteo.

Asimismo, el plan inicial era que además serían parte de esta nueva entidad un exdecano de alguna Facultad de Derecho elegido por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), un abogado de conocida trayectoria elegido por 4/7 de la Cámara, previa terna del Consejo de Alta Dirección Pública, y otro abogado con las mismas características descritas anteriormente solo que elegido por 4/7 del Senado.

Dado que la integración del consejo quedó en blanco -por el rechazo de los diputados- en las indicaciones de los senadores y del Ejecutivo vienen nuevas fórmulas para definir este tema.

Las senadoras Núñez y Luz Ebensperger (UDI) coinciden en que el Consejo debe estar integrado por dos personas elegidas por la Corte Suprema, dos por la Corte de Apelaciones, dos por el Senado y uno por el Presidente.

El senador Alfonso de Urresti (PS) propone una formación diferente: un ministro de la Corte Suprema, uno de la Corte de Apelaciones, un juez letrado del Poder Judicial y dos abogados con al menos veinte años ejerciendo elegidos por 2/3 del Senado.

Esta última propuesta se alinea más con las indicaciones que presentó recientemente el Ejecutivo para el proyecto, aunque también presenta diferencias, sobre todo en lo que respecta a los representantes designados por el Cruch, quienes para el gobierno se debieran mantener en el consejo.

Por otro lado, hay dos senadores de la comisión que no presentaron indicaciones: Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Pedro Araya (PPD). La opinión del senador Araya es más crítica sobre este proyecto. Tanto así que afirma que “no está de acuerdo con la figura del Consejo” y que no hay un acuerdo concreto en el Senado sobre esta futura entidad.

Ahora, las indicaciones propuestas serán revisadas por la Comisión de Constitución. Mientras quedará por verse si el gobierno logrará dejar este proyecto con el segundo trámite finalizado o si la futura administración del presidente electo José Antonio Kast (republicano) deberá terminar el trámite en la sala.