Durante el último tiempo se han conocido una serie de casos en los que adultos mayores han sido reportados como desaparecidos. María Elcira Contreras (86) en Limache, Julia Chuñil (73) en Máfil, o la concejala de Villa Alegre María Ignacia González (73) son solo algunos ejemplos de personas de la tercera edad cuyo rastro es desconocido. Algunos de ellos hasta hoy.

Si bien las hipótesis en todos esos hechos son variadas y siguen en investigación, todos tienen en común que se trata de personas de la tercera edad y cuyas desapariciones forman parte de las presuntas desgracias registradas por el Ministerio Público.

En cifras de la Fiscalía Nacional, hasta el 14 de julio las personas víctimas de presuntas desgracias y que tienen desde 60 años durante 2025 son 1.011. Número que refleja que en los primeros siete meses del año en curso, 5,2 adultos mayores al día han sido reportados como desaparecidos.

El promedio es 3,8% más que en 2024, cuando se denunció que 1.838 mayores de 60 años desaparecieron, es decir, cinco al día. Pese a eso, es menor que las 5,5 víctimas diarias de 2023, año en el que hubo 2.014 desaparecidos.

El número de adultos mayores reportados como presuntas desgracias solo contempla los ingresos de las denuncias, y no cómo se ha resuelto cada uno de esos hechos.

Como sea, lo cierto es que este año el 69% de los adultos mayores cuyas desapariciones han sido reportadas como presuntas desgracias corresponde a hombres, mientras que el otro 31% son mujeres, este último porcentaje superior al 28% registrado el año pasado y al 27% de 2023.

La realidad regional

El Ministerio Público también lleva el registro de casos por fiscalías regionales.

El número de casos, según explican desde la Fiscalía Nacional, es diferente del número de víctimas, ya que una misma persona puede ser considera víctima en más de un caso de presunta desgracia.

En esa estadística, y sumadas todas las fiscalías de la Región Metropolitana, esta representa el mayor número de presuntas desgracias de adultos mayores en el país, con 654 casos en lo que va de 2025. En la capital, la Fiscalía Centro Norte es la que concentra más casos con 221, seguido de la Sur (189), Occidente (149) y Oriente (95).

A nivel regional, después de la RM, Valparaíso es la región que sigue con más casos, con 186. Más atrás está Biobío (138), La Araucanía (137), Coquimbo (72) y Los Lagos (61).

La exdirectora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, Ymay Ortiz, explica que en los hechos de presunta desgracia en general existen tres posibles escenarios. “El primero, que es en la gran mayoría, se encuentra a la persona. En otra cantidad de casos se confirma que ocurrió una desgracia, ya sea porque fue víctima de un delito o desgracia accidental. Y la tercera son aquellos que no se resuelven nunca, eso es lo más doloroso”.

Por lo mismo, Ortiz sostiene que “todas las presuntas desgracias deben ser revisadas con un protocolo” para las primeras diligencias, ya que si bien “la gran mayoría se resuelve, hay casos en los que no y por lo tanto todas las presuntas desgracias deberían ponerse en el peor de los casos”. Destaca que las primeras diligencias, en este tipo de casos, son fundamentales para esclarecer los hechos.

Claudia Asmad, directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), afirma que “si bien la seguridad recae en otras instituciones, creemos que el cuidado y los ambientes seguros para las personas mayores son una responsabilidad compartida entre familias, comunidades y la sociedad en su conjunto”.

“Desde Senama trabajamos para fortalecer redes de apoyo, prevenir el aislamiento social y entregar orientaciones técnicas que ayuden a evitar situaciones de riesgo que puedan afectar la integridad de las personas mayores”, afirma Asmad, quien destaca iniciativas de la institución como el acompañamiento comunitario, los centros diurnos, el envejecimiento activo y la inclusión digital.

Investigaciones complejas

El abogado Juan Carlos Manríquez representa a la familia de María Elcira Contreras. A su juicio, las investigaciones de adultos mayores desaparecidos “históricamente han estado teñidas de un sesgo negativo”, dado que se cree que la persona tiene sus facultades mentales perturbadas o bien que sufre de alguna enfermedad, lo que, afirma, afecta las primeras diligencias.

De hecho, destaca que en el caso de María Elcira -y por lo que se querellaron- las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron a la mujer de 86 años desaparecer se perdieron.

Por eso asevera que dicho sesgo inicial “no puede seguir pasando, porque Chile suscribió la Convención Internacional sobre los Derechos Fundamentales de las Personas de la Tercera Edad. Y eso obliga al Estado chileno a tener una mirada y una perspectiva especial”.

El abogado afirma que en estos casos se debe “entender que Chile tiene una obligación internacional de aplicar a estas personas los mejores criterios de investigación criminalística modernos, sin partir de la base de que están con un sujeto de salud mental perturbada, o que están enfermos o que siempre han sufrido un accidente”.

En esa línea, Karina Riquelme, abogada de la familia de Julia Chuñil, dice que “la gran dificultad en el caso de Julia es la falta de dirección especializada respecto de búsqueda en la Fiscalía. No hay un equipo que sepa dirigir qué hacer y cómo hacerlo”.

“Cada fiscal que ha pasado ha decidido cosas distintas, sin analizar claramente desde su posición como mujer adulta mayor mapuche. Tampoco hay especialistas respecto a dirigir y utilizar medios tecnológicos destinados a obtener respuestas eficaces. Debieran destinarse unidades especializadas para la búsqueda de personas. Por ahora solo depende de la suerte si es que el fiscal ha tenido algún tipo de especialización”, concluye.