El 11 de marzo de 2022, el entonces director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Ignacio Malig (Evópoli), supo que tenía muy poco tiempo para lograr un objetivo que se viene persiguiendo al menos desde el año 2007: catastrar las tierras indígenas.

Cuando Malig asumió la dirección de la Conadi, en junio de 2019, recibió como encargo especial del expresidente Sebastián Piñera la compleja misión de hacer algo que ningún gobierno había logrado conseguir. El objetivo era catastrar las tierras indígenas para ponerle coto a un sistema de restitución que es ineficiente, burocrático, lento y se basa en un diseño que termina generando que el problema de tierras en vez de ir disminuyendo, se vaya reproduciendo en el tiempo y, por lo tanto, se transformara en infinito.

Desde 1993 hasta 2024, el Estado ha comprado 230.563 hectáreas para entregar a los pueblos originarios.

El diagnóstico que tenía la administración piñerista era que de nada servía poner el pie en el acelerador comprando tierras a través del mecanismo del artículo 20 letra B de la Ley Indígena, si no se sabía cuál era la magnitud de lo que reclamaban las comunidades, cuánto de eso ya se había comprado, cuánto faltaba por comprar y -con esa información- poner un límite a las ambiciosas demandas de tierras reclamadas por comunidades indígenas al Estado.

Por eso fue que la Conadi de Malig pensó en grande. Durante varios meses diseñaron las bases de una licitación, que costaría $ 5 mil millones, y cuyo objetivo era “catastrar los títulos de merced para las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”.

A finales de 2021, las bases estaban listas para ser enviadas a Contraloría para su toma de razón, debido al monto que estaba en juego. El ente contralor las recibió y en febrero de 2022 hizo reparos que más tarde fueron corregidos. Finalmente, en una segunda instancia dio la luz verde para lo que sería la licitación estrella de la Conadi. Con eso se enviaron oficios a la Subsecretaría de Servicios Sociales y a la Dipres solicitando los recursos -comprometidos desde antes- para luego proceder a la publicación en Mercado Público.

El catastro iba en serio. Tanto así, que previamente Malig tuvo reuniones con todos los rectores de las universidades públicas de las regiones donde se realizaría el catastro, dando a conocer la licitación para así generar interés en participar del concurso. De hecho, fuentes que supieron del asunto cuentan que las universidades tenían disposición a asociarse en un consorcio para adjudicarse la licitación.

Solo bastó que llegara marzo de 2022 y, con ello, el Presidente Gabriel Boric a La Moneda para que la nueva administración sepultara todo el trabajo de la Conadi. “Nos pilló el cambio de gobierno y yo me quedé en la Conadi hasta mayo. Luego de presentarle a la entonces ministra de Desarrollo Social Jeannette Vega la necesidad de este catastro y mostrarle que estaba todo listo para la licitación, no tuve respuesta de su parte. Luego supe que el gobierno había desechado la idea”, recuerda Malig.

La licitación de Piñera para catastrar las tierras -que hoy lo plantea el informe final de la Comisión de Paz y Entendimiento de este gobierno- fue el momento en que más cerca se ha estado de concretar este objetivo. Ya en 2007 lo quiso hacer el exministro José Antonio Viera-Gallo con un intento a través de un estudio encargado al Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de Concepción.

El tema no quedó ahí. Una década después el informe de la comisión que presidió el obispo Héctor Vargas insistió en el punto. Su informe final solicitaba la realización de un “catastro de los subsidios otorgados a la fecha provenientes de título de merced u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado”.

Antes de la licitación de Malig -que se hizo mientras Karla Rubilar fue titular de Desarrollo Social-, en mayo de 2019 el exministro Alfredo Moreno intentó realizar una ambiciosa -pero fracasada- consulta indígena. Junto con eso, le pidió al excontralor Jorge Bermúdez si podía asumir la misión de hacer el catastro, pero Bermúdez le respondió con un portazo. Tras analizar el asunto, optó por no involucrarse en una materia de la cual no tenía fuentes adecuadas para contrastar la información.

Incluso, en 2019 los senadores de La Araucanía Francisco Huenchumilla (DC) y Felipe Kast (Evópoli) hicieron una alianza para presentar una propuesta que, nuevamente, incluía la necesidad de un catastro.

La ventana al cuarto año

Esta semana, tres años después de que el gobierno de Boric desestimara publicar la licitación que dejó lista la administración anterior, celebró con bombos y platillos la publicación del informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. En ese documento, la comisión vuelve a insistir en lo mismo: que “el marco vigente de reparación territorial es estructuralmente insostenible”.

