“Gran remate ante jueza partidora. Oportunidad única de inversión educacional en Peñalolén. Se remata propiedad educacional, viernes 28 de agosto año 2026, excelente ubicación y conectividad. Ideal para colegios, universidades, institutos profesionales, CFT o proyectos de formación laboral”.

El aviso de remate, programado para las 14 horas de ese viernes, dejó atónita a buena parte de la comunidad educativa de la Escuela Básica Particular Subvencionada Santa Sofía, ubicada en la calle Coronel Alejandro Sepúlveda de Peñalolén.

La incertidumbre para ellos no es menor, toda vez que, según remarcan distintas voces de la comunidad, la información es escasa tanto para funcionarios como para las familias. “No estábamos enterados hasta esta consulta”, dice uno de los trabajadores del recinto a La Tercera.

Esto, a pesar del vistoso aviso de remate publicado en diarios de circulación nacional previo a ese viernes 28 de agosto.

Según el aviso, el recinto tiene una capacidad de 500 alumnos, un terreno de 2.267 m2 y una superficie construida de 1.822 m2. “Excelente acceso a locomoción colectiva y vías principales como Avenida Grecia y Tobalaba. Instalaciones adaptables a diversos modelos educativos con amplios espacios funcionales, baños y patios”, eran parte de los atractivos del llamado a pujar con una postura mínima de 62.763 UF, que el día de la subasta implicaban poco más de 2.565 millones de pesos.

Al final de la jornada no hubo comprador y, con ello, la incertidumbre pasó a consolidarse porque el futuro para la escuela sigue en el aire. “¿A dónde nos vamos a ir?“, se pregunta una apoderada.

La nueva fecha de remate quedó, en principio, para el 30 de octubre y la postura mínima descendió a 44.000 UF, es decir, casi 1.800 millones de pesos.

Al tomar conocimiento de la situación, la Superintendencia de Educación ingresó una denuncia de oficio “y activó los procedimientos correspondientes para recabar los antecedentes y verificar el cumplimiento de la normativa educacional por parte del sostenedor. Nuestros equipos se encuentran realizando seguimiento al caso y, en función de la información que se recopile, se adoptarán las acciones que correspondan dentro del ámbito de nuestras atribuciones”, según dicen desde la entidad fiscalizadora.

Pero, ¿cómo se llegó a este remate?

La Escuela Santa Sofía funciona como tal desde 1980 en las dependencias de Peñalolén, ubicada en el sector de Lo Hermida. Desde septiembre de 2017 su sostenedora es la Corporación Educacional Tresángeles, cuya representante legal es Marcia Arenas Janer.

Ella es, a su vez, hija de Delfina Janer, la dueña original del terreno, quien tras fallecer en 2023 lo heredó a Marcia y sus hermanos Paulo Arenas Janer, Iván Arenas Janer y Rodrigo Arenas Janer.

Según la demanda presentada por los tres hermanos hombres, los pagos del arriendo “se suspendieron después que la arrendadora falleció, ya que doña Marcia Arenas Janer y su Corporación Educacional Tresangeles, señalaron en primera instancia que debía tramitarse la posesión efectiva de doña Delfina Janer Ferrer”. Eso, según dijeron, nunca se regularizó, lo que se tradujo en el no pago rentas desde enero de 2024, totalizando 19 meses de atraso.

Lo anterior llevó a un proceso judicial trasl el cual el 30 de octubre de 2025, el 15° Juzgado Civil de Santiago declaró terminado el contrato de arrendamiento del inmueble por no pago de un arriendo fijado en $ 4.896.526 y condenó a la corporación Tresángeles a restituirlo y a pagar poco más de $ 99 millones de pesos de arriendos atrasados, donde se abre una teleserie en sí misma al ser los tres hermanos de la arrendataria.

Aunque el sostenedor apeló, la sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 20 de febrero de este año y el cúmplase fue dictado el 19 de marzo, ordenándose el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública el 8 de junio de 2026, con lo que la corporación sostenedora pasaría a estar privada material y jurídicamente del uso de las dependencias. Eso, en todo caso, aún no ha ocurrido.

A raíz de la denuncia de oficio, a la escuela se le detectaron además otra serie de irrregularidades en torno al uso de la subvención escolar, así como en la tenencia del inmueble, cuyo contrato de arriendo no fue debidamente inscrito.

El qué viene ahora para esos estudiantes nadie lo responde. Las posibilidades son amplias y abarcan todo lo imaginable, desde irse a otro lado a disolver la escuela. “¿A dónde nos vamos a ir? Necesitamos certezas“, se pregunta, en tanto, una apoderada. La idea, según entendidos del conflicto, es que los estudiantes al menos terminen el año escolar allí.

“La Seremi de Educación de la Región Metropolitana está en conocimiento de esta situación y ha sostenido reuniones con el equipo directivo y la sostenedora del establecimiento para conocer los antecedentes y hacer seguimiento a lo que está ocurriendo. Como Seremi, continuaremos atentos a su desarrollo y mantendremos las coordinaciones que sean necesarias. Nuestro principal foco está puesto en los estudiantes y en resguardar la continuidad de sus trayectorias educativas”, señalan al respecto desde la secretaría regional que representa al Mineduc.

La Tercera intentó tomar contacto con el sostenedor del recinto, sin éxito hasta el cierre de esta nota.