Por Ignacia CanalesEl software que llegó a ordenar el uso de camas de la Posta Central y terminó bajo la lupa por posible conflicto de interés
Contraloría acusa un conflicto de interés, dado que el programa contratado fue desarrollado por una funcionaria del establecimiento. Asimismo, identifica otras irregularidades, entre ellas, el uso indebido de recursos públicos.

BedWise es el nombre de una aplicación de la empresa WiseMed que en 2024 comenzó a probar su software de gestión de camas al interior del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) -Posta Central-. Desde entonces, el proyecto generó una serie de cuestionamientos que ahora son objeto de un informe de la Contraloría General de la República,.
Uno de los primeras alertas es un posible conflicto de interés: mientras la doctora Carolina Aguirre Jeffery se desempeñaba como funcionaria del establecimiento -llegando incluso a ejercer como subdirectora médica subrogante durante 2024-, también era socia fundadora y representante legal del negocio, empresa que constituyó junto a su cónyuge, con un 50% de participación cada uno. Hoy, ella figura como directora clínica y comercial y su cónyuge, Cristián Núñez, como director de Operaciones, Estrategia e IA.
El informe de Contraloría responde a dos denuncias que afirman que la implementación de esta tecnología configura varias faltas, como al principio de probidad administrativa, conflictos de intereses y acceso irregular a datos sensibles de pacientes.
“Al respecto, de conformidad con los antecedentes aportados por el hospital, a saber, diversos correos electrónicos, consta que al menos desde el 14 de noviembre de 2024, existía la idea de proporcionar el software en comodato, toda vez que de la lectura de tales misivas, consta la existencia de consultas jurídicas respecto de la normativa aplicable a un convenio como el de la especie, como asimismo, la preparación de un documento borrador del convenio, en todas estas correspondencias estaba copiada la señora Aguirre Jeffery”, se lee en una de las partes del informe.
Luego, se añade que se constató que su cónyuge recibió un corre de parte de Christian Echeverría, subdirector de Gestión Administrativa y Financiera de la posta, donde le recomiendan agendar audiencia, vía Ley del Lobby, para solicitar adecuadamente una entrevista a fin de poder materializar el uso de la herramienta que “…contribuirá a una mejor gestión del recurso cama”. La pesquisa recuerda que a esa altura Aguirre Jeffery estaba designada como primer orden de subrogancia del cargo de subdirector médico del recinto, por lo que al participar en la firma del convenio en comodato del software, le asistía el deber de abstención.
El informe también apunta a un uso indebido de recursos, pues varios funcionarios del hospital, incluido el equipo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y referentes clínicos, destinaron parte de su jornada laboral y conocimientos técnicos implementar y mejorar este software privado con fines comerciales.
“Si bien el hospital sostuvo que los funcionarios involucrados actuaron exclusivamente dentro del ámbito técnico propio de sus funciones, se constató que estos destinaron parte de su jornada laboral y capacidades institucionales a actividades asociadas a la implementación, evaluación, prueba, mejora e integración de un software de origen privado y con potenciales fines comerciales. En efecto, los antecedentes reunidos permiten advertir indicios de utilización de recursos públicos, materializados en el empleo de tiempo funcionario, recursos humanos especializados y capacidades institucionales”, establece el informe.
Además, la pesquisa advierte de un acceso y tratamiento irregular de datos clínicos sensibles, mientras que también destaca deficiencias graves en la seguridad de la información. Así, el organismo dirigido por Dorothy Pérez cita una auditoría realizada por la Unidad de Ciber Seguridad de la Información del Ministerio de Salud que identificó 31 hallazgos de seguridad concluyendo que la plataforma no cumple los estándares institucionales y no puede avanzar a nivel de producción ni ser expuesta a internet.
El organismo detectó que utilizó la versión prueba del software sin justificación: la resolución exenta N° 2.987, que aprobó el contrato, se limitó a invocar razones generales de gestión hospitalaria. No fundamentó de manera concreta por qué se optó por utilizar la versión beta (que es preliminar y puede presentar fallas o problemas de rendimiento) para una función tan crítica como la gestión de camas.
Así, el oficio firmado por el contralor regional, René Morales, concluye que “atendido el carácter preliminar del software y los resultados del análisis ministerial, no se encuentra suficientemente acreditado que el sistema BedWise cumpla con los niveles de seguridad exigidos para su uso en un entorno hospitalario público crítico”.
En ese contexto, instruyó al establecimiento hospitalario a adoptar medidas para asegurar que cualquier futura iniciativa tecnológica privada sea sometida a una evaluación previa, formal y documentada que determine su pertinencia, recursos involucrados y autorizaciones correspondientes antes de su implementación.
Además, Servicio de Salud Metropolitano Central -institución de la que depende el centro asistencial- deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas asociadas a todo este episodio.
El director de operaciones de la empresa que creó el software- Wisemed- Cristian Núñez, afirmó a La Tercera que “creemos que Contraloría tal vez no tuvo, lamentablemente, todos los antecedentes técnicos suficientes para poder resolver. Y entendemos que existen recursos pendientes, donde estamos 100% disponibles para entregar los antecedentes que se necesiten”.
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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