Por lo mismo es que, por primera vez, se pensó en un nuevo sistema de restitución territorial, algo que no se ha hecho desde que se creó la Conadi en la década de los 90. El objetivo de este nuevo sistema apunta a delimitar el problema, ya que, según el informe, “mientras no existan límites a la creación de comunidades ni al aumento de familias por comunidad, la demanda de tierras podrá seguir creciendo indefinidamente, imposibilitando su resolución”.

La gran innovación de la comisión apunta a que ahora se creará una Agencia de Reparación que reemplazará a la Conadi y coordinará la restitución de tierras. El sistema de restitución propuesto también se reestructura por completo.

Por ejemplo, para que cada conflicto particular se resuelva, las comunidades tendrán distintas opciones donde poder elegir: entrega de terrenos, financiamiento para proyectos, dinero en lugar de hectáreas, entre otros. Algo que actualmente no está permitido, ya que los beneficios solo pueden hacerse a través de tierras.

El problema, según varios de los entendidos en el asunto, estuvo en la regla de clausura. Varios de los comisionados tenían el objetivo de pensar un sistema que cerrara de inmediato el sistema para postular a la compra de tierras, pero como resultado de una compleja negociación política, la comisión llegó a un punto que está generando escepticismo.

El informe establece que “en el cuarto año desde que entre en operación el nuevo sistema, el tribunal deberá evaluar por única vez el funcionamiento en su conjunto”. Con esa evaluación en mano, el “tribunal tendrá la facultad de disponer que la Agencia de Reparación, dentro de los próximos seis meses, adopte medidas en determinadas regiones, provincias o comunas, en relación con las cinco fuentes y a las otras formas de reparación, así como realizar recomendaciones a otros servicios del Estado, atendiendo para ello a la realidad de cada territorio”.

Para varios actores del mundo forestal y de la oposición, haber puesto esta ventana volverá a abrir el sistema otra vez, haciendo que las comunidades aleguen que sus demandas no han sido satisfechas.

Este es uno de los puntos que utilizó el comisionado Sebastián Naveillán para no dar la unanimidad y oponerse al informe. Según Naveillán, el hecho de que exista esta revisión al cuarto año “no cierra el proceso de compra de campos a futuro”. El exintegrante de la instancia ha dicho que “todos votaron a favor de que si no se llega a las hectáreas suficientes para cubrir la demanda se volverá a abrir el proceso para buscar lo que las comunidades solicitan”.

En el gobierno afirman que la ventana de revisión es de una sola vez, por lo tanto, no hay posibilidad de volver a caer en un loop infinito de revisiones, sino que es un solo momento que se pensó como la última oportunidad para resolver demandas de comunidades que no alcanzaron a inscribirse en los periodos correspondientes o que por alguna razón siguen alegando merma territorial. Lo mismo comentan respecto de la posibilidad de que con el nuevo sistema andando, entremedio haya privados que en un inicio no estaban dispuestos a vender libremente sus predios, pero que luego de ver las nuevas reglas cambiaron de opinión.

Otras voces de la comisión, como el exministro Moreno, son optimistas con las ideas propuestas. Moreno no esconde que el asunto de las tierras fue la “parte más compleja de toda la discusión” y que si bien él “tenía alternativas distintas” reconoce que el valor de lo logrado es que genera un amplio consenso. A juicio de Moreno, “la regla de clausura” que diseñó la comisión entrega garantías para ir cerrando el proceso y que a largo plazo se vaya poniendo fin a un mecanismo que, al menos en los 30 años que lleva de vigencia, no ha logrado satisfacer ni a las comunidades indígenas ni tampoco a los privados que habitan las zonas reclamadas.

Ahora la pelota está del lado del gobierno, desde donde calculan que si no hay cambios, terminar con la entrega de tierras demoraría entre 80 y 162 años en resolverse. Pese a que no se consiguió la unanimidad, a medida que el informe se ha dado a conocer han ido surgiendo voces de apoyo. “Ha envejecido bien”, comentan en La Moneda.

Sin embargo, el desafío para Boric es difícil. Al gobierno solo le restan 11 meses de gestión, en pleno año electoral y con minoría parlamentaria. La complejidad se eleva si se toma en cuenta que varios de los cambios propuestos requieren de una consulta indígena. Ese proceso no es menor. Las últimas experiencias han sido mezclas de fracasos o improvisaciones, como la que hizo Moreno o las que hizo la Convención Constitucional. Y en el caso de tener luz verde en la consulta, luego vendrá un áspero camino legislativo para hacer realidad todo el diseño que pensó la comisión.